El domingo 13 de mayo se cumplirán dos meses del fallo de la Corte Suprema de Justicia que elimina la necesidad de autorizaciones judiciales para los requerimientos de abortos en casos de violación. El mismo exhorta a las autoridades nacionales y provinciales "a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de un delito sexual”.

Sin embargo, sólo la mitad de las provincias están trabajando en dicha protocolización tras haber oficializado su postura acorde con el veredicto, según señala un informe de Télam.

El estudio indica que si bien  Entre Ríos y Tucumán aún no han elaborado las guías, sus gobernadores sí se comprometieron públicamente a cumplir el fallo. Mientras que las diez restantes presentan ambigüedad respecto a su posicionamiento y hasta el momento no han avanzado con las medidas exhortadas por el máximo tribunal.

En este marco, cabe destacar que el pronunciamiento de la Corte no debe entenderse como el dictado de una ley, sino que se trata de la interpretación del artículo 86 inciso 2 del Código Penal que elimina penas a las mujeres que decidan no continuar con un embarazo producto de una violación y al médico que efectúe la intervención.

En una nota publicada en NU Digital el último 22 de marzo,  la jurista Aída Kemelmajer explica que al no tratarse de una legislación, las provincias no están obligadas a acatar, pero que el recurso es válido porque constituye “una especie de consejo que sirve para evitar la litigiosidad”.

Asimismo, una decena de provincias permanece sin tomar las medidas correspondientes o al menos sin pronunciarse al respecto. Entre ellas se encuentran Mendoza, Río Negro, Jujuy, Chaco, Corrientes, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Catamarca y Ciudad de Buenos Aires.

En torno al caso local es importante señalar que si bien en un primer momento el gobernador Francisco Pérez se mostró contrario a la interpretación de la Corte, más tarde aseguró que  Mendoza trabajaría en los proyectos de protocolización. 

No obstante, se desconocen las posibles acciones dirigidas hacia ese fin y sobre el tema sólo reina el silencio oficial luego de una serie de exabruptos cometidos por el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo, opositor férreo a la despenalización del aborto en cualquiera de las circunstancias.

Esta indefinición acerca de una medida vinculada directamente con el ámbito de la salud pública y de los derechos humanos, llevó a que el pasado 11 de abril las organizaciones locales nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito presentarán ante los ministerios de Salud y de Desarrollo Social un petitorio. El mismo requería la adhesión de la provincia a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación y la elaboración de la lista de objetores de conciencia.  Sus destinatarios aún no han brindado respuesta.

Por otra parte, es necesario destacar que si Mendoza presentara la voluntad de respetar y hacer cumplir este derecho inherente a toda mujer violada, podría reflotar un proyecto de ley que desde 2010 cuenta con media sanción de la Cámara Baja. La iniciativa, cuya autoría corresponde al ex diputado Ricardo Puga, tiende a cumplimentar el artículo 86 inciso 2.

Más cercana en el tiempo es la aprobación también en Diputados de una resolución impulsada por la legisladora radical Liliana Vietti que, en consonancia con el dictamen de la Corte, solicita al Ejecutivo provincial el dictado de los protocolos hospitalarios necesarios para atender casos de abortos no punibles y dar asistencia integral a las víctimas de violencia sexual. 

Las adherentes

El informe de Télam señala que las provincias que acataron la decisión judicial del máximo tribunal de manera efectiva son: Tierra del Fuego, Salta, Santa Fe, Formosa, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Neuquén, Buenos Aires, Chubut, Córdoba y La Pampa.

Cada una lo hizo a través de distintas disposiciones. Por ejemplo, Buenos Aires y Neuquén ya contaban desde 2007 con sus “protocolos de abortos no punibles”. En tanto que Salta, lo hizo a través de un decreto que incluye consideraciones extras al fallo de la Corte.

En general, el resto de las provincias adherentes como Santa Fe, Formosa, Misiones, La Rioja, Santiago del Estero y Chubut ya se sumaron a la nueva normativa a través de la adopción de la "Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles" elaborada en 2007 por el Ministerio de Salud de Nación o lo están estudiando.

Córdoba y Tierra del Fuego fueron las primeras en adecuarse a la norma reinterpretada por la Suprema Corte de Justicia.