La Provincia será querellante en la causa judicial que investiga el supuesto manejo fraudulentos de los fondos destinados a construir viviendas por parte de la cooperativa Tupac Amaru, lo que habría producido un perjuicio para Mendoza. La novedad fue confirmada desde el Ministerio de Gobierno.

El gobernador, Alfredo Cornejo,  dio instrucciones al subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino, para que la Provincia se convierta en querellante en la investigación que lleva adelante hace dos años la fiscal Gabriela Chaves, de la Unidad de Delitos Económicos. Esta figura permitirá que Mendoza colabore en el proceso, que aporte pruebas y hasta testigos si lo cree conveniente.

Chaves explicó a Unidiversidad que aún no llega la comunicación respecto de la constitución en querellante de la Provincia, pero lo juzgó como positivo, ya que puede aportar datos para colaborar con la investigación.

La fiscal comentó que el foco de esta pesquisa está centrado en la construcción de 1.060 casas, 300 de las cuales fueron terminadas, pero nunca escrituradas; mientras otras 700 aún están sin terminar. Además analizará el pago que debían recibir algunos integrantes de la cooperativa en concepto de mano de obra, ya que según Chaves, un 30% de esos desembolsos no está certificado.

La fiscal comentó que además deberá analizar el papeleo por el cual los Entes ejecutores comunales (tal el nombre de la figura) aprobaron cada uno de los desembolsos a la organización social, así como el camino que siguieron los expedientes en el Instituto Provincia de la Vivienda (IPV).

La Justicia mendocina podrá investigar a la Tupac Amaru

La Corte Suprema de la Nación falló a favor de la provincia y la fiscal Chaves retomará el caso.

Pedido de la defensa

El defensor de los imputados, entre ellos la líder de la organización social en Mendoza Nélida Rojas, Alfredo Guevara, calificó la decisión del Ejecutivo como una “barrabasada de Cornejo”. Dijo que si la intención es realizar una investigación objetiva y respetando los derechos de las partes, entonces la Justicia debe investigar a todos los funcionarios públicos que aprobaron las certificaciones de obra y los desembolsos de dinero, tanto a nivel municipal, como provincial.

Guevara explicó que presentarán ante la fiscalía las certificaciones de obras y la aprobación de los desembolsos de dinero, con la firma del  propio gobernador Cornejo, tanto cuando era intendente de Godoy Cruz, como cuando fue electo mandatario provincial.

El defensor aseguró que las certificaciones de los desembolsos fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, lo que demuestra –recalcó- que no hubo una utilización fraudulenta de esos dineros públicos.

Liberan a los imputados en la causa de la Tupac Mendoza

La Octava Cámara del Crimen hizo lugar a las apelaciones presentadas por Nélida Rojas y su familia. Serán liberados en las próximas horas.

Cuatro líneas de investigación

Las causas relacionadas con la Tupac Amaru están relacionadas con los fondos nacionales que se desembolsaron para la construcción de viviendas sociales, a través del Programa Federal de Integración Socio Comunitario. El sistema tiene varias patas: las organizaciones, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y las comunas.

La investigación por el supuesto fraude en la utilización de fondos públicos, en la que Mendoza será querellante, es una de las cuatro pesquisas que lleva adelante Chaves.  Seguir esta línea fue posible, luego que la Corte Nacional falló en un conflicto de competencia y determinó que la Justicia mendocina analizara este posible delito, y no el fuero Federal, como se planteó en una primera instancia.

Las otras tres investigaciones están más avanzadas. En estas se analiza si existieron los delitos de asociación ilícita; estafa, coacción y extorsión; y, una última, relacionada con el lavado de activos.

La primera causa  relacionada con el delito de asociación ilícita es la más avanzada, tiene  a 46 personas imputadas, cinco de las cuales cumplieron prisión preventiva por unos meses. Esta situación cambió a instancias de un fallo de la Octava Cámara del Crimen, que ordenó liberar a los detenidos y cuestionó en duros términos el trabajo de la fiscal.

Esta decisión de revocar las prisiones preventivas que tomó la Octava Cámara, será analizada por integrantes de la Corte Local, que definirán la situación.

Otra línea de investigación -en la que hay 5 imputados- está centrada en determinar si existió estafa, coacción y extorsión hacia integrantes de las cooperativas, por parte de quienes la lideraban. En este caso, la fiscal explicó que recibió 30 denuncias de particulares, que aseguraron haber sido víctimas de algunos de los delitos mencionados.  

Además se lleva adelante otra pesquisa relaciona con el presunto delito de lavado de activos, que aún no tiene demasiado avance y en la cual no hay personas imputadas.