Cuáles fueron las dificultades de las familias que entraron a Argentina durante el cierre de fronteras
Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, habló en Radio U sobre los resultados que arrojó un informe realizado de manera conjunta con la ONU en estos años de pandemia.
Foto: Diario AR.
La Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) dieron a conocer los resultados del informe “Fronteras cerradas por pandemia-Familias en movimientos y sus tránsitos en Argentina 2021-2022”, el cual detalla los desplazamientos hacia Argentina de personas y familias migrantes y solicitantes de asilo que se encontraban en distintos países de la región (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).
El informe destaca, entre otras cosas, cómo fue el tránsito, el ingreso al territorio y la situación posterior de miles de familias extranjeras que llegaron al país, y cómo esa situación desnudó los efectos regresivos de diversas y fragmentarias políticas y prácticas administrativas implementadas en medio de los contagios ocasionados por la pandemia por Covid-19.
Además, el trabajo analiza las trayectorias en el complejo marco de las organizaciones e instituciones involucradas en la regulación de los ingresos y en la protección de derechos de las personas en movilidad, y en las decisiones políticas y administrativas que no siempre lograron equilibrar la preocupación sanitaria con las necesidades de protección de personas y familias extranjeras.
Gabriela Liguori, directora ejecutiva de la CAREF, dialogó con Radio U sobre los aspectos fundamentales que analizó este estudio, el cual registró 28 historias de las más de 1.500 familias que consultaron a la Comisión por su estatus migratorio. Además, detalló los motivos por los que encararon esta investigación y aseguró que es alarmante la falta de políticas públicas para apoyar el ingreso de personas extranjeras a Argentina.
“En primer lugar, creo que es importante señalar que este informe se basa en un grupo de personas que nosotros asistimos durante ese tiempo. Venimos trabajando en este tema desde antes de la pandemia, específicamente en Puerto Iguazú y en la Quiaca”, comentó la directora de CAREF.
Liguori sostuvo que los cierres de fronteras y los confinamientos internos (que implicaron restricciones a la circulación dentro de los países) sin dudas representaron un obstáculo para la migración. Lo que no es tan claro es que hayan desalentado la necesidad de las personas a migrar. Indicó que el contexto de pandemia afectó el trabajo de muchísimas personas, especialmente de quienes trabajan informalmente y quedaron por fuera de las ayudas que ofrecieron los distintos gobiernos. Esto se debe -explicó- a que muchas personas migrantes tienen este tipo de trabajos en distintos países de la región, su situación empeoró considerablemente durante la pandemia, entonces muchas personas consideraron volver a migrar hacia un nuevo destino (tal como Argentina o Chile). Si bien los cierres de fronteras dificultaron los tránsitos, los efectos económicos de la pandemia impulsaron a muchas personas a reemigrar.
Por otra parte, la especialista explicó que durante la pandemia se observó la presencia de sectores que lucraron con los ingresos irregulares de migrantes: “Los ‘gestores’ y los ‘pasadores’ han existido desde siempre. Sus servicios consisten en ‘resolver’, de manera irregular o directamente ilegal, dificultades respecto a 'los papeles' o los cruces de fronteras internacionales. Estos personajes florecen cuando las fronteras son difíciles de cruzar legalmente o cuando los papeles son difíciles de obtener”.
Finalmente, la directora ejecutiva de la CAREF aseguró que la pandemia profundizó las desigualdades de las personas migrantes: “La pandemia ha profundizado las diferencias preexistentes y ha aumentado la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes en la sociedad. Los efectos en las condiciones de vida, seguridad, dignidad y salud de las personas refugiadas y migrantes y sus comunidades han sido dramáticos. Todos hemos sido afectados de alguna forma durante la pandemia, pero las personas refugiadas y otras personas desplazadas por la fuerza, se han visto afectadas de manera desproporcionada y han enfrentado problemas particulares de protección, especialmente por las limitaciones a la libre circulación y a los cierres de frontera que los países del mundo establecieron”.
La presentación del informe
La presentación del informe contó con la presencia de Juan Carlos Murillo, representante Regional de ACNUR para el Sur de América Latina, quien brindó un panorama general sobre el impacto de la pandemia en la población solicitante de asilo y con necesidades de protección internacional, fundamentalmente en lo referido al acceso al territorio y al derecho a solicitar asilo, a nivel regional y global.
También se oyeron los testimonios de Manuel Ruiz, asesor del área de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes y de Pablo Ceriani, director de la especialización en migración y asilo de la Universidad de Lanús y miembro del Comité de Naciones Unidas para la protección de los Derechos de las personas migrantes y sus familias.
CAREF y ACNUR destacaron que, en un contexto tan complejo como el que se vivió durante el pico de la pandemia, el diálogo y la articulación interinstitucional (Estado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales) fue lo que permitió que la población que ingresó al territorio más allá de las restricciones impuestas, pudiera cumplir con las medidas sanitarias, recibir asistencia humanitaria e información, proseguir hasta su destino y acceder a documentación que registrara su presencia en el país.
Audio
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Entrevista a Gabriela Liguori.
Directora ejecutiva de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
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