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En la víspera del inicio del segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrollará en la provincia, y el primero en la capital mendocina, el abogado de Derechos Humanos Diego Lavado dialogó con NU Digital sobre este nuevo proceso judicial al que él considera como “un paso más en la consolidación de la democracia”.
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El segundo juicio oral y público comenzará este miércoles a las 9 hs en tribunales federales de esta ciudad por donde pasarán alrededor de 300 testigos a lo largo de un debate que, según se estima por la cantidad de testimonios, se extenderá seis meses. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 será el encargado de llevar adelante el proceso.
“La idea es que sea un juicio tranquilo donde se respeten las posiciones y las garantías de todas las partes, ustedes saben que nosotros somos los abogados de las familiares de las víctimas y pero por el otro lado están los defensores de los imputados y en el juicio de acá queremos que se redite el clima que hubo en San Rafael”, dijo Lavado a este medio en el marco del foro realizado ayer en la Legislatura provincial para reflexionar sobre la importancia de juicios de lesa humanidad.
Explicó que en el primer juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en la provincia, y sobre el que hoy se conocerán las condenas, “había un clima de mucho respeto mutuo, no solamente entre las partes sino también entre los familiares de las víctimas”.
El juicio se iniciará sin la presencia de Menéndez, principal imputado y ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, debido a otro proceso en Córdoba que le impide concurrir a Mendoza.
Sobre este tema, el letrado precisó que “este señor está imputado en todas las causas por delitos de lesa humanidad, por el cargo institucional que cumplió en la dictadura, y esto hace que esté imposibilitado de asistir a todos los lugares donde se los juzga, porque a veces se trata de juicios simultáneos. La prioridad la tienen los que primero hicieron los requerimientos”.
Pero aseguró que “pasará por tribunales federales y que recibirá su condena”, y subrayó “ya pasó por Córdoba, por Tucumán, pero acá el juicio no puede seguir retardándose por la situación de esta persona”.
Según explicaron los abogados que integran la querella a medios locales, el juicio que empieza presenta un total de diez imputados, y la totalidad de ellos está en libertad "por resolución del juez federal Julio Petra Fernández", quien fuera denunciado por el Consejo de la Magistratura por haber liberado a los involucrados.
Además de Menéndez, los acusados son: el ex coronel interventor en Mendoza Tamer Yapur; el ex jefe de Inteligencia de Ejército Paulino Enrique Furio; el ex comisario general (re) Juan Agustín Oyarzabal como segundo jefe del ex D2; el ex policía del ex D2 Celustiano Lucero; los comisarios (re) Eduardo Smaha Borzuk y Armando Fernández Miranda; el ex general Mario Lépori; el ex oficial de la policía mendocina, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Juan Pablo Saa y Dardo Migno.
Las víctimas
De las 19 causas, donde se investiga la situación de 32 víctimas, se destaca la muerte del periodista y poeta santafesino radicado en nuestra provincia, Francisco “Paco” Urondo, quien murió de dos balazos en la cabeza en un supuesto enfrentamiento en el departamento de Guaymallén, el 17 de julio de 1976. Aunque otra versión asegura que el poeta alcanzó a ingerir una pastilla tóxica antes de ser alcanzado por los represores.
Otras del las víctimas son Lidia De Marinis, secuestrada de su vivienda de esta ciudad por un grupo comando, siendo madre de un bebé el 4 de julio de 1976; los estudiantes de Psicología María Alvarado y Juan Gutiérrez, de la vecina provincia de San Juan y que estudiaban en Mendoza; y Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera, psicólogos secuestrados el 12 y 13 de julio en diciembre de 1977, entre otros.
Consultado por los expectativas principales del juicio, Diego Lavado expresó que se espera que “finalmente haya una respuesta institucional por parte de la Justicia respecto de estos crímenes; y después, algo muy importante para los familiares, que se obtenga alguna información sobre el destino final de los cuerpos de las personas que están desaparecidas”.
El letrado destacó que “si estas dos cuestiones fundamentales se lograran realmente habría una respuesta plena a la espera que ha habido de parte de los familiares de las víctimas durante más de 34 años”.
Para concluir el abogado opinó además que más allá de la dilación de la justicia por iniciar estos procesos, “la apertura de un nuevo juicio se dirige a la consolidación democrática”
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