Muerte digna: entre lo que permite la ley y la clandestinidad
"Uno puede dejar su manifiesto de querer morir, pero quien practica la función no puede acelerar su proceso", dijo en #ChatPolítico Marcos González Landa, abogado y especialista en Derecho a la Salud. El especialista también se preguntó cómo podemos legislar sobre IVE pero no sobre quién "ya no se siente con la dignidad para vivir".
En los últimos tiempos, el avance de diferentes proyectos de ley reavivó el debate sobre la aplicación en el país del derecho a morir dignamente, es decir, la posibilidad de que un paciente que padece una enfermedad incurable e irreversible pueda solicitarle a un médico la interrupción de su vida. Actualmente en el Congreso hay seis iniciativas que buscan dar un marco normativo a la eutanasia y legalizar su práctica. Cuatro se encuentran en la Cámara de Diputados y dos, en el Senado.
Tres de ellas son conocidas con los nombres de “Interrupción voluntaria de la vida”, “Ley Alfonso” y “Ley de la buena muerte”. Hubo una solicitud de diputadas de diferentes partidos para comenzar a tratar en la Comisión de Salud de la Cámara baja los proyectos impulsados por la Unión Cívica Radical (Buena muerte) y el Frente de Todos (Ley Alfonso). Prevén la alternativa de aplicar la “muerte asistida” que, a diferencia del procedimiento en el que el médico suministra la droga eutanásica al paciente, se limita a proveérsela para que este último se la administre por su propia cuenta.
En ese marco, #ChatPolítico entrevistó a Marcos González Landa, abogado y especialista en Derecho a la Salud, quien profundizó el tema de la muerte digna y cuestionó algunas legislaciones.
“Argentina ya tiene legislado lo que se denomina ´directivas anticipadas`, que puede poner en función cualquier ciudadano a través de su consentimiento por escrito, que indican cómo tratar su situación critica ante un accidente que lo deje dependiente de asistencia”, expresó.
De acuerdo con el especialista, la legislación actual en la Argentina permite la eutanasia pasiva, que es la posibilidad que tiene un paciente de rechazar tratamientos médicos de los que depende su vida. Sin embargo, no es legal que un médico preste asistencia para que una persona muera.
“Nuestro país venía muy bien con la redacción de los códigos que incluyen la ley y así legislar sobre la eutanasia. Sin embargo, por presiones de la Iglesia y de otros fueros, como lo detalló la doctora (Aída) Kemelmajer, algunos de estos puntos se prohibieron, lo que dio pie a lo que vivimos aún hoy con esta situación . Uno puede dejar su manifiesto de querer morir, pero quien practica la función no puede acelerar su proceso. El ciudadano no puede manifestarse en su aceleración. Esto, claramente, lleva a la clandestinidad. Con estas trabas le quitamos la posibilidad al paciente de hacerlo en un ambiente de tranquilidad, adecuado y con la posibilidad de despedirse e de sus seres queridos”, detalló.
Y continuó: “Ahora bien, yo me pregunto y te lo pregunto a vos y a toda la gente que nos mira, cómo es posible que los ciudadanos hayamos podido legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que me parece una ley que está bien, pero no podemos legislar sobre alguien que es autónomo, que involucra su propia vida y que ya no se siente con la dignidad para vivir. Eso es lo más intrínseco que tenemos como seres de vida y hoy lo tiene que hacer desde la clandestinidad y hacer participe a todo su entorno de un delito”, resaltó.
Fuente: Señal U
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