Para el especialista en gestión ambiental Eduardo Sosa, el sistema de control previsto en la modificación de la Ley 7722 pone el acento en la remediación antes que en la prevención y altera un orden lógico. Cree que primero se deben formar los organismos que controlarán los desarrollos mineros, antes de habilitar la presentación de proyectos.

Sosa opinó sobre la modificación de la Ley 7722 que aprobaron senadores y diputados el viernes en sesiones especiales. Los cambios sustanciales respecto de la norma vigente desde 2007 fueron: la única sustancia prohibida será el mercurio; se eliminó la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA); se prevé un sistema de control que incluye la conformación de la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, una Comisión Bicameral de Seguimiento y la posibilidad de contratar auditorías internacionales, así como un pago de seguro de caución por parte de las mineras, entre otros.

Sin grietas, el oficialismo y el PJ modificaron la Ley 7722

Esta vez no hubo grieta entre el oficialismo y el PJ: los y las senadoras y diputados aprobaron en sesiones especiales las modificaciones a la Ley 7722, que prohibía -hasta ahora- el uso de sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

La modificación de la norma generó protestas en distintos puntos de la provincia y una caravana multidudinaria que llegó este lunes a la explanada de Casa de Gobierno, donde los ciudadanos pidieron el veto a la iniciativa. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, se reunió con cuatro representantes de los pobladores, con quienes se comprometió a trabajar, aunque dijo que el Ejecutivo  avanzará con la reglamentación. Luego, la manifestación terminó con violencia y cruces con la policía, que reprimió para descongestionar el Barrio Cívico. 

Sosa defendió la 7722 desde los distintos lugares que ocupó: entre 2000 y 2015, como titular de la Red Ambientalista Oikos, y luego como jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial durante los dos primeros años de la gestión de Alfredo Cornejo, entre 2015 y 2017. A ese cargo renunció aduciendo diferencias con la forma en que se gestionaba ese ámbito estatal.

Mingorance advirtió que "no se vetará" la reforma a la 7722

En medio de las fuertes protestas de ambientalistas contra la reforma de la Ley 7722 aprobada este viernes, el secretario de Ambiente del gobierno de Rodolfo Suarez, Humberto Mingorance, advirtió que pese a los reclamos "no se vetarán" los cambios votados en la Legislatura y que la norma finalmente será "promulgada".

Riesgos versus beneficios

El profesional consideró que el tratamiento del proyecto fue “vergonzoso”, teniendo en cuenta la rapidez con que se trató en ambas cámaras y las intervenciones sin ningún sustento de algunos legisladores. Si bien Sosa reconoció que el gobernador Rodolfo Suarez planteó desde el primer momento de su candidatura que pretendía modificar la 7722, expresó que nada dijo sobre el apuro y la forma inconsulta en que abordó su tratamiento.

Desde el sector minero, afirman que cambiar la 7722 "generará empleo"

Tras la aprobación de la reforma de la 7722, que generó una multitudinaria marcha hacia la Casa de Gobierno, Carlos Ferrer, titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, dio su opinión sobre las perspectivas de cambio que abre las modificaciones para la provincia.

El profesional consideró que la minería es una actividad con un nivel importante de riesgo, por lo que aseguró que la clase política debe analizar con seriedad si vale la pena correrlo cuando los beneficios económicos no son grandes. Dijo que este último aspecto es fácil de corroborar a través de las estadísticas oficiales respecto de provincias donde hay proyectos en marcha, como Catamarca y San Juan, e incluso de países como Chile.

Primero, los controles

Uno de los aspectos que analizó Sosa fue el de los controles previstos y aseguró que alteran un orden natural. Para explicarlo, recurrió al ejemplo de alguien que abre un supermercado: dijo que no pone a disposición los productos antes de construir el edificio y contratar a los empleados, sino que es al revés. Aseguró que en este tema es igual, que primero es necesario proyectar y poner en marcha los distintos organismos y luego habilitar la posibilidad de que presentan los proyectos, lo que generaría más confianza tanto en los ciudadanos como en las empresas.

La Policía Ambiental, solo un enunciado

Solo un enunciado: eso es por ahora la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, uno de los controles que propuso el Ejecutivo en la iniciativa con el que modificó la Ley 7722, que prohíbía la utilización de determinadas sustancias tóxicas en los proyectos mineros.

El profesional explicó que para poner en marcha un sistema de control serio, son necesarios dos aspectos centrales: la vocación política y el presupuesto para realizarlo. Cree que esta última condición no está dada, ya que aseguró que –por ejemplo– nunca se puso en actividad la Policía Ambiental, prevista en la letra original de la 7722.

Para Sosa, la conformación de una Policía Minera no es una tarea fácil, teniendo en cuenta que el control ambiental es muy complejo. Sostuvo que hace falta contar con personal especializado, pero también con tecnología de punta, porque expresó que hoy no es necesario tener un cuerpo enorme de inspectores, sino tecnología de alta precisión que permita monitorear el avance de los proyectos.

Consultado sobre las opiniones disímiles dentro del ámbito científico sobre esta actividad, Sosa expresó que esa es la mejor muestra de que hay aspectos por dilucidar y debatir que aún no están claros. En este sentido, subrayó la necesidad de generar debates serios, sin apuros y en los que participen todos los sectores involucrados.