La audiencia comenzó con la lectura de la Resolución del Tribunal especialmente constituido para tratar la recusación presentada por los defensores Juan Day, Ariel Civit, Corina Felhmann y Carlos Reig, contra el juez y miembro del tribunal Juan Antonio González Macías. El Cuerpo, en este incidente, fue integrado por Alejandro Piña y Raúl Fourcade, más Gretel Diamante, designada para la ocasión por la Cámara de Casación Penal.

La recusación fue rechazada con las firmas de los tres magistrados. Entre los argumentos se destacó que a los defensores de los procesados “no les asiste la razón, porque estuvieron motivados en una cadena de eventualidades y terminaron conformando un aventurado de conjeturas”. Entre esas conjeturas sorprendió una, esbozada por el doctor Day, acerca de que González Macías, por haber asumido en 1983, durante el fin de la Dictadura, podría ser querellado por los Organismos de Derechos Humanos, con lo cual estaría condicionada su necesaria imparcialidad.

Al respecto, es importante señalar que no existe un solo antecedente de presión por parte de los Organismos hacia algún juez que intervenga en delitos de lesa humanidad. Por otra parte, mal podría ser acusado González Macías cuando es conocida su trayectoria, en la que se destaca que se opuso a la ley de Obediencia Debida que dio paso a dos décadas de impunidad, argumentando su inconstitucionalidad.

Cabe destacar también que en la pretensión de entorpecer, el defensor de Otilio Romano, Ariel Civit, primero intentó recusar a la jueza Gretel Diamante, miembro del Tribunal de San Luis, con débiles argumentos, de modo que los magistrados se vieron en la obligación de incluir, en la resolución, los considerandos del rechazo a esa recusación para poder integrar el Tribunal. El mismo, finalmente, decidiría la inadmisibilidad del planteo contra González Macías, argumentando que no medió un hecho grave con afectación de la imparcialidad del magistrado cuestionado.

Subsanados los escollos que colocan en debate, una y otra vez, los defensores particulares de los imputados, se leyó lo decidido por el Tribunal en relación con los testigos por ellos propuestos. Inmediatamente después, se retomó la etapa de testimonios.
 

Sobre el profesor Mauricio López

Carlos López es uno de los hermanos del recordado docente Mauricio Amílcar López, exrector de la Universidad Nacional de San Luis. El testigo hizo una breve referencia a la trayectoria de su familiar, quien se recibió de profesor de Teología y de Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo. Vivió un tiempo en Francia, donde fue secretario general del Consejo Mundial de Iglesias. En el país europeo, en el que estuvo 15 años, se doctoró en La Sorbona. Al retornar a la Argentina, primero estuvo al frente de la Juventud Cristiana de América y luego fue designado rector de la Universidad de San Luis.

Carlos no le conoció ningún tipo de militancia a Mauricio, ni filiación partidaria. Sí supo que el 24 de marzo de 1976 fue cesanteado en el cargo de la casa de altos estudios y le prohibieron salir de San Luis por 30 días. Después regresó a Mendoza y, por encargo de la ONU, se puso al frente de la atención a los ciudadanos chilenos que llegaban a la Provincia, escapando de la dictadura de Pinochet. Mauricio López trabajó codo a codo junto con la pastora Alieda Verhoeven, holandesa, en la Iglesia Metodista.

El Año Nuevo del 77 encontró a los López en la casa de Carlos. Ahí estuvieron hasta las 3 de la mañana del 1.º de enero en una fiesta familiar con la clásica guitarreada. Retornaron a la casa paterna y allí estaban ya todos durmiendo cuando tocaron el timbre. “Telegrama para la familia”, dijeron y como no les abrieron, derribaron la puerta a patadas.

Ingresaron a la casa varias personas, algunas uniformadas y otras de civil, todos armados. Ataron de pies y manos a los hermanos Osvaldo y Marta y a su mamá. A Mauricio se lo llevaron y un sobrino de 13 años, que creyó que lo buscaban a él, se escondió en la terraza y desde ese lugar observó todo. En un Falcon cargaron al profesor López y en un Peugeot 504 se llevaron todo lo que encontraron a su paso, incluido el dinero.

Carlos, que se había quedado en su casa, fue avisado a las 7 de la mañana. Desde entonces fue uno de los hermanos, Raúl, quien se encargó de las averiguaciones y las presentaciones de los Habeas Corpus no contestados y las denuncias policiales no investigadas.

