La violencia de género, cuya consecuencia más grave son los femicidios, está en agenda cada vez más. Laura Chazarreta repasó la situación provincial al respecto y remarcó la necesidad de capacitar a todo el personal del Estado: “Yo siento que hay mucha resistencia al reconocer la violencia y desigualdades”.

La integrante de Ni Una Menos Mendoza y diputada provincial por el Frente de Todos relató en una entrevista con radio Elevediez que a partir de la reactivación de la Bicameral de Seguridad, se reforzó el pedido para la conformación de una comisión especial de género. El proyecto fue presentado el 9 de marzo del año pasado y aún no se le da tratamiento.

Esta comisión, continuó la diputada, no tendría que ser especial sino permanente, como la mayoría de las comisiones. “Pensemos que Mendoza está en el cuarto lugar en violencia de género”, dijo refiriéndose al informe de la línea 144. En cantidad llamados a la línea de asistencia, Mendoza solo se ubica por debajo de Buenos Aires, CABA y Santa Fe. 

Fuente: Informe Línea 144

Esta propuesta se enfoca en actuar sobre la desigualdad existente para prevenir la violencia. Es decir, en generar “políticas que eviten los femicidios y no que terminemos actuando después de que asesinen a nuestras mujeres y adolescentes”. 

Además explicó que este miércoles 10  “se votó la preferencia con despacho, que significa que se le dé prioridad para que se pueda dar el tratamiento en la sesión y así realmente se pueda conformar la comisión”.

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Chazarreta aseguró que desde el Estado se deben tomar cartas en el asunto y capacitarse seriamente para poder atender las demandas concretas: “Estamos hablando de las desigualdades, de las violencias que sufrimos las mujeres, diversidades, niños y niñas en toda la provincia”. 

A nivel local, el femicidio de Florencia Romano, cometido en diciembre de 2020, es un ejemplo de la inacción estatal. “Hablamos del crimen del Estado”, puntualizó la integrante de Ni Una Menos, ya que había una llamada al 911 pidiendo asistencia policial por una emergencia y la policía nunca llegó. El femicidio de Úrsula Bahillo, en la provincia de Buenos Aires, volvió a poner el tema en agenda. 

La responsabilidad se colocó por completo en la trabajadora administrativa de la línea que hizo caso omiso al llamado. Chazarreta relató que pidieron conocer el protocolo del 911 ante casos de violencia machista del Ministerio de Seguridad: “Nos dijeron que había un solo protocolo de emergencia para todos los llamados. Es decir, que no tienen un protocolo para la violencia de género”.

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Otro obstáculo radica en el Poder Judicial. La ley 26 485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres existe desde el 2009. A pesar de que su aplicación es obligatoria, “no la utilizan en la Justicia o la utilizan poco y la excusa es que no han hecho una capacitación (...) tienen que haber personas que estén capacitadas”, como establece la Ley Micaela, sostuvo Chazarreta. 

“Cómo puede ser que no tomen en cuenta las pruebas o las pericias de mujeres ante violencia y todavía sigan pidiendo testigos. Habla de lo absurdo, cuando sabemos que un gran porcentaje de la violencia de género sucede en el ámbito privado y no hay testigos”, criticó la diputada.

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