“Nos han contaminado el suelo argentino y no nos han avisado”, se quejó Marcelo Romano, abogado especializado en Derecho de Aguas, sobre el caso de contaminación que involucra a Antofagasta Minerals y nuestro territorio nacional. La escombrera Cerro Amarillo, perteneciente a esta empresa, no sólo ocupa hectáreas en Chile sino que también se extiende hasta el departamento de Calingasta, en San Juan. Si bien esto se conoció en 2011, ahora la Comisión de Ambiente del Senado solicita que el tema se debata en el Congreso, ya que atañe a “la soberanía de la República”.

La minera Antofagasta Minerals, ubicada a kilómetros de la frontera argentina, creó la escombrera Cerro Amarillo para depositar sus residuos químicos en 2007. Desde ese momento y hasta 2012, se arrojaron 55 millones de toneladas de desechos de la mina: 470 cubiertas e innumerables restos químicos de esta actividad. “Son más de 52 hectáreas, que ya arrasaron con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan”, específica el informe de Monitoreo Parlamentario Ambiental.

Vista de la mina Los Pelambres, de Anofagasta Minerals, tomada con Google Maps. La línea blanca muestra el límite entre Argentina y Chile. Claramente se ve que parte de las instalaciones de la mina están en suelo argentino. Captura de pantalla: Unidiversidad.

El problema se volvió de interés nacional cuando en 2011 se conoció que gran parte de las hectáreas de Cerro Amarillo están contaminando suelo argentino. La escombrera ocupa 105 hectáreas y tiene 70 metros de altura. La mitad de este total está ubicado del lado argentino de la frontera. Casualmente, los terrenos ocupados corresponden a la minera suiza Glencore ubicados en el departamento de Calingasta, San Juan.

Escombrera del lado argentino. Foto: Monitoreo Parlamentario Ambiental.

“Aquí ha habido una violación de la soberanía y de la Constitución Nacional, ya que en el artículo 41 se prohíbe el ingreso de desechos que sean potencialmente contaminantes”, explicó Romano, en relación con el accionar de la minera y también del Gobierno de San Juan.

En 2014, Glencore presentó una demanda civil para que el botadero se trasladara a Chile y se pagara un monto en concepto de alquiler. La denuncia no prosperó; de hecho, ni se llamó a indagatoria a los posibles culpables. Evidentemente, la situación no se visibilizó por la omisión de la justicia sanjuanina y también por el poder de las corporaciones mineras, ya que también se presentaron demandas penales.

Marcelo Romano explicó que Glencore no se quedó de brazos cruzados y solicitó un informe sobre la situación ambiental de Cerro Amarillo. “Es entonces cuando tenemos la posibilidad de participar nosotros, que estamos haciendo un monitoreo parlamentario ambiental de todas estas situaciones críticas”, argumentó el abogado ambientalista.

El extenso camino del reclamo

Todo comenzó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres. A pesar de que el acuerdo cedía 88 hectáreas, la firma ocupó 105 y así fue como se invadieron los terrenos pertenecientes al proyecto “El Pachón” de Glencore.

Los propietarios de “El Pachón” le pidieron a sus pares chilenos que retiraran la escombrera, de manera informal y sin involucrar a la justicia. Antofagasta Minerals ignoró la petición y continuó desechando químicos. Luego, Glencore presentó una demanda civil que tampoco fue tomada en cuenta.

Por su parte, la minera chilena argumentó que el gobierno de su país había autorizado el botadero “en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de los 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes” y argumentaron que en 2012 fue modificada la frontera entre Argentina y Chile. Sin embargo, en esa fecha se reforzaron los límites entre ambos países pero nunca se cambiaron.  

En marzo de 2015, nuevamente, Glencore presentó una denuncia penal contra los últimos tres gerentes de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. Si bien estaban acusados por usurpación, contrabando y violación de la ley, el fiscal federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo consideró que no era necesario llamarlos a indagatoria.

“El Gobierno de San Juan firmó un convenio con la minera chilena violando todas las facultades del Congreso de la república y la autoriza a aislar solamente el entendimiento”, explicó Romano respecto al último paso judicial que se había tomado.  Sin embargo, desde la Comisión de Ambiente del Senado solicitan que se debata el tema en el Congreso, ya que es competencia de este órgano bregar por la soberanía nacional.