Finalmente el El Gobierno accedió al reclamo de los presos amotinados en el penal Almafuerte y de esta manera se puso fin al motín que durante más de 22 horas mantuvo en vilo a la opinión púbica local y nacional.  Una de las condiciones impuestas por los amotinados fue que ocho de los revoltosos alojados en ese penal de máxima seguridad sean trasladados al complejo penitenciario San Felipe, un sitio de reclusión de menor seguridad, lo que deja muchos nterrogantes, ya que desde allí, uno de los cabecillas de la revuelta, Fabián Cedrón, ya ha escapado en cuatro oportunidades.  

El encargado de dar la noticia fue el  senador Sergio Bruni, titular de la Bicameral de Seguridad, quien aseguró que se trató de "una salida pacífica, sin heridos". 

Port otra parte, el director del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento aclaró que  "Nosotros no pusimos condiciones, sólo cumplimos con las exigencias que ellos nos pusieron. Sí, obviamente, les pedimos que entregaran a los rehenes". 

Según el funcionario, el pedido de ser trasladados a una prisión de menor seguridad obedece a que   "Los internos quieren reencausar su vida  y su destino, y han visto que no lo pueden hacer acá, que están un poco estancados. Ahora tienen una nueva oportunidad para arrancar de cero".

UN RELATO DE LOS HECHOS

erca de las 17 del domingo, un grupo de presos liderados por Fabián Cedrón, asesino del cabo de la banda de policía, y Pitu Barrientos, condenado por el crimen de Claudia Oroná, iniciaron una revuelta que derivó en un motín con seis guardias como rehenes.

Durante horas de la tarde de ayer, las personas que se encuentran en Almafuerte, presentaron a las autoridades de la penitenciaría y de la provincia un petitorio con una serie de exigencias para deponer su actitud. Por aquella instancia se solicitaba una cámara de TV, la presencia de periodistas, la presencia de referentes de organismos de Derechos Humanos y celulares. Una vez resultas estas primeras exigencias, continuó el motín sin precisiones respecto a demás peticiones ni negociaciones.

En las inmediaciones estuvieron presentes el diputado Ricardo Puga, la directora de DD.HH. de la provincia, María José Ubaldini, el subsecretario de Justicia, Carlos Quiroga Nanclares, el fiscal especial Daniel Carniello y el director del penal, Carlos Vilches y la jueza de Ejecución penal María Inés Vargas Romero.

Cerca de las 7:30 del lunes se reiniciaron los diálogos con los presidiarios. El director de Servicio Penitenciario de Mendoza, Sergio  Sarmiento, indicó, que "la mayoría de los pedidos tienen que ver con la órbita judicial, que incumben al Juzgado de Ejecución Penal. Algunos temas (del petitorio) son muy de fondo y complejos, y  otros más atendibles y solucionables", añadió en declaraciones  a los medios.

El motín se originó en el pabellón número 5, donde están alojados unos 50 reos aunque se estima que son 38 personas las que participan del motín. El penal consta de unos 790 presidiarios.

Una de las informaciones, que desde los medios, se manejaba era que habría heridos y un muerto producto del motín. Sarmiento señaló que no hay indicios acerca de la veracidad de dicha muerte ni respecto a la tenencia de armas de fuego por parte de los presos. Sin embargo los familiares de las personas privadas de su libertad siguen sosteniendo que efectivamente ha ocurrido una muerte.

La ausencia del gobernador Celso Jaque, que se encuentra en una importante misión comercial en China, ocasionó que el díscolo vicegobernador debiera informarse de la situación. Pero lo tuvo que hacer por sí solo: se enteró “tarde, mal y nunca”, puede decirse, de los hechos. Y también corrió hasta Almafuerte para “liderar” el operativo y preguntar “qué están haciendo”, según se lo confesó a un medio digital de la provincia.

El comité de crisis creado fue “de entrecasa” e incluyó al ministro del área, Félix González (que decidió no hablar “hasta que termine el incidente”), al de Seguridad (que fue quien habló con la prensa) Carlos Aranda y al jefe de Gabinete de este último ministerio y uno de los rectores de la campaña política del oficialismo, Eduardo Bauzá.

Por razones de “costo” el pabellón de máxima seguridad de la más moderna cárcel de Mendoza no consta con las medidas de seguridad correspondientes a una prisión del estilo. No hay apertura electrónica de puertas y existen puntos negros en los que las cámaras no registran qué pasa. No hay grabación del momento en que se inició el motín.