En Argentina hay más de 4100 asentamientos, de los cuales 205 están en Mendoza. Nuestra provincia se ubica quinta a nivel nacional, detrás de Buenos Aires (1612), Santa Fe (333), Chaco (264) y Misiones (243). Casi la mitad de las villas miseria del país, incluida Mendoza, brotaron después de 2000 y explotaron tras la crisis de 2001. Lejos de reducirse en los últimos años, pese a la promesas de los diferentes gobiernos de turno, la precariedad habitacional no ha parado de crecer. La Anses otorgará un certificado que permitirá a las familias facilitar el trámite para acceder a los servicios básicos de manera formal.

Si se agruparan todas las villas del país en un mismo territorio, se conformaría un área más grande que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (330 km2).

En nuestra provincia hay un asentamiento cada 9406 habitantes, una cifra alarmante frente a la realidad de las jurisdicciones limítrofes. En la región de Cuyo, San Juan posee 29 villas (una cada 26 069 habitantes), mientras que San Luis alcanza las 23, es decir, una cada 21 271 habitantes.

En las primeras posiciones del ranking nacional, sin embargo, está ausente Córdoba, la segunda provincia más poblada del país (3 645 321 de habitantes al 2017, según el Indec). Sólo se registraron 172 asentamientos (uno cada 21 194 personas), lo que demuestra que Mendoza está entre las de peor índice de asentamiento por número de habitantes del país.

 Casi la mitad de las villas nacieron después de 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a 2010. En tanto, de 1 340 272 personas relevadas, el 38 % son niños o jóvenes de hasta 20 años y el 3 % son mayores de 65 años.

El decreto 358/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial este lunes 22, incluye a "urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, con precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación de dominio irregular en la tenencia del suelo". El relevamiento nacional de barrios populares fue realizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros junto con distintas organizaciones sociales, como Techo, Cáritas y Barrios de Pie, entre agosto de 2016 y mayo de 2017.
 

Certificado de vivienda familiar

A partir del 8 de junio, la Anses entregará un “certificado de vivienda familiar” para que las personas que viven en los asentamientos puedan regularizar el acceso a servicios básicos de manera formal. Sin embargo, no tiene valor en términos de título de propiedad.

Según el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde septiembre del año pasado ya fueron visitadas 3725 villas de las 4100 que hay en el país, y se identificó la situación de 402 114 familias y 1 340 272 personas.

En un año electoral, el Gobierno destacó que es el primer relevamiento barrio por barrio en todo el territorio nacional. Funcionarios explicaron a Infobae que “la realidad estaba escondida” y que ahora “podrá transformarse la realidad” de las miles de personas que habitan en viviendas informales.

Consultado por este portal, desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social no contaban con datos oficiales para aportar a esta nota sobre la situación de la precariedad habitacional en Mendoza.