Los prestadores del sistema de salud de la provincia realizarán un paro total de actividades de 48 horas entre el 7 y el 8 de febrero. Según anunció Ampros, la medida de fuerza es para reclamar mejores condiciones laborales, ya que 2000 trabajadores no están bajo los beneficios del convenio colectivo de trabajo. Se garantizarán las guardias mínimas y la atención de la salud de la población.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general del gremio de profesionales de la salud, explicó que los servicios de los efectores de salud más importantes de la provincia, como terapia intensiva, guardia, unidad coronaria, neonatología, salud mental, ETI o ex-Oales, están sostenidos por profesionales que son monotributistas y no tienen contrato con el Estado.

“Estas modalidades no otorgan ningún derecho al trabajador ni estabilidad en la atención al paciente, con el riesgo que implica además que los  profesionales hoy estén y mañana no, ya que no tienen ninguna relación formal con el Gobierno. Sumado a ello, el Ejecutivo favorece la tercerización de los servicios, lo que implica la privatización encubierta de las especialidades más escasas”, dijo.

Por su lado, Daniel Jiménez, secretario gremial, indicó : “En cumplimiento con la Ley 25877, los servicios esenciales serán cubiertos mediante el personal de planta permanente no afectado a la medida, quie garantizará las guardias mínimas y resguardará la atención de la salud de la población".

Claudia Iturbe, secretaria adjunta de la entidad gremial, destacó: “La situación ya no puede dilatarse más. Se trata de profesionales que no reciben aportes jubilatorios, ART, obra social, ni antigüedad". "No pueden acceder a ascensos en su carrera, no tienen vacaciones ni perciben aumentos equivalentes al resto de la población sanitaria;no gozan de descansos, licencias por enfermedad ni protección por maternidad", agregó.

A su vez, Del Pópolo explicó que los cargos de profesionales que se jubilaron se suprimieron y fueron reemplazados por prestaciones y contratos de locación, que "se encuadran dentro de las modalidades precarizantes, lo que no significa un verdadero achicamiento, sino un pseudoachicamiento del Estado”.