En la última audiencia (149) del IV Juicio de Mendoza por delitos de lesa humanidad, la Fiscalía continuó presentando sus alegatos. Según publicó el sitio Juicios Mendoza, el fiscal Dante Vega dedicó la jornada del pasado martes 7 a sustentar la competencia de la Justicia Federal, tanto para entender en causas emergentes de la supuesta lucha antisubversiva como para investigar y punir los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad y armadas. Asimismo, se refirió a la competencia relativa a secuestros, torturas, violaciones y desapariciones de personas que llegaban a los estrados de Tribunales. La próxima audiencia se desarrollará mañana martes 14 de junio.

Los exjueces acusados en esta megacausa reiteraron, como en sucesivas ocasiones, su falta de competencia para investigar los crímenes expuestos en Habeas corpus y sumarios policiales, así como en las declaraciones de víctimas. Así, los magistrados procesados pretenden sostener que como eran incompetentes, no podían actuar. Por lo tanto, sin poder desplegar acción penal, no podían ser cómplices.

Otilio Romano se refirió a este tema 24 veces en la instrucción. Por su parte, Luis Miret relativizó el argumento en su declaración indagatoria: “El que habla nunca hizo hincapié en la incompetencia. El tema de la incompetencia era un ‘juego’ para Romano, pero a mí no me gustaba”. Mientras, Guillermo Petra Recabarren no reparó en este tema durante la Instrucción pero, tardíamente, la invocó varias veces, en el curso de este debate.

El fiscal Vega, al referirse a la trillada manifestación de incompetencia, la caracterizó como “tardía, incoherente y falta de fundamentos…” y desglosó cada uno de los aspectos. Es una línea tardía, “ya que recién hablaron de esto al momento de ser juzgados”. Para demostrarlo, el fiscal buscó todos los expedientes fechados entre 1974 y 1983 y solo encontró un caso en el cual se había declarado la incompetencia. De hecho, el por entonces fiscal de Instrucción Romano tenía la tarea de velar porque el orden legal en materia de competencia fuera estrictamente observado.

A la vez, es incoherente: “Si hubiera sido tan importante, podrían haberlo esgrimido cuando estaban en sus funciones como magistrados y no fue así”, y además, "distintos actores se referenciaban y remitían estas causas ante la Justicia Federal”. Ejemplo de esto eran los jueces provinciales, la autoridad militar, la policía, los familiares de víctimas. Tampoco se explica por qué la autoridad militar se habría desprendido sin problemas de su jurisdicción. Pero, fundamentalmente, los magistrados no han podido explicar la razón por la que declaraban la competencia.

Por último, caracterizó a este argumento por su falta de fundamento jurídico: “Los aquí acusados citaron leyes derogadas, confundieron época democrática con época dictatorial, acudieron a leyes vigentes únicamente en la dictadura y, a través de arbitrarias interpretaciones, hicieron decir a la Corte lo contrario de lo que dijo”.

Cuando el Procurador General de la Nación de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, comenzó a hablar, Romano pidió permiso para ir al baño y se ausentó de la sala. Auat explicó que los argumentos de Vega han sido esgrimidos sobre la base de que los exmagistrados declararon que no podían actuar.

Sin embargo, como explica el sitio –un colectivo compuesto por HIJOS, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas Políticas, Asociación de Ex Presos Políticos, Madres de Plaza de Mayo, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Carrera de Comunicación Social de la UNCUYO–, los acusados no declararon la incompetencia para que la causa no pasara a otra jurisdicción. Esta lógica del aparato criminal consistía en “no hacer lo que se debía hacer”,  y así se colaboró con los crímenes cometidos en la última dictadura.

Cualquier juez debe investigar. Su deber es seguir la secuencia procesal. En el caso de no actuar, se debe habilitar a otra autoridad competente para que un hecho delictivo quede impune.

Para finalizar, el fiscal Dante Vega citó un fallo de 1979, en el cual una cámara revoca la incompetencia planteada por un juez. Allí se aclara que la Justicia Federal tiene habilitada la autoridad para investigar en caso de un Habeas corpus. Este recurso, continúa, actúa como garantía de la libertad de un detenido. El individuo había sido detenido por un grupo de personas que actuaban invocando la autoridad y con una fuerza material irresistible. El fallo estaba firmado por Miralles, García y Miret.
 

La “megacausa”

La Megacausa Mendoza resulta de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad que se están debatiendo desde el 17 de febrero de 2014 en el IV Juicio de Mendoza. Incluye el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos contra más de 200 víctimas. Dichos delitos fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas; la cúpula y subalternos de Policía de la provincia, los responsables de las torturas en la Penitenciaría Provincial y cuatro jueces que omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyéndose en cómplices. En la actualidad los imputados son 34 y el juicio tendrá una duración aproximada de 2 años.

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