Con amplio consenso, la Cámara de Diputados otorgó media sanción este miércoles a un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), en reemplazo del vigente Registro Nacional de Armas (RENAR), a partir de un pedido de la presidenta Cristina Kirchner.

La iniciativa fue aprobada y girada el Senado con 182 votos a favor, uno en contra, de Pablo López (Partido Obrero) y dos abstenciones, de los diputados del PTS Nicolás Del Caño y Myriam Bregman -los tres pertenecen al Frente de izquierda-.

La propuesta se unificó a partir de tres proyectos: uno de Pablo Javkin y Fernando Sánchez (Coalición Cívica); otro de María del Carmen Bianchi, Jorge Rivas, Nora Bedano, Andrés Arregui, Verónica Magario y Mario Oporto (FpV); y otro de “Wado” De Pedro, Marcos Cleri, Anabel Fernández Sagasti, Mayra Mendoza y María Luz Alonso, todos de La Cámpora.

Los diputados buscan terminar con el financiamiento de la entidad a través del cobro de formularios y aranceles que pagan los usuarios del registro, hoy administrado por fabricantes y comerciantes del sector; y al mismo tiempo “fortalecer” los mecanismos de “control y fiscalización” de la tenencia de armas.

Como miembro informante del oficialismo, Bianchi explicó que según el RENAR, “en Argentina hay nueve muertos por día por armas de fuego”.

Además, indicó la diputada porteña, “el poseedor de armas tiene 43 veces más posibilidades de matarse o de matar a alguien de su familia que disparar contra un delincuente”.

Bianchi destacó que “las políticas del Gobierno nacional de estos 12 años han merecido el consenso de todos los bloques políticos”.

Sobre el proyecto, resaltó que la nueva ANMAC será un “ente descentralizado y autárquico” con la “capacidad de reducir el circulante de armas”.

Entre las funciones, también se encuentra la de darle “publicidad a sus decisiones y a las estadísticas que se producen”.

Con respecto al financiamiento de la ANMAC, uno de los ejes centrales del proyecto, la diputada remarcó que hay un “cambio copernicano”, ya que se crea el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA).

Ese fondo tendrá la finalidad de financiar los programas para la reducción del uso de armas de fuego, las capacitaciones a organizaciones para la prevención de la violencia armada y las actividades del Consejo Consultivo sobre las Políticas de Control de Armas de Fuego.

Por la UCR, Lui Petri reconoció que “es un buen proyecto de ley que mejora la actual legislación en materia de política de armas”.

De todos modos, sugirió agregar otras facultades y funciones a la nueva agencia, como por ejemplo que tenga la obligación de rendir cuentas ante el Congreso.

Por su parte, Javkin también defendió el dictamen unificado al advertir sobre un funcionamiento “raro” del actual RENAR, que “combina presencia de un Estado débil con un actor privado donde el 80 por ciento de los empleados no pertenecen al Estado”.

“Vamos a dar un gran salto hacia adelante”, destacó el diputado de la Coalición Cívica, y, en el mismo sentido, Alicia Ciciliani (Partido Socialista) señaló que “hoy recuperamos el rol ineludible que tiene que tener un Estado moderno para estos temas”.

“Para terminar con el flagelo de la violencia armada hay que promover estas reformas estructurales”, aseguró la diputada por Santa Fe.

La iniciativa sufrió una modificación en el recinto, por la cual se añadió en el artículo 5, referido a los procedimientos de control ciudadano, la necesidad de contemplar mecanismos de prevención de la violencia de género.

Detalles del proyecto

En abril pasado, la presidenta había pedido al Congreso reemplazar el “viejo y obsoleto” RENAR, creado en 1973, por una “agencia nacional” para que “la política en materia de portación y tenencia de armas” sea “una política nacional controlada por el Estado”.

De acuerdo al proyecto aprobado, la nueva agencia tendrá como misión “la aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada y todas aquellas funciones que se le asignen”.

Además crea un Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada financiado por el Estado, que deberá usarse en “programas tendientes a la disminución del uso y proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los riesgos de la tenencia y uso de armas y promoción de la resolución pacífica de conflictos”.

También deberá financiar “capacitaciones a instituciones de la educación” para prevenir la violencia armada y “promover de una cultura de paz”, así como “programas de investigación sobre el mercado de armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias, entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas”.

Fuente: parlamentario.com