La ministra de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco se pronunció por una reforma de la ley de drogas por parte del Congreso en torno a la persecución de los consumidores, “para no tener que estar haciendo siempre interpretaciones, que pueden ser contradictorias”. Estimó que “sería mejor, porque justamente no hay que perseguir a quien es un enfermo. Hay que ayudarlo, no meterlo en la cárcel o la comisaría”.

“Es la política que hay que hacer: perseguir a los traficantes, no a los consumidores, a chicos que quizás están en la calle consumiendo un gramo de marihuana en lugar de buscar a quien se la vende”, puntualizó.

Y en cuanto a la despenalización del aborto, aclaró que nunca se manifestó partidaria de ello, considerando que “el Congreso es soberano e interpreta si el pueblo quiere o no quiere una determinada ley”.

Para la vicepresidenta del Tribunal Superior, “lo ideal sería que la Corte estuviera completa, porque si no podemos quedar empatados dos a dos, y si bien se puede llamar a un conjuez para desempatar, el problema es que, al ser alguien ajeno a la constitución del tribunal, que cambie incluso según el caso, puede generar incertidumbre a la jurisprudencia”.

En relación con el reemplazante de Raúl Zaffaroni, sugirió que sea una mujer, “para mantener un equilibrio de género”, pues hoy ella es la única representante del sexo femenino en el tribunal.

Consultada por Página 12 sobre el número que piensa que debería tener el Tribunal, dijo que “es importante que haya número impar”, pero declinó pronunciarse por el número definitivo que debería tener.

Adelantó que dejará el cargo antes de cumplir los 75 años, o al hacerlo. Hoy tiene 71 y su idea es “cumplir con la Constitución”.

Highton de Nolasco se mostró de acuerdo, en líneas generales, con la reforma procesal penal propuesta por el Ejecutivo al considera importante “un proceso acusatorio”, porque “hay mejor defensa en juicio con la investigación fiscal y no involucrando al juez en las decisiones. Habiendo acusación y defensa es más claro en ese procedimiento que la persona puede tener derecho a un juicio justo”.

Con respecto a la crítica de la oposición respecto al poder “desmedido” otorgado a la procuradora, la jueza de la Corte dijo que “el sistema acusatorio es así y la Procuración puede poner sus políticas de Estado. Decir qué se persigue más o menos”.

Rechazó por otra parte que el factor “conmoción social” pudiera definir la prisión preventiva de un detenido, porque “no corresponde”. Para Highton, “hay que ver si hay propensión a la fuga y a entorpecer la investigación. También podría ser la amenaza de pena, porque aumenta el riesgo de fuga. Pero no es que por la repercusión social que surge o porque los medios lo saquen mucho o porque toda la gente hable de un medio se define la preventiva”.

“No creo que sea un elemento a tener en cuenta”, remarcó, por cuanto sería “darles un poder excesivo a los medios. Va contra la presunción de inocencia”.

Asimismo expresó sus dudas respecto a la expulsión de extranjeros que establecería el nuevo Código. “Tengo que estudiarlo mejor”, señaló, y aclaró que no contaba con una estadística que dijera que los extranjeros cometan más delitos y peores.