“Mendoza no se puede dar el lujo de perder al INA”, dijo Santiago Ruiz Freites, subgerente del Centro Regional Andino –con sede en la provincia– del Instituto Nacional del Agua (INA). Las palabras del profesional tienen asidero porque el gobierno nacional amenaza con cerrar este organismo científico presente a lo largo del país, experto en todos los temas relacionados con el agua: pronósticos de inundaciones y sequías, evaluación de la calidad, monitoreos de disponibilidad, prevención aluvional, contaminación, evaluación de grandes proyectos como presas y opinión fundada en conflictos judiciales. Todo eso hace el INA.

¿Por qué cerrar un instituto experto en un tema clave para delinear las políticas a futuro? La respuesta es que el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en cabeza de Federico Sturzenegger, busca seguir con el achicamiento de los entes públicos. Esto, pese a que el INA está incluido en la Ley Bases N.° 27742 como uno de los organismos que no pueden disolverse.

Ruiz Freites explicó que la alarma se encendió a lo largo del país cuando conocieron los primeros rumores de cierre, porque aclaró que son eso, rumores, que no hay nada escrito ni confirmación oficial sobre cuál es la decisión. Comentó que, de acuerdo a la escasa información con la que cuentan, la idea de Nación es cerrar los cuatro centros que el INA tiene en el país, ofrecer a los gobiernos provinciales que los absorban con todos los costos operativos y de personal, y dejar en pie solo el polo que el instituto tiene en Ezeiza, con tres laboratorios que reciben consultas de toda América Latina debido a la calidad de sus informes.

El profesional comentó que ni bien conocieron los rumores, los equipos del INA de todo el país idearon un plan de salvataje cuyo eje fue incrementar las fuentes de financiamiento externo, es decir de empresas, de municipios, de Estados que los contratan para hacer estudios, y elevar una propuesta que evite el cierre. Explicó que, si bien en un primer momento no se tuvo en cuenta esta posibilidad, ahora se abrió una pequeña rendija para reevaluar esa idea.

“Hay una amenaza, estamos haciendo una propuesta alternativa desde el Centro Regional Andino, en coordinación con los otros gerentes del país, pero aún no tenemos nada escrito, nada oficial. Nosotros defendemos al INA y, en especial, la existencia de este Centro Regional Andino por toda la tarea que viene haciendo desde hace más de 40 años. Creo que Mendoza no se puede dar el lujo de perder al INA porque tiene el orgullo de todo el trabajo que viene haciendo, de toda la información científica que aporta para que los gobiernos tomen decisiones”, afirmó.

Ruiz Freites dijo que, frente a la amenaza de cierre, idearon una propuesta de financiamiento. Foto: Unidiversidad

Sin respuestas

Hay preguntas que nadie contesta y para las que Ruiz Freites tampoco tiene respuestas. Si cierran el INA, ¿quién monitoreará la disponibilidad o escasez de agua? ¿Quién advertirá sobre posibles inundaciones o sequías? ¿Quién analizará la calidad del recurso? ¿Quién evaluará proyectos de envergadura, como un dique? Y en Mendoza, ¿quién medirá y analizará la cantidad de agua que cae y cómo, en qué tiempo y hacia dónde se infiltra? ¿Quién recomendará las medidas a tomar para prevenir aluviones? ¿Quién analizará la disponibilidad de agua para distintos proyectos, entre ellos los mineros? ¿Quién evaluará los procesos de contaminación y remediación? No hay respuestas. O hay una, que también suena como un rumor: la intención es privatizar todos estos estos servicios, en cuyo caso se deberán destinar miles de millones de pesos.

Hay un dato más. La decisión de Nación –aunque no existe confirmación oficial– se toma en medio de las consecuencias del cambio climático, un fenómeno que, aunque lo nieguen el gobierno y el propio presidente Milei, existe y está refrendado por científicos de todo el mundo, según explicó en una entrevista con Unidiversidad Ricardo Villalba, investigador principal del CCT Conicet Mendoza y experto en el tema. Y la muestra más dolorosa para toda Argentina fue lo que ocurrió en Bahía Blanca.

Profesionales del Centro Andino realizan tomas de muestras para evaluar la calidad del agua. Foto: Gentileza INA

Un organismo experto en agua

El INA se creó en 1973, aunque no con la denominación actual, que se estableció en 2001, como un organismo científico tecnológico descentralizado, cuyo objetivo fue –y es– satisfacer los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo y prestación de servicios especializados en el campo del aprovechamiento y preservación del agua.

