En la acalorada mañana de este lunes 28 de diciembre se reunieron en la Sala de Acuerdos del cuarto piso de Tribunales Provinciales el gobernador Alfredo Cornejo; la vicegobernadora Laura Montero; el diputado radical Luis Petri; el ministro de Seguridad Gianni Venier; el referente de Gobierno Dalmiro Garay y los miembros de la Suprema Corte Mario Adaro, Pedro Llorente y Hernán Salvini. La reunión tenía por objetivo aclarar y debatir los puntos del fallo que la Suprema Corte emitió el miércoles 23 de diciembre que pretende poner límites a la orden de apresar a los imputados mientras son investigados y establece que se cumplan los plazos que prevé la ley. Paradójicamente, los grandes ausentes de la reunión fueron los jueces que firmaron la resolución: Jorge Nanclares, Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez.

Después de dos horas de reunión, la Vicegobernadora fue la encargada de explicar a la prensa lo sucedido en el encuentro. “Hemos pedido que se revea el fallo. La verdad es que nos deja muchas dudas, puesto que la situación de las cárceles no es una novedad y no se ha dado ninguna instancia de consulta”, remarcó.

En este sentido, Montero agregó: “Son muy dudosos los plazos y es imprudente en cuanto a las finanzas del Estado, que no pueden pasar desapercibidas. Buscamos este diálogo en beneficio de todos los ciudadanos de Mendoza. Hemos venido para evitar conflicto de poderes y tenemos la responsabilidad de cuidar el bien común". La funcionaria explicó que con la reunión, buscan tener una relación con la Suprema Corte pero que “este fallo es de imposible cumplimiento”.

Además, la Vicegobernadora explicó que estaba agradecida por la presencia de las partes que no firmaron, pero lamentó que quienes rubricaron el fallo no hayan estado para hacerse cargo de la situación. Al mismo tiempo, indicó que todos los miembros se comprometieron a realizar un plenario para este martes 29 –aunque luego se informó que el pleno se reunirá el miércoles 30– porque, según expresó, “queremos dar garantías a todos, tanto a los presos como a los ciudadanos”.

La funcionaria justificó la postura del Gobierno provincial al asegurar que el fallo “elimina todas las alternativas para que no se llegue a la prisión preventiva y deja débiles a las fuerzas de seguridad”. En este sentido explicó que la medida “deja al borde del colapso a todo el sistema judicial”.

Montero explicó que pretenden resolver el conflicto localmente, sin la necesidad de llegar a una instancia nacional. “Queremos que se tengan en cuenta las responsabilidades que se tienen que tener, si no el fallo deja vacíos los mecanismos procesales preventivos al bajar todos los requerimientos”, señaló.
 

La respuesta del radicalismo 

Por su parte, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, aseguró que la reunión no buscó impugnar el proceso judicial, sino “mostrar la preocupación por la falta de apertura y queremos llamar la atención sobre una solución a las necesidades que no se cambia con acordadas, sino teniendo en cuenta que todos somos parte de este proceso”.

En tanto, el ministro de Seguridad, Gianni Vennier, explicó que el encuentro se dio en excelentes términos pero se mostró crítico con la medida al asegurar que el fallo “trae la prisión domiciliaria para todos, con suerte, si no libertad total para los que están”. En este sentido, no precisó datos sobre la cantidad total de internos que se encuentran sin condena dentro de los penales provinciales.

El senador nacional Julio Cobos también se sumó a las críticas al fallo y emitió un comunicado donde afirma que “mientras la sociedad implora por seguridad y sanción para los delincuentes, el Tribunal Superior de nuestra Provincia pretende solucionar el hacinamiento de nuestras cárceles recurriendo lisa y llanamente a la permanencia en libertad de los acusados de cometer delitos hasta que no exista una sentencia firme que así lo declare”. La opinión suma: "La ley debe ser interpretada con sentido común, y este no es otra cosa que el reflejo de las necesidades de nuestra sociedad. Este fallo de la Corte Suprema se aleja de los intereses de nuestros ciudadanos inocentes, no cumpliendo así con su deber de administradores, custodios y garantes de las necesidades esenciales de su seguridad”.
 

La posición de Xumek

El abogado Lucas Lecour, especialista en Derechos Humanos y uno de los que presentó el Habeas Corpus que solicita la normalización de las personas detenidas sin sentencia, brindó una entrevista a Radio Universidad para dejar en claro su opinión.

El letrado indicó que el fallo es importante porque “no se estaba cumpliendo la ley". Sin embargo, resaltó que ni la resolución de la Corte ni el Habeas Corpus ordena la libertad de nadie. "No se va a liberar a 800 personas o 1400 como dice (el ministro de Seguridad) Vennier. Lo que dice es que el fiscal tiene que normalizar la situación de los detenidos en un plazo de 10 a 60 días. Si Vennier entiende que esta normalización llevará a que 1400 personas obtengan la libertad, quiere decir que hay 1400 personas detenidas sin fundamentos y no creo que sea así. Algunas recuperarán la libertad, pero no será más del 10 %", resaltó. 

En este sentido, Lecour defendió el fallo y aseguró que se busca generar conflicto para situaciones futuras.“Acá hay una mala intención de desinformar y generar un conflicto con el Poder Judicial y, de alguna manera, poder responsabilizar a un enemigo cuando ocurra un hecho grave. Están buscando un culpable anticipadamente. No hacen falta más policías para hacer cumplir el código”, sentenció.
 

Leé el fallo completo: