Media sanción al proyecto de implementación de Ley Micaela en Nivel Medio de la DGE
Diputadas y diputados de Mendoza dieron sanción inicial al proyecto que prevé la capacitación en violencias y desigualdades de género a toda la comunidad educativa de Nivel Medio. El proyecto tuvo apoyo de distintos bloques y algunas oposiciones.
Foto: Diario UNO
La Cámara Baja de la Legislatura de Mendoza le dio sanción a un proyecto que busca extender los alcances de la Ley nacional 27499, conocida como “Ley Micaela”. Lo que propone la iniciativa de la legisladora Silvia Stocco (FdT) es implementar en el Nivel Medio escolar la formación en jornadas institucionales de esta ley que educa respecto de violencias y desigualdades de géneros.
El objetivo principal es ampliar la participación de las jornadas que se realicen en las instituciones escolares con docentes, equipos directivos, jóvenes y la comunidad educativa en general. Se pretende crear espacios no solo de capacitación, sino también de intercambio, que habiliten la reflexión y la prevención de la violencia ejercida hacia las mujeres y personas LGTBIQ+, y las desigualdades de géneros.
Stocco afirmó: “La importancia que vemos en la capacitación es fundamental, dicho por el Observatorio de Violencia de Género: nos falta una piba cada 6 días. Los casos más representativos van de 26 a 34 años y de 13 a 24 años. Una joven es asesinada cada seis días; no aparecen muertas, aparecen asesinadas”.
La legisladora por el Frente de Todos destacó la necesidad de “crear espacios de concientización, prevención y promoción que apunten a la construcción de una escuela más inclusiva y menos violenta, sobre principios según los cuales mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, deberes y oportunidades, y eliminando todas de violencia contra el género femenino”.
El proyecto de ley se pensó como “un intento, un acercamiento” a la reflexión, ya que sería solamente una jornada al año. Se busca llevarlo a cabo en el ámbito escolar porque desde allí se proporcionan las herramientas para desarrollar la conciencia en derechos humanos. Plantear estas temáticas en jóvenes puede otorgar mejores resultados en el futuro.
La exdirectora de Género y Diversidad y actual diputada provincial, Silvina Anfuso (Libres del Sur), también apoyó el proyecto. Destacó que desde 2020, la provincia aplica la Ley Micaela de capacitación en género a los tres poderes del Estado. Los contenidos se adaptaron a cada área por la especificidad en sus tareas y se hicieron inclusivos para personas con discapacidad. La iniciativa actual “viene a darle fuerza y a complementar”, aseguró.
Desde el Frente de Todos, Laura Chazarreta expresó: “El patriarcado ha utilizado a la educación como un sistema de opresión hacia las mujeres, y producto de esto, vemos naturalizadas en la sociedad las diferentes violencias contra las mujeres”. En este caso, se utilizaría la educación para capacitar en derechos humanos, concretamente frente a las desigualdades, discriminaciones y violencias por razones de género.
Por su parte, el legislador del PRO Gustavo Cairo se mostró en contra del proyecto y aseguró que el voto de todo el bloque iba a ser negativo: “No porque no valoremos las intenciones de la autora, que son genuinas, sino porque creemos que es una cuestión de sobrelegislación”, dado que la capacitación a docentes ya es obligatoria. En tanto, Silvia Stocco aseguró no estar “sobrelegislando, sino complementando, ya que la Ley Micaela se trataría con toda la comunidad educativa, no solo con los docentes". Luego de algunos dichos de Cairo que evidenciaban su desconocimiento sobre la distinción entre las violencias de género y otros tipos de violencias, la diputada del FIT, Mailé Rodríguez, pidió que al diputado Cairo "se lo capacite en Ley Micaela porque tendría que saber distinguir".
La Ley nacional 27499 –conocida como Ley Micaela– se promulgó en 2018. Establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La provincia adhirió mediante la Ley 9196.
Fuente: Prensa Cámara de Diputados, Legislatura de Mendoza
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