Corría el año 1992. Baltasar Garzón revestía por entonces el cargo de juez del Juzgado Central de Instrucción N°5, de la Audiencia Nacional, en Madrid, y quien esto escribe era por ese tiempo Juez Federal de Mendoza.

El encuentro de ambos tuvo lugar en octubre de ese año en el Despacho del Magistrado español, en razón de tramitar distintas causas con un imputado en común: Monzer Al Kassar. Mientras el proceso en España lo relacionaba con el secuestro del trasatlántico italiano “Achille Lauro”, en Argentina la investigación se centraba en el delito de falsificación documentaria.

Baltasar Garzón fue un juez de aquilatada fama desde los inicios de su carrera judicial. Piloto de tormentas, honesto y seguro, en un ciclo histórico de turbulencias judiciales.

En ese contexto de circunstancias a la perversidad del fenómeno criminal desarrollado por el terrorismo de Estado en Argentina, durante los años 70, le siguieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y posteriormente los Decretos de Indultos, de modo que la consagración de la impunidad se erigió como un muro indestructible que impedía a los jueces argentinos el paso de las investigaciones tendientes al establecimiento de la verdad y la justicia.

En ese escenario de clausura de los caminos judiciales, las víctimas humilladas y destruidas, los familiares de los desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos, acudieron con presentaciones y denuncias formales al único juez en el mundo que logró impulsar la jurisdicción universal, y consecuentemente, someter a juicio a los genocidas argentinos y demostrar que con todas las garantías que establecen las leyes y los tratados internacionales los responsables de los más atroces delitos de lesa humanidad debían ser juzgados se encontraran donde se encontraran.

Los aberrantes delitos cometidos durante la dictadura no podían quedar ocultos bajo la estructura de la impunidad y mucho menos pretender con ese trámite que la responsabilidad de esos sucesos recayera, tan luego sobre las víctimas.

Los instrumentos de la impunidad tenían el propósito de socializar olvido. La decisión jurisdiccional del juez Garzón logró perforar esa injusta situación, merced a la apertura de distintas causas, recuperando con los instrumentos que otorga el Derecho, la memoria, la razón, la verdad y la justicia.

Garzón es el juez de la esperanza y de los nuevos horizontes de la Justicia Universal. Hace 20 años, cuando lo conocí dije que el magistrado era famoso, empero debo hacer una distinción entre la fama y el prestigio. La buena fama es una zarza ardiendo que nos deslumbra con sus destellos hasta que extingue su propia lumbre. El prestigio es un horizonte siempre presente en el camino de la vida que nos orienta en la confusión, que sirve de guía para el tránsito de nuestro destino y la consagración de los nobles ideales de una humanidad mejor. El juez Garzón pasó de la fama al prestigio internacional. En el abrazo que nos dimos en ocasión de brindarle la Universidad Nacional de Cuyo la titularidad del Doctorado Honoris Causa, le dejé con mi afecto este humilde reconocimiento de respeto y admiración y al concluir el acto me quedé meditando en una de las frases que estampara en su libro “Un mundo sin miedo”: “Las voces que postulan el olvido pueden tener un argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”.

Prometimos escribirnos, vernos y continuar el diálogo en la misma dirección. He comenzado a hacerlo.