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La vicegobernadora afirmó que la ciudadanía quiere acotar el poder de los dirigentes. Pidió, además, adecuar la Carta Magna a la realidad actual.
La vicegobernadora Laura Montero expuso los avances de las charlas durante 2016. Foto: Prensa Legislatura.
Juan Stagnoli
Publicado el 03 DE NOVIEMBRE DE 2016
“Desde febrero la Legislatura promueve foros de debate en el marco del centenario de la Constitución”. Con esta frase la vicegobernadora Laura Montero sintetizó la última charla del año relacionada con la reforma de la Carta Magna que se realizó el jueves 3. En el encuentro, la funcionaria se metió de lleno en el debate sobre el límite a la reelección a los intendentes, cuyo caso más concreto es la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Guaymallén. Según dijo, la ciudadanía quiere acotar la reelección de los dirigentes y es necesario “constitucionalizar” el debate.
Montero explicó que si bien las municipalidades tienen potestad para modificar las ordenanzas que indican cómo son las elecciones de sus autoridades, se podría avanzar en la promulgación del artículo 198, que habla justamente sobre la reelección de los intendentes. Dijo que en su momento existió voluntad política y popular para hacerlo, pero esto no se vio reflejado en la decisión del Ejecutivo. En 2009, el Ejecutivo logró modificar el artículo pero luego no se promulgó porque el entonces gobernador Celso Jaque consideró que la norma no tenía validez dado que no estaba avalada por la mitad más uno del padrón.
La vicegobernadora no precisó si promulgar el artículo de la Ley relacionado con el poder de los jefes comunales está en los planes del gobernador Cornejo. También dijo que, en el caso de la reelección del primer mandatario, no hay consenso en el sector político porque la idea original era limitar el nepotismo de los dirigentes y en la actualidad la población tiene otros problemas.
En este sentido, para la responsable de la Legislatura es necesario agregar en la Constitución mecanismos de participación ciudadana y trabajar en puntos concretos como la autonomía municipal, el régimen de coparticipación provincial y municipal, el desarrollo de la Carta Orgánica municipal, la creación del Defensor del Pueblo y redefinir los roles de la Fiscalía de Estado. De cualquier manera, los debates sobre la reforma de la Carta Magna continuarán y para mayo de 2017 pretenden tener un proyecto terminado.
El balance
Con gran parte de los especialistas que participaron durante 2016, Montero reveló el balance de las reuniones que se propusieron desde la Legislatura y rescató los aportes que recibió de la población para impulsar una reforma integral de la Carta Magna. Aseguró que la Constitución tiene que plantear los desafíos a futuro y que es necesario que la población no le tenga miedo a la reforma.
En total hubo 22 encuentros a lo largo del año. En las jornadas participaron referentes del ámbito educativo, jurídico y particulares. Los aportes de los especialistas se ordenaron en un documento con 70 propuestas relacionadas con la modificación parcial de la Carta Magna local. Según Montero, el 97 % de la población quiere hacer algún cambio en la Constitución y el resto se opone a cualquier intento de reforma.
Especialistas dieron su opinión sobre las charlas reformistas. Foto: Prensa Legislatura.
Entre las prioridades establecidas por los ciudadanos se encuentra ambiente y régimen electoral. Le siguen autonomía municipal, creación del Defensor del Pueblo, ampliación de derechos y garantías, defensa al consumidor, derechos a las minorías, poderes de Estado y empoderamiento ciudadano. "Tenemos un material para empezar a trabajar seriamente y fortalecer el debate", confió Montero, al tiempo que especificó que cruzarán la información con los pedidos impulsados por los legisladores en las diferentes gestiones.
Los aportes
De los 70 aportes ciudadanos para modificar algún aspecto de la Constitución, la gran mayoría se centró en pedidos relacionados con declaraciones, derechos y garantías. Hubo 31 contribuciones en las que la ciudadanía pidió que se avance en la inclusión social y el progreso económico, el desarrollo de derechos sexuales y reproductivos y la implementación de políticas relacionadas con el acceso a la vivienda digna.
El resto se dividió en cambios en el Poder Legislativo (11 aportes); régimen electoral y órganos extrapoder centrados en la creación del Defensor del Pueblo y los entes de control de servicios públicos (seis colaboraciones en cada ítem); Poder Ejecutivo (cinco ideas); Poder Judicial (cuatro sugerencias); cambios en la Dirección General de Irrigación (una iniciativa); régimen municipal (dos aportes); educación y reforma de la Constitución (un aporte cada una).
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