Mendoza acordó con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) –ex Renar– la entrega de 7000 armas judicializadas para su destrucción. En apenas seis meses, se logró registrar 3500 en el Poder Judicial, utilizadas en delitos, y otras 3500 en el Ministerio de Seguridad, que corresponden a una baja de dotación policial, según fuentes oficiales. El convenio también dispone que las personas procesadas por violencia de género no puedan ser autorizadas a tener o portar armas de fuego.

Desde julio de 2016, el Gobierno provincial decidió incorporar armas judicializadas decomisadas al registro de la Anmac y ahora busca reducir la cantidad de delitos mediante el desarme. Esta destrucción de armas que se encuentran en los depósitos de la Oficina de Secuestros forma parte del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, al que Mendoza adhiere desde 2007. También serán destruidas 3500 que provienen de una dotación policial, debido a que el armamento de la Policía está siendo renovado y esas armas en desuso se destruirán para que no se desvíen al mercado ilegal.

La firma de la Acordada N.º 28134 en el Poder Judicial de Mendoza fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo; la presidenta de la Anmac, Natalia Gambaro; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Pedro Llorente; el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino; el juez de la Corte José Valerio y el Procurador general de la Corte, Alejandro Gullé.

El convenio también establece el compromiso de brindar mensualmente al ex-Registro Nacional de Armas de la República Argentina (Renar) un listado de personas involucradas en investigaciones judiciales relacionadas con tenencia o portación ilegal de armas. En este sentido, Gullé destacó que "hay una cláusula por la cual el Ministerio Público se compromete a comunicar, en los casos de violencia de género, a la Anmac para evitar que a esas personas se les pueda otorgar la tenencia o portación de armas” antes de ser sobreseídas o absueltas de la causa.

En tanto, Gambaro afirmó que es la segunda vez que Mendoza entrega a la Nación armas para su destrucción. "La idea es que este mecanismo sea un proceso permanente para que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público estén en contacto directo. En la medida en que los jueces vayan resolviendo los casos y las fuerzas de seguridad incauten armas, habrá cada vez menos armas en Mendoza”.

A esto adhirió Cornejo al asegurar que "estas son medidas básicas que se deberían hacer de manera sostenida y sistemática para tener resultados alentadores en materia de seguridad". Además, el mandatario sostuvo que "a menor cantidad de armas, menor cantidad de delitos” y que trabajan "en la reducción de los índices de inseguridad con cosas sencillas, de sentido común, para detener a las personas que violan los principios básicos de la convivencia".