En 2010 se sancionó la ley 26 630 para la preservación de los glaciares y el medio ambiente. Después de seis años de ese hecho, miembros de la Asamblea Jáchal No Se Toca se presentaron en los Tribunales Federales y ratificaron la denuncia penal y civil al Ianigla por no cumplir con la ley y publicar el inventario de glaciares de manera incompleta.   

Según explicaron miembros de la Asamblea luego de la denuncia, la ley es muy clara y el Ianigla hizo un documento interno que dejó de lado una gran cantidad de glaciares con una superficie inferior a una hectárea de extensión, como en el caso del periglaciar ubicado en la zona de Veladero y Pascua Lama.

El abogado Diego Seguí informó que se trata de dos acciones judiciales. Por una parte, hay una denuncia penal orientada a determinar las responsabilidades del personal del Ianigla porque –según explicó–incumplieron con su deber de funcionarios públicos. La otra presentación es civil y se basa en declarar la inconstitucionalidad del inventario porque viola la propia ley que le dio origen.

“El Congreso nacional le dijo al Ianigla qué tipo de inventario debían hacer y lo violaron”, recriminó Seguí. Para el letrado, se deben inventariar todos los glaciares, sin importar su dimensión o superficie, y en el caso del Ianigla "elaboraron un documento con posterioridad para ocultar los glaciares de menos de una hectárea y de esta manera permitir a las empresas mineras realizar sus actividades".

Para el abogado, el anuncio del Gobierno de terminar de publicar el inventario de glaciares “va muy tarde con la realidad”. "El Ianigla tenía 180 días para armar el proyecto y el inventario y no lo hicieron”, recriminó Seguí.
 

El recorrido

En septiembre de 2010 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26630 que estipuló la creación del inventario de glaciares y del ambiente periglacial y nombró al Ianigla como la institución científica que lo realizaría. El pasado 20 de septiembre, la Asamblea Jáchal No Se Toca denunció que en dicho inventario están incluidos sólo los glaciares de una hectárea de extensión o más, ignorando aquellos que presentan una superficie menor, entre los cuales están comprendidos los ubicados en la zona de los proyectos Veladero (donde hubo dos derrames de agua cianurada) y Pascua Lama.

En una nota concedida a Unidiversidad y publicada el 19 de septiembre de 2016, el director del Ianigla, Fidel Alejandro Roig, contestó que los procedimientos científicos utilizados en la realización del inventario siguen criterios universales y aclaró, además, que el límite de una hectárea surge de la calidad de las imágenes satelitales con las que se realiza el trabajo.

El 20 de septiembre el juez federal Sebastián Casanello ordenó realizar operativos tanto en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como en el Ianigla para obtener información relativa al Inventario Nacional de Glaciares. El magistrado hizo lugar a un reclamo de los integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que denunciaron al Ministerio y al Ianigla por entender que la metodología de realización del inventario viola la ley y no contempla los cuerpos de hielo ubicados en las zonas de los proyectos mineros Veladero y Pascua Lama. El 21 de septiembre el organismo entregó la información a la Justicia
 

Extienden la suspensión a la Barrick

El juez de Jáchal, Pablo Oritja, decidió mantener la suspensión de las actividades en la mina Barrick e impuso mejoras a la minera para su habilitación. Oritja hizo lugar a un pedido realizado por la Policía Minera que exigió incorporar el plan de trabajo sobre medidas de seguridad que el Ministerio de Minería le había pedido a la compañía por vía administrativa, señaló este viernes 28 el Diario de Cuyo.

Según indicaron, la Justicia pidió la instalación de cámaras de monitoreo en el valle de lixiviación y que aumenten los puntos de control de aguas subterráneas del río Potrerillos. Desde el Gobierno no saben cuánto plazo llevará concretar el pedido de la Justicia. De acuerdo al portal sanjuanino, una vez que Barrick culmine con todos los trabajos deberá informar a la Policía Minera, que tendrá que constatar si efectivamente se realizaron las reformas e informar a la Justicia para que dicte una resolución que deje sin efecto el freno.

Desde este viernes 30, Oritja entró de licencia por 15 días, por lo que -si las tareas se concluyen en ese plazo- la jueza de paz del departamento, Silvia Rodríguez, actuará como subrogante y tendrá que definir sobre el tema.