El Ejecutivo provincial lleva adelante un proyecto para la modificación del Código de Contravención de Mendoza, que rige desde 1965. En este, se prevé multar a los padres o tutores que no cumplan con la vacunación de los niños.

Se trata de la modificación del Código de faltas que actualmente se debate en la Legislatura y busca aprobar nuevas contravenciones, como es el caso de los “trapitos”, las personas que ensucian la vía pública y, ahora, de quienes no respeten el calendario de vacunación del niño, al igual que los individuos que no los envíen a la escuela de manera injustificada o incluso a quienes permitan realizar “previas”, donde los menores consumen alcohol, entre otras cláusulas.

Específicamente, el artículo 119 del Código estipula: “Los padres, tutores o curadores que omitan, o bien vulneren el derecho del niño de cumplir con el plan de vacunación, son pasibles de sanción”. Así lo explico a Unidiversidad Diego Costarelli, presidente del bloque de senadores de la UCR.

Las multas por no vacunar a los niños van de 200 a 800 UF, es decir, entre 1800 y 7200 pesos, cinco días de arresto u horas de servicio a la comunidad. Según detalló Costarelli, si la persona que realizó la contravención demuestra ante el juez que no puede pagar la sanción, puede realizar trabajo comunitario. Estas sanciones aplican también a otros artículos del proyecto; dependiendo del artículo al que corresponda la falta, pueden ser días de arresto, trabajo comunitario, decomiso o clausura.  

“No es el espíritu de esta ley el arresto de la persona, es  una falta que no llega a ser delito, pero que sí afecta a la convivencia sana y vulnera derechos. Por eso, buscamos mayor involucramiento de los padres en cuanto al cuidado de sus hijos e hijas, que se hagan aún más responsables”, aseguró el presidente del bloque oficialista a este sitio.

Los padres o responsables de los niños y niñas que no sean vacunados y vacunadas no son los únicos que se verán afectados si estas modificaciones son implementadas: también serán sancionados los efectores públicos y privados (hospitales, escuelas, entre otros) por omisión de la información, ya que ellos son los principales agentes que deberían comunicar o denunciar si se vulneran los derechos del menor. En estos casos, la sanción que impondría el código de faltas se duplicaría respecto de la de los padres o tutores.

El proyecto se da en un contexto de alarma social, luego de que se dieron a conocer en Buenos Aires dos casos de bebés afectados por sarampión (finalmente se afirmó que no hay riesgo en la Argentina de contagio) y de insistencia por parte de campañas nacionales con la vacunación para prevenir el contagio de alguna enfermedad.

Los grupos antivacunas 

El proyecto, así planteado, podría generar un fuerte rechazo en el seno de los movimientos antivacunas, aunque en Argentina, y precisamente en Mendoza, no son mayoría, ya que el 94 % de los niños están vacunados. Sin embargo, aún hay niños sin vacunar. Si el Código se aprueba, las personas que estén en contra de la vacunación, ya sea por tendencias de otros países o creencias religiosas y/o  ideológicas, deberán cumplir con las normas de convivencia establecidas desde el Congreso.

Desde el ámbito religioso, estos grupos no utilizan vacunas debido a que esta “práctica” se observa como un método de violencia y de no respeto a la vida tal como se presenta y que sería voluntad de una fuerza superior que determinada enfermedad avance sin freno o manipulación humana. 

Otros aspectos a tener en cuenta son las distintas ideologías. Hay quienes no creen en la inmunización y comienzan a plantear diversas ideas sobre “lo natural” y “lo químico” de la vacuna; incluso existen teorías contra el Estado y la industria farmacéutica.

El proyecto está siendo tratado en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías. Por el momento, se están tratando aportes que han realizado desde la oposición. Costarelli informó que el miércoles 1.º de agosto se reunirán en sesión de comisiones para avanzar con la firma del despacho y que siga camino dentro de la Legislatura.