El diputado justicialista Gustavo Arenas presentó un proyecto de ley por el cual “ninguna empresa empleadora de mano de obra que registre antecedentes de trabajo infantil o de mantener a sus trabajadores bajo condiciones laborales similares al trabajo esclavo, o que de cualquier manera vulneren la normativa laboral generando situaciones incompatibles con la dignidad humana en sus trabajadores, podrá acceder a ningún tipo de beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero o de cualquier otra índole, otorgados por la Provincia de Mendoza”.

En el artículo 2do. de este instrumento legislativo se puntualiza además que “toda empresa empleadora de mano de obra que, siendo titular de algún tipo de beneficio fiscal, impositivo, económico, financiero de cualquier otra índole, otorgado por la Provincia de Mendoza, vulnere la normativa laboral verificando situaciones de trabajo infantil o manteniendo a sus trabajadores bajo condiciones laborales similares al trabajo esclavo o incompatibles con la dignidad humana, perderá automáticamente dicho beneficio”.

El Diputado Gustavo Arenas afirmó “el Estado no puede entregar subsidios o créditos a empresas que tienen niños trabajando o trabajadores en condiciones de esclavitud, porque estaría fomentando esta práctica”

“A pesar de la normativa, clara y terminante –añadió Gustavo Arenas- todos los años se advierten estas situaciones laborales, desde el Estado debemos dar un mensaje contundente contra los que se enriquecen explotando a los niños y a los trabajadores”

La iniciativa cuenta con un amplio apoyo, entre los que se encuentran : en la Cámara de Diputados: su Presidente Jorge Tanús, Silvia Ramos (Bloque Eje Peronista), Ricardo Puga (P.I.M), Néstor Piedrafita (ARI), Luis Orbelli (PJ Unipersonal), José Barrigón (UCR), del PJ Sonia Carmona, Norma Moreno, Rogelio Gil, Rita Morcos y Juan Dávila, diferentes sectores gremiales entre ellos SITEA y SUTE, desde el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Gobierno Mario Adaro (bajo su órbita se encuentra la Subsecretaría de Trabajo), respaldó el Proyecto de Ley.

El legislador manifestó en sus fundamentos que esta iniciativa tiene por objeto contribuir a la erradicación del trabajo infantil y del denominado trabajo esclavo. Señala que “se entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso”.

Arenas consignó que la Ley 26390 de “Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente”, en su artículo segundo, prohíbe expresamente el trabajo a las personas menores de 16 años, en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea éste remunerado o no”.

El Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la República Argentina mediante la Ley 24650, establece que “Todo miembro para el cual esté en vigor este convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños”.

Agregó que “el presente proyecto pretende también contribuir a la generación de trabajo decente, entendiendo como tal (en términos de la OIT) la oportunidad de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones que afectan a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres”.

Finaliza en sus fundamentos sosteniendo que “el trabajo decente debe constituir la esencia de las estrategias globales, nacionales y locales para lograr el progreso económico y social. Es indispensable para los esfuerzos destinados a reducir la pobreza, y como medio para alcanzar un desarrollo equitativo, global y sostenible”.