Usuarios y representantes de organizaciones de defensa de consumidores cuestionaron el monopolio empresario del transporte público y aseguraron que en el proyecto de licitación del sistema del Área Metropolitana todo está diseñado para que las mismas firmas se queden con el negocio. Ese fue uno de los cuestionamientos centrales que hicieron los participantes en la audiencia pública que se realizó en la Nave Universitaria y cuyo objetivo fue escuchar la opinión de las personas respecto del proyecto para la licitación del servicio metropolitano.

La audiencia arrancó puntual, con una breve exposición de la directora de Planificación y Proyectos Especiales, Lía Martínez, respecto del proyecto. La profesional comentó que el sistema denominado mendoTRAN estará estructurado con base en servicios troncales que prestará la Sociedad de Transporte Mendoza,  a los que se sumarán otros que estarán a cargo de siete grupos privados, que se dividirán por departamentos.

Martínez también presentó los resultados de una encuesta que respondieron 4737 usuarios, quienes consignaron que los mayores inconvenientes del sistema están relacionadas con las escasas frecuencias, la capacidad de las unidades y, sobre todo, los problemas del servicio en horas pico.

Otro de los profesionales de Transporte explicó cómo será el sistema de pago a las empresas. Señaló que será una combinación de los kilómetros recorridos con una medición de la efectividad, la que tendrá en cuenta el cumplimiento de los horarios: aquel en el que debe pasar un colectivo y el de llegada a destino.

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La Secretaría de Servicios Públicos impulsa un sistema más atractivo para los usuarios. Habrá una audiencia pública en febrero. Se mantiene el kilómetro recorrido y buscan captar más pasajeros.

Cuestionamiento al proyecto

Luego de la presentación fue el turno de las personas que se anotaron previamente para participar en la audiencia, que no es vinculante, pero sí es un paso obligado por ley para poner en marcha la licitación.

Algunos de los participantes hicieron cuestionamientos comunes: la escasa difusión de la audiencia; la nula participación de los usuarios en el proyecto; la importancia de consignar las opiniones de personas de distintas zonas, no sólo de las más cercanas o de quienes acceden a mejores servicios, y la falta de información respecto de los costos del sistema y de la ganancia de los empresarios.

A esto se sumó el pedido de nulidad de la audiencia en el que coincidieron Romina Ríos (de Protectora) y el diputado nacional José Luis Ramón (Partido Intransigente). Su fundamento fue que el Ejecutivo no cumplió con el fallo de la Suprema Corte que ordenó poner en marcha el Ente Regulador del Transporte.

El diputado electo Mario Vadillo (Partido Intransigente), por su parte, fue el primero que planteó que el proyecto de la nueva licitación mantendrá el monopolio de empresas que actualmente manejan el transporte público del Gran Mendoza. “Esto está amañado para que sigan siendo los mismos los dueños del transporte de Mendoza”, fueron sus palabras. Vadillo también cuestionó la falta de información y de estudios técnicos para calcular claramente cuánto se pagará a los empresarios por el kilómetro recorrido, ya que aseguró que en este sentido no existen datos ciertos ni organismos de control que los certifiquen.

“Queremos que el empresario vuelva al riesgo, que se subsidie a las personas que lo necesitan, no al sistema en general, porque hay gente que no necesita ese subsidio”, explicó.

En el mismo sentido opinó Francisco Cartello, del Centro Empleados de Comercio, quien recalcó que desde hace años reclaman la realización de un estudio técnico que determine cuánto gastan las empresas en combustible y en otros rubros para arribar a una cifra que tenga un sustento real. Carlos Arenas, representante de usuarios autoconvocados, se preguntó por qué nunca son llamados a participar en los estudios de costos e inclusive de los proyectos de licitación, cuando son los que más conocen las deficiencias y las bondades del sistema. Dijo que la información clara permitirá evitar cualquier sospecha en la concesión del servicio.

Eduardo Pulido, quien fue director de Vías y Medios de Transporte, se preguntó si para trazar el nuevo plan hicieron un estudio de impacto ambiental, por qué no se habla de los subsidios y cuáles son los costos reales del sistema. Celia Rodríguez, en tanto, se presentó como una usuaria del transporte desde hace más de 30 años. Ella puso ejemplos concretos respecto de los cuestionamientos que hicieron anteriores participantes, por ejemplo, respecto del monopolio de las empresas, ya que aseguró que en la zona de Pedro Molina –en la que vive– hace años que se desempeña la firma General Roca y recalcó que los vecinos soportan el mal servicio, con vehículos sucios, choferes que no contestan preguntas y que levantan al pasajero cuando quieren.

“Yo les pido que se pongan en el lugar de la gente, el que cumple un horario, el que no tiene auto. El que está arriba tiene que bajar y entender que dependemos del transporte público. Lamentablemente, a algunos empresarios les importa más lo que ganan que el servicio que prestan al usuario”, comentó.

La mujer recalcó que, así como exigen a las personas que paguen el boleto –lo que entiende que es correcto– entonces deben obtener a cambio un buen servicio que les permita cumplir con sus obligaciones.

Otro de los usuarios que participó fue Ismael Buera, quien planteó que los nuevos recorridos diagramados en el proyecto, en lugar de beneficiar a los usuarios de la línea 6 de su zona (Las Heras) los perjudica. Además, subrayó la necesidad de tener información respecto de cambios de recorridos por obras, de mejorar el diseño de las paradas y de garantizar la seguridad a los pasajeros que viajen en las unidades.

Otro vecino, Francisco Durán, explicó que vive en un barrio del piedemonte, en la zona de boliches, donde el servicio no es eficiente y en muchas ocasiones se quedan sin colectivo que los lleve hasta el centro.

Ramón denunció corrupción en el nuevo sistema de transporte

El diputado nacional (PI) e integrante de la ONG Protectora, pidió la nulidad de la audiencia pública que se realizó en vistas a la licitación de la red del área metropolitana. \Vamos a llegar a la Suprema Corte porque ésta dicto una sentencia ...