Juan Méndez, relator de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), fue el encargado de firmar la misiva enviada a las altas esferas del Ejecutivo en que se solicita al gobierno argentino que brinde detalles acerca de lo sucedido en el interior del penal mendocino el año pasado.

Los hechos de tortura sobre los que se interroga al gobierno salieron a la luz en febrero de este año, luego de que tomaran alcance nacional más de 10 videos grabados en un teléfono celular que fue hallado en las cercanías del penal,  y que exhibían cómo un grupo de agentes penitenciarios propinaba golpes y maltratos verbales a diferentes internos, entre ellos un joven de 19 años.

En febrero, mes en que se descubrió el hecho, fue la Asociación de Protección y Promoción de los Derechos Humanos la encargada de efectuar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Delitos Complejos de la provincia.

Las imágenes aportadas por el celular resultaron pruebas suficientes para iniciar la investigación. En el marco de la misma también se tomó declaración a los penitenciarios involucrados y testimonios a víctimas y testigos de los hechos de violencia cometidos contra los internos.

Meses atrás, el abogado Diego Lavado, integrante de la asociación denunciante, detalló a NU Digital el estado de las causas penales contra los agentes que fueron visibilizados en el momento de las golpizas.

Según explicó Lavado,  mediante la investigación se confirmaron los lugares puntuales donde se cometieron los abusos y la cantidad de partícipes.

Respecto a la situación concreta de los imputados, informó que hay siete detenidos acusados de delitos de torturas y distintos grados de participación. Confirmó también que otros tres están acusados de participación secundaria y que se presenta un caso de apremios ilegales pero  no de torturas, por lo tanto estos últimos agentes no están detenidos.

El letrado explicó que una vez que concluya la tarea investigativa, el fiscal de la causa deberá hacer el requerimiento de la elevación a juicio, y en caso de no encontrarse grandes oposiciones en esta instancia, se llegaría al juicio oral contra los agentes imputados.

En este marco la ONU exige a las autoridades nacionales que se responsabilicen de la situación y den cuenta de los lamentables hechos acontecidos, que ya no son una novedad en la historia mendocina.

De hecho, en diciembre de 2010, dos meses antes  de que el tema tomara trascendencia a nivel nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dispuesto levantar las medidas existentes contra la provincia por la emergencia y las malas condiciones de vida en las cárceles locales.

La demanda de la CIDH. En un día marcado por los llamados de los organismos internacionales al país a responsabilizarse por las sistemáticas violaciones a los derecho humanos ocurridas puertas adentro de los penales, también se conoció que la CIDH demandó a la Argentina  por los casos de cinco adolescentes que fueron condenados a cadena perpetua tras haber cometido delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

Según trascendió en medios nacionales, la Comisión consideró que los menores "recibieron penas arbitrarias y equiparables a las de los adultos, lo que incumple los estándares internacionales aplicables en materia de justicia penal juvenil”.

Se trata de penas que fueron otorgadas a Claudio David Nuñez, Lucas Matías Mendoza, César Alberto Mendoza, Ricardo David Videla y Saúl Cristian Roldán cuando aun no cumplían la mayoría de edad, que en la legislación argentina corresponde a los 18 años.

El organismo argumentó que dichas sentencias fueron aplicadas “incumpliendo varios estándares internacionales en materia penal juvenil, ya que la privación de libertad se considera el último recurso y se recomienda que se mantenga durante el tiempo más breve que proceda”.

Asimismo, en todos los casos se pasó por alto la exigencia de garantizar una revisión periódica de la posibilidad de excarcelación, detalla el informe enviado por la CIDH.

Respecto a los casos mendocinos es necesario señalar que correponden a los adolescentes Ricardo Videla y Saúl Roldán, quienes estuvieron alojados en la Penitenciaría Provincial. El primero de ellos falleció antes de cumplir su condena tras padecer las duras condiciones de detención que se acostumbra a brindar a los internos en las cárceles locales.