El paro y la movilización del 24 de febrero generaron las primeras causas judiciales a nivel provincial. Durante la mañana del viernes 26 de febrero, la justicia imputó a Federico Lorite, secretario general del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) por cortar la calle y entorpecer el tránsito. En la misma causa están involucrados el titular de ATE, Roberto Macho, y Raquel Blas, que aún no reciben la notificación.  

Puntualmente, la acusación es por “Entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra”. Está encuadrada en el artículo 194 del Código Penal y tiene una pena que va de tres meses a dos años de prisión.

Daniela Chaler, la fiscal que lleva la causa, precisó que existen pruebas suficientes para determinar la culpabilidad de los gremialistas. Según explicó, hay registros fotográficos que demuestran el corte de tránsito en la Ciudad durante la marcha del miércoles 24. En este sentido, aseguró que de los tres imputados sólo Lorite se presentó porque los demás “aun no fueron notificados”.
 

La voz del acusado

El secretario de Sitea aseguró que la medida lo tomó por sorpresa. Se presentó en la Unidad Fiscal N.º 1 de Capital para dar una declaración testimonial y lo notificaron de la imputación, por lo que decidió abstenerse de declarar y elabora una estrategia con sus abogados.

El gremialista aseguró que la acusación “es un ataque directo a los trabajadores y una forma de criminalizar la protesta”. Además, remarcó que estas medidas generan “rechazo de los trabajadores y solidaridad entre los compañeros”.

En este sentido, Lorite ratificó que continuarán con el plan de lucha y marcharán con el SUTE durante el paro del lunes 29. También anticipó que habrá un plenario de todos los dirigentes gremiales en la explanada de la Casa de Gobierno, pero aún no hay una fecha definida. “(La imputación) es un mensaje político para aleccionar al movimiento estatal, pero lo único que lograrán será fortalecernos como unidad gremial”, concluyó.
 

Blas y Macho, tomados por sorpresa

Los dirigentes gremiales de ATE, Raquel Blas y Roberto Macho, no sabían de la imputación y se enteraron por Unidiversidad. Aseguraron que aún no reciben la notificación pero ambos remarcaron que la medida es un paso más para “castigar a los trabajadores”.

Raquel Blas, actual secretaria de Acción Política de ATE, aseguró que a pesar de no haber sido notificada, la imputación “no tiene ningún peso”. Al respecto, la gremialista indicó que desde 2003 realiza cortes de ruta, por lo que le han "marcado los dedos" más de 12 veces. En este caso, Blas rescató como novedad el accionar en Casa de Gobierno durante la manifestación. “Lo único novedoso fue el vallado en Casa de Gobierno. Por lo demás, nada nuevo bajo el sol”, indicó la gremialista, al tiempo que exclamó: “Los gobernantes empiezan a temer al pueblo cuando saben que hacen las cosas mal”.

Blas y Macho se enteraron de la imputación por Unidiversidad. Foto: ATE Mendoza.

Roberto Macho, actual secretario del sindicato que nuclea a trabajadores del Estado, sentenció: “Si la justicia me quiere imputar, que me impute”. En este aspecto, fue un poco más allá y comparó la imputación con la persecución de civiles durante 1975. “Es un retroceso a la época de la dictadura. Se parece a la dictablanda que se desarrolló en 1975, cuando se movilizaban los gremialistas, los imputaban, detenían y luego mataban”, esgrimió el sindicalista.

El gremialista aprovechó y criticó también el sistema judicial provincial. “Acá hay una movida política con fiscales funcionales a los partidos”, finalizó.    

Imputación Lorite