Como estaba anunciado, la vicegobernadora Laura Montero, junto al expresidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, presentó un proyecto de ley de Ética Pública. Se dio como una decantación del escándalo de la semana pasada, cuando la funcionaria fue una de las principales apuntadas por la opinión pública debido a que en su declaración jurada, presentada ante la Fiscalía de Estado, aparece un inmueble valuado en 70 centavos.

Ante esta situación, lo primero que hizo Montero fue aclarar que la reunión de este lunes 9 estaba prevista desde hace mucho tiempo. “Lo habíamos previsto dentro del marco de Legislatura Abierta y de Gobierno Abierto, tal cual había presentado el gobernador el 1.° de mayo, porque justamente es hacia eso a lo que vamos”, afirmó.

También dijo que la presentación es sobre dos leyes: la primera se trata del acceso a la información pública, que fue presentada por la senadora del bloque Cambia Mendoza, Daniela García; la segunda es la que inició Montero, de ética pública. La vicegobernadora explicó que son necesarias porque constituyen herramientas básicas y son estándares internacionales.

Lo cierto es que hay más de 10 proyectos cajoneados en la Casa de las Leyes y la vicegobernadora pretende tener esas iniciativas en cuenta bajo la propuesta que ella presentó, pero dijo que sin duda tiene que debatirse y discutirse.

Con respecto a los problemas que hubo la semana pasada sobre las declaraciones juradas (DD.JJ.) del gobierno de turno, Montero aseguró que son malas interpretaciones producidas, principalmente, porque las DD.JJ. están actualmente regidas por una “mala norma”, que es el decreto 1789 que firmó el exgobernador Francisco Pérez en octubre de 2015.

En el caso particular de la funcionaria, dijo que los bienes se declaran con el valor de origen y que la vivienda que sale valuada en 70 centavos en las DD.JJ. costó, cuando la compró, 7 mil australes. “Eso expresado en pesos son 70 centavos”, explicó.

“Yo creo que hay que hacer una ley”, dijo la vice, y agregó que “Mendoza no tiene una ley de ética pública bajo los estándares internacionales y nacionales que existen, no hay claridad en cuanto a las presentaciones de declaraciones juradas, hay que fijar criterios objetivos y esto es lo que yo quiero aportar. El kirchnerismo se encargó de bloquear esa ley de ética pública”. También calificó de anárquica la situación que se vive a nivel provincial y nacional en esta materia e insistió varias veces en el cambio de legislación porque “lo que está es malo y nos ha perjudicado a todos”.
 

Los esbozos de un proyecto de ley

Sin embargo, lo cierto es que las líneas de la ley que pretende impulsar Montero no están, por el momento, del todo claras. Establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas dentro de la función pública y apela al comportamiento ético de todos los funcionarios. Se entiende por esto, según la Constitución Nacional, a valores como honestidad, probidad, justicia, rectitud, buena fe, eficacia, responsabilidad, transparencia y austeridad republicana.

Especifica, también, que una de las formas posibles de presentar las valuaciones de bienes en las DD.JJ. es determinando el valor en pesos de ingreso al patrimonio, el avalúo fiscal y el valor de mercado. Propone como autoridad de aplicación de esta ley una Comisión Provincial de Ética Pública conformada por representantes de los tres poderes estatales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y la Fiscalía de Estado. También se prevé sancionar a quien no cumpla con dicha transparencia y ética pretendidas.
 

Despouy y su consejo a los funcionarios

Leandro Despouy, radical y expresidente de la AGN, acompañó a la vicegobernadora Montero en la presentación de la ley de ética pública y aconsejó a los funcionarios presentar DD.JJ. adecuadas. Foto: Axel Lloret.

El expresidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, declaró que vino a apoyar todas las iniciativas que están vinculadas a la transparencia tanto en el ámbito de acceso a la información pública y a la ética pública. Aseguró que estos aspectos son deficientes tanto en la provincia de Mendoza como en todo el país y que, para solucionarlo, considera que “el principio universal es que hay que presentar la declaración jurada”.

En este sentido, aconsejó que todos los funcionarios se sirvan de esta norma constitucional porque en caso de no cumplir con ella puede haber complicaciones jurídicas, litigiosidad y desconfianza de la ciudadanía. Es por eso que aseguró que es una herramienta tanto para el ciudadano como para el funcionario.