El empresario Raúl Juan Pedro Moneta falleció hoy a los 74 años como producto de una larga enfermedad, informaron allegados a su familia. Fue un abogado, escribano, banquero y empresario que cobró notoriedad y poder durante el gobierno del expresidente Carlos Menen (1989-1999) y estuvo implicado en varias investigaciones judiciales: fue uno de los acusados de lavado de dinero y de asociación ilícita por la quiebra del Banco de Mendoza (la causa prescribió) y también formó parte de la causa de la imprenta Ciccone, en la que fue condenado el ex vicepresidente del kirchnerismo Amado Boudou.

Moneta fue un activo protagonista de los negocios en el país y durante la década del 90 participó de numerosos procesos de privatizaciones de empresas y entidades financieras, como –justamente– la de los bancos Mendoza y de Previsión Social, los que pasaron a manos de un conglomerado encabezado por el Banco República, en sociedad con el holding UNO, propiedad de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.

En los últimos tiempos, su nombre estuvo en los medios de comunicación debido a que formó parte de la causa judicial por la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, que llevó finalmente a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou. La ruta del dinero de la causa Ciccone tenía a este banquero como una de sus principales figuras, al estar señalado como el hombre que puso los fondos para la adquisición de la empresa dedicada a imprimir billetes. 

Una de las empresas de Moneta presentó en junio de 2014 un amparo para que se declarara inconstitucional el decreto 252/2013 que expropió la ex Ciccone y le reclamó $ 35 558 400 al Estado de una deuda que tenía la Compañía de Valores Sudamericana cuando fue estatizada.

Los comienzos de una megacausa

El gobernador justicialista Rodolfo Gabrielli (1991-1995) lanzó el proceso de privatización del Banco Mendoza, que iba a ser fusionado con el Banco de Previsión Social de Mendoza. Ese paquete fue adquirido por el Banco República, de Moneta, en 1996, durante la gestión de Arturo Lafalla (1995-1999). Esto lo hizo en sociedad con Magna Inversora, integrada, entre otros, por Daniel Vila, Héctor López (supermercados Metro), Ernesto Pérez Cuesta (Mendoza Plaza Shopping) y Jacques Matas (Industrias Matas).

Los periplos judiciales de Moneta por su desempeño al frente de los bancos República y Mendoza se iniciaron el 8 de abril de 1998, cuando una resolución del Banco Central ordenó el cierre simultáneo de las dos entidades financieras por serias irregularidades, según precisa diario Los Andes. Un juez investigó la supuesta administración ilegal del dinero en ambos bancos y acusó preventivamente por los delitos de subversión económica, asociación ilícita y violación a la Ley Penal Tributaria a Moneta y a otros nueve directivos del banco. La denuncia la encabezaron Elisa "Lilita" Carrió y Gustavo Gutiérrez.

Moneta se había quedado con el Banco Mendoza a través de su privatización, iniciada en diciembre de 1996, junto al Banco de Previsión Social. Por 30 millones de pesos, el banco quedó en manos del consorcio Banco República-Magna Inversora, cuyo principal accionista era Moneta. Sin embargo, un balance final determinó que el Estado le devolviera 15 millones. 

Una vez en manos de Moneta, el Banco Mendoza comenzó a tener problemas y luego soportó una corrida de depósitos, hasta que fue suspendido. En ese momento se inició la investigación del entonces juez Luis Leiva, que se basó en supuestos préstamos a empresas vinculadas con el grupo Magna, al que pertenecían Moneta y otros empresarios mendocinos. 

A principios de la década de 2000, Moneta tenía una fuerte exposición pública. El semanario que se le atribuía, El Guardián, cerró sus puertas luego de una cruzada mediática contra sus denunciantes, los políticos del PD Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter y la familia Saguier, con el objeto de quedarse con el diario La Nación. La legisladora Elisa Carrió fue la única que sobrevivió a los embates de El Guardián, que incluso pegó afiches con escraches por toda Mendoza. 

El Banco Mendoza: el muerto en el placard

La causa del exbanco mendocino prescribió. La Justicia ratificó el cierre definitivo de la investigación por presunta defraudación en perjuicio de las arcas públicas. La denuncia la hicieron en los 90 Carrió y Gustavo Gutiérrez.