A los pocos días del secuestro, la familia recibió una carta, escrita por Mauricio. En ella decía que lo estaban tratando bien y pedía paciencia a sus seres queridos. Para Carlos, esa carta era como una despedida. Nunca creyeron en el remitente, que decía AADAL, ni que hubiera sido enviada desde Chile. El abogado Carlos Varela, del MEDH, le explicó que esas siglas seguramente correspondían a Alianza Anticomunista de América Latina.

Por Mauricio López hubo reclamos desde todo el mundo, incluso hasta del presidente de Estados Unidos, James Carter, pero nunca respuestas. Fue visto en el CCD Las Lajas, probablemente su último destino. Ante la inquietud del fiscal Dante Vega, Carlos López expresó que “es difícil entender lo que le hicieron. Él siempre se dedicó a la educación y a la Iglesia. Era muy sociable, franco, sencillo y trabajaba mucho con los pobres”.
 

La Justicia Federal, “desaparecida”

Juan Eduardo Bonoldi cerró la audiencia de este martes. Se refirió a los secuestros y desapariciones de Rubén Bravo, Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi, todos militantes del PRT.

Bravo estaba casado con María del Rosario Carrera, cuñada de Adriana Bonoldi. En un violento procedimiento, delante de su mamá y de su hijo, a Rubén se lo llevaron de su casa, en la que rapiñaron todo lo que pudieron. Fue el 21 de octubre de 1976.

Con el mismo modus operandi, que incluía violencia y robo, el 24 de noviembre del mismo año fue secuestrado Marcelo Carrera, esposo de Adriana Bonoldi, quien estaba en su domicilio y sufrió algún tipo de abuso sexual. En ese operativo a Marcelo le dijeron: “Vos vas a cantar lo que no cantó tu cuñado”. La propia Adriana presentó un Habeas Corpus al día siguiente e hizo la denuncia en la Comisaría Séptima. Allí la atendió un oficial de apellido Rivero, quien la interrogó sobre dónde vivía, qué hacía y sus horarios. Ella había decidido ir a vivir con sus suegros y el 1.º de diciembre, cuando regresaba del acto de fin de curso en la escuela Burgos, en la que era docente, fue secuestrada en la vía pública.

“Nino” Bonoldi recordó que a su tarea como docente, su hermana le sumaba actividades comunitarias y sociales, junto a su esposo, en el Campo Papa. “Le gustaba cantar y no tenía limites para sus canciones y, en esa época, quien por ejemplo cantaba 'Canción con Todos' podía ser secuestrado”, dijo Juan.

Respecto de las gestiones para obtener algún dato, los Bonoldi y los Carrera presentaron numerosos Habeas Corpus, fueron a comisarías, al Comando, a dependencias militares, al Arzobispado… Sobre esto, Bonoldi repasó: “Contestaban todos lo mismo que los Habeas Corpus: no lo tenemos. Pero lo grave es que los Habeas Corpus respondían a una institución judicial que encima cobraba costas. ¡Costas por dos frases!”.

El testigo se preguntó cómo miles de Habeas Corpus presentados en todo el país no pudieron servir para que contestaran de otra manera: “Para la Justicia Federal, los desaparecidos eran también desaparecidos. No está, decían, y caso cerrado”. Recordó además que los familiares nunca fueron atendidos por jueces o fiscales y que las respuestas a los Habeas Corpus colgaban de un gancho de carnicería.

Adriana Bonoldi, al momento de ser secuestrada, estaba embarazada. Hay indicios de que dio a luz a un varón en la maternidad del Hospital Emilio Civit. A través del relato de una compañera de estudios, María Morgadas, y de su amiga, Marilín Simoni, supieron que un hermano de esta última, Jorge Simoni, empleado del Juzgado Federal, escuchó decir al exjuez Luis Leiva que “están esperando a que dé a luz para matarla. Es la hija de un ejecutivo de Maipú”. El papá de Adriana, precisamente, era gerente de una empresa en ese departamento.

Tras contar esto, Juan Eduardo Bonoldi concluyó que “la Justicia Federal sabía lo que contestaba en los Habeas Corpus. Nosotros pedíamos por la vida y nos contestaban con el paradero. Es que como el desaparecido no está, se anula cualquier prueba y el delito se extingue”.

Vea la nota original: AUDIENCIA 90 / RECUSACIÓN INADMISIBLE E INACCIÓN JUDICIAL