Mendoza comienza a colocar la cuarta dosis de la vacuna contra la Covid para mayores de 18 años

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La ministra recordó que “esta situación se agrava doblemente porque las personas que asisten al sistema público son aquellas que tienen cobertura exclusiva estatal, de manera que hoy se ve afectada la salud de aquellas personas que resultan ser más vulnerables”. Teniendo en cuenta que la situación se ha vuelto “un abuso en la posición dominante respecto de la especialidad de anestesiología por parte de la asociación que nuclea a dichos profesionales”, se solicitó declarar la emergencia en la especialidad durante 18 meses. De esta manera, el Estado busca garantizar el servicio para todas las personas que asisten al sistema público y que no cuentan con cobertura sanitaria privada.

Las presiones ejercidas por estos profesionales de la salud y la falta de empatía hacia los pacientes, que se han visto amenazados por la suspensión o el atraso de sus intervenciones, llevaron a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, a elevar la iniciativa para que sea tratada con urgencia en la Legislatura. “Este grupo de profesionales pretende una posición de privilegio respecto de otros profesionales de la salud que realizan tareas de igual o mayor criticidad y complejidad, pretendiendo no solo recibir salarios diferenciales, sino también privatizar el servicio de anestesia, lo que pone en riesgo cierto la salud pública en nuestra provincia”, agregó la ministra.

Nadal dejó en claro que “la privatización de este servicio no solo implica perder la gestión de la salud pública en anestesia, sino también un costo financieramente insustentable, que significa el 139 % más que lo que hoy se invierte en anestesiología y concentra las ganancias en un grupo reducido de profesionales”.

Según datos relevados por el Ministerio de Salud, existen en la provincia 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes. Además, este año, 68 profesionales han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigentes en el subsector público.

“Asimismo, en la actualidad, muchos de estos profesionales poseen sueldos diferenciales respecto a otros profesionales de la salud, situación que buscamos no profundizar accediendo a los mecanismos de presión de la asociación que los nuclea, establecidos mediante la renuncia de prestadores de servicios de anestesia y, en algunos casos, de profesionales de planta”, informó Ana María Nadal. Profesionales residentes de la especialidad también se han visto afectados con las medidas monopolizadas del gremio que los nuclea, ya que “se niegan a proceder a la formación de los mismos”. En la provincia hay 768 anestesistas residentes que no pueden completar sus estudios debido a esta situación.

Por ello, en el marco de la emergencia, el proyecto también busca que la corporación de anestesistas deje de fijar “los cupos de formación y los aranceles cobrados por dichos profesionales, que producen un detrimento en las prestaciones de servicios”. Finalmente, Nadal informó que el lunes se reunirá con los jefes de bloque de la oposición y pidió que todos los legisladores acompañen la iniciativa, ya que se trata de un proyecto “para todos los mendocinos”.

En qué consiste el proyecto

La iniciativa establece la declaración de emergencia en la especialidad de anestesiología por el plazo de 18 meses, y se amplía el plazo para efectivizar las renuncias de los profesionales que así lo requieran de 30 a 120 días. También faculta al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a convocar a anestesiólogos con matrícula vigente para realizar prácticas anestésicas, incluidas guardias de semana y fines de semana, siempre que hayan tenido una vinculación con el Estado en los últimos cinco años.

Por último, faculta al Ministerio a arbitrar los medios tendientes a implementar estrategias de formación y capacitación de recurso humano en prácticas de anestesia y/o de otros profesionales relacionados con especialidades críticas.

El derecho a la salud, garantizado por la Constitución y los tratados internacionales

“La salud ha sido reconocida en el ámbito nacional e internacional como un derecho humano fundamental, inherente a la dignidad humana, de forma tal que el bienestar físico, mental y social que pueda alcanzar una persona constituye un derecho que debe ser garantizado”, señala el proyecto con el que se busca declarar la emergencia en el área. Acceder al derecho a la salud fue consagrado constitucionalmente a través del artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, que incorporó con jerarquía constitucional tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. También el artículo 42 de la Constitución Nacional estableció, entre otros, el derecho “a  la  protección  de  la  salud” y  en  “condiciones  de  trato  equitativo  y digno”.

Asimismo, la Ley 26529 establece como un derecho esencial el “derecho a ser asistido por los profesionales de la salud”. También indica que el profesional actuante solamente podrá eximirse de su deber de asistencia “cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente”.

Otra ley que hace referencia a la labor de los profesionales de la salud es la 17132  (Ley del Arte de Curar). Establece que los profesionales que ejerzan la medicina están obligados a: “prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias, en caso de epidemia, desastres u otras emergencias”. Por último, el acceso a la anestesia segura para toda cirugía constituye un derecho esencial básico, de acuerdo con la Asamblea Mundial de la Salud.

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