El caso del camarista federal llegó finalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue a partir de la larga lucha dada por organismos de derechos humanos, entre los que se destaca la participación de la Comisión Estudiantil por los Derechos Humanos y la Ética (CEDHE), conformada por alumnos de esta universidad.

El juez está acusado de haber presentado una “actitud colaboracionista con delitos de lesa humanidad” cometidos entre 1975 y durante la dictadura, época en que se desempeñaba como juez de primera instancia en la provincia. Los cargos en contra le costaron la suspensión en setiembre pasado y habilitaron el juicio político que muchos sobrevivientes al terrorismo de Estado venían reclamando. A modo de estrategia, con la intención de evitar el jury, Miret presentó tiempo después de su suspensión la renuncia al cargo. Su recurso no obtuvo éxito, ya que no fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

El dictamen acusatorio en su contra presenta declaraciones de personas que estuvieron secuestradas en el D2, el mayor centro de detención de la provincia, y que aseguran haber visto al camarista en las salas de torturas. Según los relatos de estas víctimas, Miret aplicaba la denominada “ley antisubersiva” contra ellos al basarse en sus declaraciones surgidas bajo situaciones de vejámenes y tormentos a los que eran sometidos.  En esos años, y desde la llegada de la democracia también, el camarista ignoró sistemáticamente las continuas denuncias que recibía contra las fuerzas represivas de parte de  los propios torturados y de sus familiares.

Uno de los casos que lo involucra, y que mayor repulsión ha ganado a nivel social,  es el de Luz Faingold, quien fuera detenida con tan sólo 13 años EN 1975. En esa época el magistrado desestimó la denuncia que la chica y su madre hicieron sobre las violaciones colectivas que la joven sufrió por parte de los represores y consintió que cumpliera su arresto en una cárcel para adultos.

La corporación judicial permitió que durante décadas el caso del camarista, y de otros tantos jueces sospechados en las mismas causas, permanezca impune. Sin embargo, el proceso de memoria y justicia que atraviesa actualmente el país refuerza la posibilidad de que en pocos días Luis Miret se convierta en el primer juez en ser destituido por su colaboracionismo dictatorial.

Según  fuentes judiciales, el proceso que se inicia hoy contra el reprobado camarista contará en la primera jornada con la declaración del imputado y las exposiciones de la acusación y la defensa.

A partir de mañana empezarán a sucederse los testigos, entre los que se encuentran los propios sobrevivientes y denunciantes como: Luz Faingold, Silvia Ontivero, Fernando Rule y René Tomini, entre otros.

El cronograma judicial prevé que las audiencias continúen hasta el lunes 21 de febrero, fecha en que comenzaría la etapa de alegatos. Tras esta instancia, el tribunal fijará fecha para anunciar el veredicto, que se basará en la confirmación o destitución del camarista en el cargo.

En este punto la querella confía en que el magistrado sea destituído. Sobre todo una vez conocida la decisión de uno de los testigos aportados precisamente por Miret para contrarrestar las acusaciones que afronta. En concreto se trata del ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien incrimina más aún al imputado en la declaración que presentó por escrito en la que aduce que el camarista no investigó como correspondía un secuestro del que fue víctima algunos años atrás.

El tribunal está presidido por el juez Carlos Bossi, secundado por su colega Alejandro Tazza; los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano; los diputados Jorge Landau y Daniel Katz, y la abogada Verónica Pedrotti. En tanto, los acusadores son el abogado Alejandro Fargosi, el diputado kirchnerista Carlos Moreno y el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales.