Se trata del tercer juicio de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia. El primero fue a fines de 2010 y tuvo su sentencia contra los genocidas en el departamento de San Rafael. Mientras que el 6 de octubre de 2011, en el segundo juicio, se condenó a otro grupo de represores en la Ciudad de Mendoza.

El juicio que comenzó el 2 de agosto en el Tribunal Federal Nº 1 (TOF) contempla seis causas que están integradas por 28 víctimas.  Las denuncias se basan en los crímenes perpetrados en el marco del  plan de exterminio y desaparición forzada que llevó adelante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional” implementado por los jerarcas de la dictadura cívico militar en la Argentina entre 1976 y 1983.

En la causa hay cuatro detenciones ilegales, 23 casos de secuestro y desaparición de personas y la posible apropiación del hijo de Gladys Castro, quien al momento de su secuestro presentaba un embarazo de seis meses.

Suman 10 los imputados de este tercer juicio, aunque sólo tres estuvieron presentes en la primera audiencia mientras que los restantes participaron a través de teleconferencia, con excepción del ex policía Paulino Furió que se vio eximido de asistir a causa de argumentos médicos.

Los acusados presentes fueron Aldo Bruno Pérez, Fernando Morellato Donna y Ricardo Benjamín Miranda Genero, quienes se desempañaron durante los años dictatoriales en la Policía de Mendoza. A través del sistema de teleconferencia – por razones de residencia fuera de la provincia y por estar cumpliendo penas por otras causas de la misma índole – presenciaron la audiencia los ex militares Dardo Migno Pipaon, Alcides Paría Francisca, Juan Antonio Garibotti, Juan Agustín Oryazábal, Armando Fernández Miranda y Ramón Ángel Puebla.

La parte acusatoria está compuesta por querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de los abogados Pablo Garciarena y Fernando Peñaloza; el Gobierno de Mendoza  representado por la subsecretaria de Derechos Humanos María José Ubaldini, la subsecretaria de Justicia Romina Ronda y el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos Guillermo Elizalde; la Fundación Ecuménica con los abogados Viviana Beigel y Pablo Salinas; la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la querella particular del sobreviviente Roberto Vélez. Mientras que la mayoría de los imputados cuenta con defensores oficiales.

Todavía no puede precisarse la fecha de la sentencia, ya que se trata de un proceso largo debido a la cantidad de causas que lo conforman. Se estima que serán aproximadamente 140 testimonios los que  se escucharán durante  el juicio cuyo tribunal está constituido por los jueces Juan Antonio González Macías – encargado de presidirlo -, Antonio Burad, Alejandro Nocceti Achaval y Jorge Picarenco.

Durante la primera jornada de la querella se solicitó la detención de los imputados y la ampliación de las acusaciones a “homicidio agravado por alevosía con la participación de dos o más personas, además de asociación ilícita”, ya que hasta el momento se los culpa únicamente de “privación ilegítima de la libertad agravada”. Aun se espera que el TOF se expida al respecto.

Según informaron desde la Fiscalía Federal a cargo de Dante Vega  y el grupo de abogados querellantes, existen expectativas de que los testimonios y las investigaciones que tengan lugar en este nuevo juicio permitan develar con precisión las características propias del plan sistemático de desaparición forzada de personas en la provincia, como así también la complicidad eclesiástica y civil en dicho proceso. 

Esto se dejó entrever  durante la lectura de la elevación a juicio que tuvo lugar en la primera audiencia, especialmente en la causa que incluye la privación de la libertad y torturas contra Oscar Guidone, Roberto Vélez y Martín Lecea. En relación a esto se destaca el caso de Oscar Guidone quien -mientras estaba secuestrado- solicitó permiso para contraer matrimonio con su compañera. Luego que el pedido fuera otorgado, la boda se desarrolló en el despacho del agente de inteligencia Dardo Pipaon y bajo la bendición religiosa de monseñor Rafael Eleuterio Rey.

Cabe señalar que el cura fue  convocado a declarar en el juicio pasado por su participación en la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada de Montaña y por su rol protagónico dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica en la provincia durante los años del terrorismo de Estado.

Bajo este marco y con la intención de profundizar en las investigaciones  que permitan probar las intenciones de exterminio sobre los militantes políticos que se opusieron al régimen dictatorial en aquellos años, se remarcó durante la lectura de las causas “el perfil político ideológico de las víctimas, considerado central en las reconstrucciones de los hechos”, según detallaron los investigadores y periodistas que cubren el proceso para el blog de los organismos de Derechos Humanos de la provincia.