El organismo cuenta con cuatro centros en el país, que responden a la realidad hidrológica de todo el territorio: Litoral, con sede en Santa Fe, especializado en la zona húmeda de grandes caudales de la cuenca del Plata y el río Paraná; el de Región Semi Árida, ubicado en Córdoba; el de Aguas Subterráneas, en San Juan, y el Andino, en Mendoza, especializado en la zona oeste cordillerana, que depende de las nevadas y los deshielos. A esa estructura se suma el polo Ezeiza, que cuenta con tres laboratorios: el de Hidráulica, que evalúa proyectos de grandes obras (fue contratado para diseñar las esclusas de ampliación del canal de Panamá); uno de Calidad del Agua, que monitorea todos los ríos del país y que –por ejemplo– realiza los estudios de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar); los de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), a partir del conflicto por las pasteras; y el último de Monitoreo de Caudales, que brinda informes periódicos para que los gobierno tomen decisiones con base científica.

Hay un denominador común en todos los centros: albergan instrumental con tecnología de punta y –sobre todo– profesionales, la mayoría científicos y científicas, que saben utilizarlo para la toma de muestras, la posterior evaluación de resultados y para producir informes. Aunque están ubicados en distintas provincias, hacen trabajos para todas las regiones cuando lo requieren, teniendo en cuenta su especialización.

El Instituto tiene en total unos 300 empleados y empleadas y un presupuesto para el presente ejercicio de 8357 millones de pesos, según detalló Ruiz Freites. El mayor porcentaje de ese dinero se destina a pagar sueldos y al mantenimiento edilicio y de los equipos.

En el Centro Andino, ubicado en Belgrano y Lamadrid, trabajan 32 personas especializadas en temas hídricos. Foto: Unidiversidad

La importancia del Centro Andino

Ruiz Freites explicó que en el Centro Andino, ubicado en Mendoza, trabajan 32 personas, 12 empleados de planta y el resto contratados, que, a pocos días del 31 de marzo, aún no saben si continuarán en sus puestos. La mayoría –dijo– son especialistas en temas hídricos, a los que se suman dos administrativos y un ingeniero encargado del edificio, que está ubicado en Belgrano y Lamadrid, de Ciudad. El mismo le pertenece al organismo, pero, a través de convenios, también funcionan oficinas de otras dependencias que aportan para su sostenimiento, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Dirección General de Escuelas (DGE).

Ruiz Freites detalló algunas de las temáticas que abordan desde el Centro: cuentan con un sistema de sensores a lo largo del piedemonte que mide la cantidad de lluvia, con lo que determinan las zonas de riesgo aluvional; tienen unidades de huella hídrica, de riesgo y calidad del agua; otra, relacionada con la actividad agrícola; en breve participarán en la creación de un laboratorio para estudiar temas que relacionen la vitivinicultura y el agua; realizan –contratados por Irrigación– la auditoría técnica de los trabajos de remediación que hace YPF sobre el acuífero de la refinería, donde existe un pasivo ambiental, y trabajan en temas de ordenamiento territorial, además de haber realizado, junto al centro de San Juan, el relevamiento del agua subterránea disponible. En varios de estos proyectos –explicó– trabajan en conjunto con otros organismos científicos, como los institutos nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA),de Tecnología Industrial (INTI), Nacional de Vitivinicultura (INV), Conicet y la UNCUYO. Además, sus informes son solicitados por el gobierno provincial, por los municipales o por empresas, gracias a su rigor científico y técnico.

“Si se produce el cierre del INA y de este Centro Andino, la provincia y la región en general se quedan sin ese bagaje de alta especialización de un organismo de ciencia y técnica que no depende de la política de turno, sino que hace estudios que nos garantizan neutralidad y rigor científico”, expresó.

El abogado especializado en legislación hídrica comentó que, de acuerdo a la escasa información que manejan, el gobierno nacional busca que las provincias absorban a los centros y a sus profesionales. Esta –subrayó– es la decisión que habría tomado el gobierno de San Juan y, en cuanto a Mendoza, explicó que, si bien hubo algunas conversaciones con funcionarios del Ejecutivo y del Departamento General de Irrigación (DGI), no hay ninguna decisión al respecto.