En 2005, el gobernador provincial presenció los festejos de la Revolución de Mayo en La Consulta, San Carlos. Algunos hechos lo inquietaron: vecinos que se acercaron a entregarle un petitorio titulado: “El Pueblo quiere saber de qué se trata”, y jóvenes desfilando con pancartas: “No a la mina” y “Agua es vida”, en medio del desfile cívico-militar.

Aquel día emergía en el espacio público un conflicto que venía gestándose desde 2003. Camionetas y geólogos realizando exploraciones cerca de la “Laguna del Diamante”, habían generado expectativas laborales en la población local. Hasta que llegó la noticia de que, en otra localidad, Esquel, habían rechazado un proyecto minero de oro ¿Qué era la minería metalífera a cielo abierto? ¿Qué consecuencias tenía? ¿Qué era el cianuro? Las mismas preguntas resonaban en el Valle de Uco, y lo sucedido aquel 25 de mayo advertía que el conflicto llegaba para quedarse.

La comunidad de Esquel había logrado instalar su voz en la controversia sociotécnica suscitada sobre el uso de cianuro en la minería metalífera a cielo abierto (o “megaminería”). Los expertos contratados por la empresa minera garantizaban que esta sustancia no generaría riesgos, pero ello fue contrarrestado por otros expertos, de universidades públicas, que integraban o acompañaban a la asamblea de vecinos de Esquel ¿Había entonces dos realidades posibles? ¿Diferentes percepciones del riesgo? O quizás… ¿información científica reunida en función de determinados intereses?

Aparece entonces “la incertidumbre”, inherentemente vinculada a las consecuencias que puede tener un proyecto sobre el ambiente. No todos los factores de riesgo se pueden mensurar, ni todos los impactos se podrán prevenir, mitigar o compensar. ¿Cómo explicamos sino el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, considerado uno de los mayores “accidentes” ambientales de Argentina? ¿Fue un “accidente” puntual, un “error humano”, o es parte de aquellos factores “imprevisibles”, es decir, una incertidumbre bajo la cual deberemos decidir si el proyecto se hace -o no-?

La población mendocina que rechazó la megaminería, lo hizo en base a información sistematizada en Esquel, y por ella misma, en colaboración con expertos –maestrxs, profesorxs, profesionalxs, etc.-, integrantes de sus organizaciones o colaboradores. Aprendieron a leer y analizar informes de impacto ambiental (IIA), a combinarlos con sus saberes locales y a ampliar los canales participativos donde dar el debate.

También realizaron cortes de ruta informativos, movilizaciones y otras acciones consideradas por algunos “irracionales, extremas y/o radicalizadas”. Pero previamente, habían intentado obtener información de sus autoridades de gobierno, las cuales no dieron respuesta, o mostraron escaso conocimiento sobre megaminería, ante lo cual, la población se preguntaba: ¿se puede controlar una actividad que no se conoce?

La resistencia a la megaminería se organizaría también en General Alvear, Uspallata y otros territorios de la provincia, y ganaría escala provincial conformándose la AMPAP (Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura), cuyo accionar fue central para la sanción de la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería, y determina que el permiso ambiental que da el poder ejecutivo (la “DIA”: declaración de impacto ambiental) debe ser ratificada por la legislatura, entre otros elementos que amplían el debate y los actores implicados. No debemos olvidar que el cuestionado proyecto San Jorge fue rechazado en la legislatura gracias a este procedimiento.

Mendoza, en el debate sobre megaminería, es un caso ejemplar de ampliación de los espacios donde las “controversias sociotécnicas” se pondrían en evidencia. Se abrieron instancias de debate en la Legislatura provincial, universidades nacionales y foros temáticos en diversas localidades provinciales. La Universidad Nacional de Cuyo generó un informe crítico e integral del proyecto minero San
Jorge.

A diferencia de otras provincias, donde la vía institucional del conflicto no es posible debido a la corrupción y el silenciamiento de voces disidentes, en Mendoza estos espacios constituyeron momentos claves donde el debate y la expresión social tuvieron lugar, como en la Audiencia Pública de San Jorge (Uspallata), que duró 14 horas, un hito a nivel nacional.

Pero lo acontecido en relación al fracking fue un duro revés para esta experiencia de institucionalidad ambiental puesta en práctica y de construcción de debates sociales. En 2017, la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fractura hidráulica comenzó en Malargüe. Una actividad -el fracking- que divide al mundo entre países y regiones que lo promocionan, y aquellos que lo
prohíben por sus impactos socioambientales (ver http://www.unidiversidad.com.ar/consideraciones-juridicas-sobre-el-fracking-antonio-embid-irujo?utm_campaign=canal_academico&utm_term=59 ), no contó en Mendoza con evaluaciones ambientales que permitieran analizar con la mayor rigurosidad posible sus impactos, sino que fue permitido mediante “aviso de proyecto”, figura existente para actividades consideradas de escaso impacto o magnitud.

La audiencia pública del fracking fue realizada luego de iniciarse la explotación - aun cuando la legislación ambiental existente determina que es previa-. Informes favorables a la actividad, como el de la Universidad Nacional de Cuyo, fueron realizados sin que se puedan conocer sus autores (nadie lo firma, es decir, “nadie” es responsable). Además, las voces críticas fueron rápidamente acusadas de
mentirosas y de generar pánico, y acciones como impedir el paso a los camiones con insumos para la explotación -realizada en San Carlos- fueron amedrentadas con la presencia de miembros de Gendarmería Nacional en instituciones educativas, hechos inusuales en Mendoza.

Conclusión: la parte mendocina de la formación “Vaca Muerta” se comenzó a explotar con el camino de los permisos ambientales totalmente allanado y el debate social duramente acallado. Queda analizar los impactos a largo plazo del rápido avasallamiento de una institucionalidad ambiental mendocina de larga data, y de los canales participativos que previamente garantizaron la existencia de un
debate científico y social sobre las potencialidades del desarrollo provincial.

¿Por qué? Una clave es la temporalidad: el fracking se instaló rápidamente con una administración que facilitó su inicio sin limitaciones (incluso sin las evaluaciones necesarias). Otra es la existencia del “consenso fósil”, denominación que da el Observatorio Petrolero Sur, al entramado de sectores de poder que favorece la continuidad de una matriz energética dependiente de los combustibles fósiles, demorando así el necesario debate sobre la transición energética.