La empresaria marplatense Elizabeth Ortiz Municoy, que fue detenida en esa ciudad el domingo pasado por orden del juez Claudio Bonadío en el marco de la causa de los llamados “cuadernos de la corrupción", firmó un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para convertirse en imputada colaboradora.

Ortiz Municoy fue acusada de ser socia de Carolina Pochetti, la viuda del exsecretario privado de la familia Kirchner, Daniel Muñoz, como parte de la maniobra de cobro de dinero proveniente de la obra pública que surgiera a partir de la declaración del exchofer Oscar Centeno.

El mismo domingo fue detenido su expareja, el empresario marplatense Sergio Todisco, y hoy fue apresado Carlos Temístocles Cortez cuando llegaba a Ezeiza proveniente de Miami.

Ortiz Municoy está relacionada con la firma inmobiliaria Ortiz Lizmar, de gran presencia en el mercado de bienes raíces de Mar del Plata, mientras que Todisco es parte de la familia propietaria de la firma textil Textilana.

En el marco de la causa conocida como los “cuadernos de la corrupción”, el ex secretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, señalaron a Muñoz como quien recibía los bolsos con dinero supuestamente destinado a los Kirchner.

Stornelli pidió el pasado viernes la detención de Pochetti a la par que solicitó congelar sus cuentas y bienes en el exterior por 70 millones de dólares, luego de que el día anterior la Cámara Federal anulara un fallo del juez de primera instancia Luis Rodríguez.

Rodríguez desestimó las medidas solicitadas por Stornelli y otorgó la eximición de prisión a Pochetti, a quien obligó a depositar una caución de 10 millones de pesos.

El jueves pasado, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, hizo lugar a una queja del fiscal y habilitó las medidas que habían sido solicitadas.

Tras el fallo, Stornelli insistió con la detención de Pochetti y de las demás personas señaladas.

Según la acusación fiscal, los involucrados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, para canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, y /o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada.

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El fiscal tuvo en cuenta documentación enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que da cuenta de que se invirtieron esos fondos en la adquisición de 16 inmuebles en Nueva York y Miami.

Luego, a partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017 los inmuebles fueron vendidos, por lo que se obtuvieron unos 73,4 millones de dólares.

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El dinero, según la documentación, fue reintroducido en el sistema bancario y luego transferido a entidades financieras en México y China.