Minería y petróleo: esa política dual

Ese petróleo es mío

El Gobierno nacional quiere cambios en la Ley Nacional de Hidrocarburos que implican un recorte de facultades a las provincias sobre el petróleo. Debido a eso, los gobernadores de las provincias petroleras, con el neuquino Jorge Sapag a la cabeza, están preocupados por lo que podría ocurrir con este nuevo proyecto. El fundamento central de la Casa Rosada para presentar modificaciones a la legislación vigente es alentar inversiones que terminen con la actual crisis energética.

La iniciativa de Cristina Fernández propone un tope al cobro de regalías, es decir, el porcentaje que corresponde a las provincias por ser dueñas de sus recursos. El proyecto oficial contempla también una revisión de los contratos vigentes, los plazos de concesión –que buscarían extenderse para los proyectos no convencionales–, los presupuestos mínimos de seguridad ambiental y el precio del barril del petróleo. Además, una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, que recaudan las provincias (los lleva del 6 al 3 por ciento).

El borrador ya fue entregado a los gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) y Sapag fue el primero en oponerse. El gobernador Pérez parecía tener al principio una actitud de aval al texto oficial, pero ayer se manifestó en conjunto con el resto de los mandatarios. “Trabajamos con el gobernador de Neuquén, de Río Negro, de Jujuy y de Chubut, básicamente, en un proyecto alternativo al proyecto de la nueva ley de hidrocarburos que presentó el ingeniero Galuccio”, aseguró ayer Pérez en relación con la iniciativa que dio a conocer el CEO de YPF.

“Como ellos tienen áreas concesionadas y no tienen dinero para invertir, llaman a un socio estratégico que ponga el financiamiento, como es Chevrón, para que ponga el financiamiento y parte de la tecnología. A Chevrón, YPF le coloca acarreo, con la diferencia de que en YPF el 49 por ciento es privado, en cambio la empresa provincial es 100 por ciento estatal. Entonces, ¿por qué las provincias no pueden colocar acarreo e YPF sí puede? Este es el punto de discusión”, dijo Pérez.

El gobernador también recalcó la necesidad de que se respeten los acuerdos contraídos con anterioridad a esta discusión. “Se tienen que respetar los acuerdos que haya hecho cada una de las provincias, fundamentalmente en licitaciones y prórrogas petroleras, con anterioridad. Por ejemplo, la provincia de Mendoza prorrogó varias áreas por 10 años, entonces hoy no se pueden modificar esos términos, fundamentalmente con las regalías”, recalcó el gobernador. En ese sentido, resaltó que la base que pretenden conseguir es del 15 por ciento, tal como lo hace hoy Mendoza cobrando el 12 por ciento de regalías y el 3 por ciento de canon extraordinario.

Con esas palabras, ayer, el mandatario mendocino dejó sentada su postura. Se trata de un pedido que la oposición, en especial la UCR, viene haciendo desde hace un par de semanas. De hecho, el senador radical Armando Camerucci presentó un repudio al proyecto de la Nación por inconsulto, pero fue rechazado por el oficialismo de la Cámara Alta la semana pasada.

La UCR emitió hace unos días un documento en el que afirma que la situación energética del país está complicada desde hace cuatro años. Sostiene que “la producción de petróleo desde 1998 a la fecha cayó el 37 por ciento y la de gas desde el 2004 ha sufrido una merma del 16 por ciento. El déficit de la balanza comercial energética cerró en el 2013 en USD 6000 millones (el 20 por ciento de las Reservas Internacionales) y los subsidios a empresas energéticas aproximó los $ 84 000 millones en 2013 (monto que multiplica por 4 a la partida destinada para la Asignación Universal por Hijo, la principal política de transferencias sociales no contributivas)”.

Para el radicalismo, “el proceso de parcial reestatización de YPF llevado adelante por el actual gobierno tiene características específicas que la diferencian de la YPF Sociedad del Estado originaria”. Y dicen que con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, el dominio originario de los recursos naturales fue reconocido expresamente a las provincias, con las consiguientes potestades de administración, fijación de regalías, formas de licitación, inversión, fiscalización y control. “La política de hidrocarburos no puede dejarse en manos de un Consejo de Hidrocarburos constituido por secretarios sin la suficiente experiencia y de YPF una sociedad anónima, dejando de lado la voluntad de las provincias dueñas de los recursos, y no puede avasallar lo que la Constitución establece”, sostuvieron en el documento.

Ahora Pérez forma parte de los gobernadores que se oponen al proyecto de la Casa Rosada.

Con la minería, sí

Argentina está entre los países que tienen una menor carga tributaria para la actividad minera y entre los beneficios que posee se encuentran:

- Tope de regalías del 3 por ciento (artículo 22, Ley 24196);

- Congelamiento de impuestos nacionales, provinciales y municipales por 30 años y 5 años de gracia sin pagarlos (art. 8, Ley 24196);

- Descuento del Impuesto a las Ganancias en tareas de exploración, compra de equipos, maquinarias y vehículos (art. 12, Ley 24196);

- Descuento del 100 por ciento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966);

- Devolución anticipada y financiamiento del IVA (Ley 24402);

- Reembolsos por las exportaciones embarcadas en puertos patagónicos (Ley 23018);

- Exención del impuesto al cheque (Decreto 613/2001);

- Devolución de los créditos fiscales de IVA (Ley 25429);

- Eliminación de gravámenes y tasas municipales que afecten directamente a la actividad e impuesto a los sellos (Ley 24228).

De hecho, un informe del Banco Mundial publicado en 2011 sitúa a la Argentina entre los países con menor presión tributaria del mundo para la minería junto con Suecia, Chile, Papúa Nueva Guinea, Zimbabwe y Filipinas.

En Mendoza, gracias a la aprobación de la ley 7722 (la que, por presión popular, prohibió hace siete años la minería a cielo abierto en todo el territorio mendocino), la megaminería no es una realidad. Sin embargo, esta situación podría revertirse. La norma está cuestionada en la Corte (que decidirá en algún momento en plenario), ya que las mineras presentaron diez pedidos de inconstitucionalidad y hay intendentes de departamentos mineros (como el malargüino Antonio Agulles y el lasherino Rubén Miranda, ambos del PJ) que hace tiempo que vienen insistiendo con modificar la 7722 y dar impulso a la actividad, con el argumento de que no tienen otras riquezas que los metales.

Pero además, el Gobierno provincial tiene casi lista la segunda declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge (de extracción de oro y cobre en Uspallata) que podría reactivar la actividad. Los grupos que defienden el medio ambiente preparan un recital a favor del agua para este domingo en la Estación Benegas de Godoy Cruz, donde gobierna Alfredo Cornejo, un radical que ha apoyado las movilizaciones sociales antiminería contaminante. Se trata de un “Artistazo por el agua pura” que se realizará desde las 14.00.

Es decir que el Ejecutivo se animó por primera vez a oponerse públicamente a una iniciativa de la Casa Rosada para cuidar las arcas provinciales. Sin embargo con las empresas mineras, que se llevan más beneficios, la histórica posición parece ser otra.