La jueza Daniela Peralta, de Familia, y el juez Carlos Neirotti coincidieron en un concepto: la necesidad de que el Ejecutivo tenga como prioridad en la asignación de recursos las políticas destinadas a los sectores vulnerables que acuden al fuero por conflictos familiares y por sufrir violencia. Los dos magistrados que entrevistó Unidiversidad coincidieron en asegurar que es necesario que las políticas para este sector, y en especial las destinadas a combatir las situaciones de violencia, tengan menos palabras y más recursos reales para enfrentar la problemática.

Violencia: 2128 mujeres pidieron ayuda en las comunas

En diez meses, 2128 mujeres pidieron ayuda por ser víctimas de violencia de género. La mayoría tiene entre 25 y 34 años, es o fue pareja de su agresor, sufre violencia física y psicológica, dio intervención a la Justicia y vive en San Martín, Las Heras o Guaymallén.

Neirotti explicó que atienden a un sector de la población vulnerable, que puede ser una vulnerabilidad social, jurídica, económica o todo eso junto. Dentro de este mundo –explicó– hay un grupo de mayor vulnerabilidad, que son los niños, las niñas, los mayores de edad, los no autoválidos y las mujeres, que tiene una situación de vulnerabilidad jurídica, económica y cultural.

“¿Por qué atendemos la vulnerabilidad? Porque hace falta, y para que no sigamos con la sábana corta, es necesario que haya una toma de conciencia en los poderes públicos de que las necesidades del fuero no solo se declaman, sino que se hacen efectivas a través de recursos edilicios, humanos y presupuestarios. Creo que las políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, de la asignación de recursos, debieran tener como prioridad absoluta estas políticas y estos sectores”, fueron las palabras del magistrado.

Violencia familiar: crearán juzgados especializados

Todas las problemáticas de violencia familiar serán tratadas en juzgados especializados en la materia, los que tendrán turnos las 24 horas, los 365 días del año. Este es uno de los cambios medulares propuestos en el proyecto del Código Procesal de Familia, que el Ejecutivo presentó en la Legislatura y que comenzará a debatirse luego del receso invernal.

En el mismo sentido, la jueza Peralta aseguró que es necesario dejar de lado la corrección política para hablar de femicidio o de violencia, y gestionar recursos humanos y edilicios para que puedan brindar una respuesta adecuada a las víctimas.

“La demanda del servicio en materia de violencia tiene una eclosión por la comunicación, que fue útil y positiva porque logró concientización e hizo que la gente, en especial las mujeres, accedieran más al servicio, y eso es positivo. El problema, como siempre, es que nos quedamos a mitad de camino para satisfacer esa demanda. La mayor accesibilidad es algo bueno, pero tiene que tener un respaldo que no tiene”, expresó la magistrada.