Argentina fue el primer país sudamericano en equiparar los derechos de las parejas conformadas por personas del mismo sexo con los de las parejas heterosexuales. Casi tres años después  le siguió Uruguay, cuando el pasado 11 de abril el parlamento charrúa también decidió inclinarse a favor de la inclusión.

Sin dudas, el antecedente argentino influyó para que la mayoría de los legisladores uruguayos levantaran la mano en apoyo a la iniciativa igualitaria que estuvo defendida durante todo el proceso legislativo por activistas de ambas naciones. La idea es que este impulso democrático continúe haciéndose extensivo en el resto de la región, en donde países como Bolivia, Colombia, México y Brasil ya dirimen el tema en la esfera pública y/o en los recintos parlamentarios.

La sociedad que se propone la ampliación de los derechos a favor de la diversidad sexual, entiende que debe librar una verdadera batalla de ideas contra los poderes religiosos  y políticos conservadores, obstinados en frenar las trasformaciones sociales a que los tiempos y las realidades humanas obligan.

De hecho, el proceso social que condujo a la Argentina hacia la legislación inclusiva, evidenció hasta qué punto, aun en plena democracia, la Iglesia católica y sus representantes laicos están prestos a combatir las realidades que no respondan a sus mandatos de exclusión.

El camino es arduo, pero promete. En Argentina, el matrimonio igualitario se convirtió en la llave que le abrió la puerta a más derechos para la comunidad LGTTB (lesbianas, gays, travestis, trans y bisexuales). Un año después de aprobado el casamiento para personas del mismo sexo, el Congreso Nacional –ya con algunos reparos menos que los presentados en 2010, aunque con la misma intensidad– logró sancionar la Ley de Identidad de Género, orientada a incluir socialmente al sector más vulnerado del colectivo.  

Es que el reconocimiento legal a la identidad de las personas que no se sienten identificadas con la que se les impuso al momento de nacer, de acuerdo a parámetros biologicistas, habilita el acceso a derechos fundamentales para la integridad humana, como son la salud, la educación y el trabajo, cuestiones tan simples como negadas por los condicionamientos culturales que sufren travestis y  personas trans a lo largo de su historia.

Mientras más derechos, más democracia. En vista de que las inequidades para este sector han sido acarreadas históricamente, la Ley de Matrimonio Igualitario demostró claramente que el camino hacia la plena igualdad y la justicia social no tiene punto de llegada sino que invita a avanzar sobre todo lo que falta.

Se trata de progresar sobre el plano cultural, además del legal, en donde la evolución de las perspectivas sociales e individuales funciona como fuente de energía del cambio de paradigma manifestado aquel 15 de julio de 2010.

 

Por casa también se empieza

Así lo entendieron por unanimidad los legisladores mendocinos que el pasado 16 de abril decidieron convertir en ley el proyecto de los diputados kirchneristas Marina Femenía y Lucas Ilardo para instaurar esa fecha en el calendario conmemorativo de la Provincia.

La flamante ley que establece que el 15 de julio sea “Día Provincial del respeto a la Diversidad Sexual e Identidad de Género”, dispone en su articulado que la Dirección General de Escuelas (DGE) organice sobre esa fecha y en todos los niveles educativos, “jornadas de reflexión y distintas actividades culturales, recreativas y formativas, a fin de ayudar a generar respeto y conciencia sobre la riqueza de la diversidad, el derecho a la igualdad y en contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.”

Los argumentos de la propuesta convertida en norma son los de reivindicar la trascendencia del hito histórico para la democracia argentina que constituye “la sanción de la ley 26618 de Matrimonio Igualitario”, y enfatizar “la importancia de la aprobación de la Ley 26743 de Identidad de Género, basada en que toda persona tiene derecho al reconocimiento de la Identidad de su Género, tal como la siente, corresponda o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”, dice su letra.

La medida, enfocada principalmente en el ámbito educativo, será la clave para continuar construyendo sentido de inclusión y justicia sobre todas las personas. Así como el Matrimonio Igualitario de Argentina alecciona a las sociedades latinoamericanas que se precien de democráticas, la conmemoración de la fecha de su conquista debería replicarse en todas las provincias del país y de la misma manera: visibilizando en las escuelas todas las realidades sin discriminación y reivindicando la lucha por sus derechos: los ganados y los que faltan.