El gobierno de Alfredo Cornejo denunció a la expareja gubernamental Francisco "Paco" Pérez/Celina Sánchez por enriquecimiento ilícito, luego de que se conociera su declaración jurada, en la que se incluía un departamento valuado en 300 mil dólares en las distinguidas Torres Agustinas. La propiedad está a nombre de la esposa del exgobernador, Celina Sánchez, y fue adquirida en 2013 a la empresa OHA, que es licitataria de obras del Estado, como el edificio de ATM.

Hay un detalle de una clave oculta en la denuncia, según revela hoy MDZ Online. Dice el periodista Edwards Gajardo al respecto: “Las declaraciones juradas que publicó la Fiscalía de Estado serían la forma perfecta para avanzar con la idea de atacar la corrupción y de ahí dejar abierta la opción de un Jury contra quienes, según la visión radical, 'la defienden' en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. Por eso no fue una cuestión menor que la vicegobernadora dejara claro que quienes no investiguen o denuncien 'irregularidades' están incurriendo en el artículo 277 del Código Penal por el delito de encubrimiento”.

Como si fuera una maqueta, en Mendoza se han precipitado estos casos de política vernácula que concuerdan con la tendencia nacional.

Por un lado, denuncias por corrupción a un exgobernador, cuestión que no tiene registro en este último período democrático. El caso es coherente con la sucesión de denuncias y avances judiciales contra referentes K y vinculados con la familia Kirchner.

Por el otro, el massismo incide oportunamente en la coyuntura en casos que mantienen en vilo a la opinión pública. De este modo, como en la Nación, la fuerza de Sergio Massa “existe” obligando al oficialismo (del cual es parte o aliado) a frenar en su recorrido y rever su postura.