Código de Aguas: para Ábalos es constitucional limitar la reelección del superintendente de Irrigación

Sociedad

El profesional integra un grupo de expertos que trabaja en la revisión general del borrador del Código de Aguas (ahora ya anteproyecto), un trabajo que lidera el Departamento General de Irrigación (DGI) y que busca unificar toda la legislación en la materia. Ese grupo –en el que, asegura, es un honor participar– lo integran también Arturo Lafalla (exgobernador), Alejandro Pérez Hualde (jurista, exministro de la Suprema Corte), Miguel Solanes (asesor de Naciones Unidas en la temática) y Javier Zuleta (ingeniero agrónomo, especializado en la materia).

Antes de responder las preguntas, Mathus Escorihuela hace algunas aclaraciones sobre el grupo: que trabaja ad honorem, que no participó en la elaboración del borrador, que se reúne una vez por semana para analizar los capítulos y hacer sugerencias, y que al texto le falta mucho. En este sentido, es importante aclarar que la entrevista se concretó antes de que Irrigación publicara el anteproyecto y abriera el proceso de participación.

"Las urgencias del Gobierno no son las urgencias de este grupo, porque creemos que esta es una ley muy importante para Mendoza", dijo el profesional. Foto: Unidiversidad

Un texto a pulir

¿Cuál es el trabajo que realiza este grupo de expertos?

Nosotros no hemos participado en la redacción del Código, que aún no está terminado. Hay una circunstancia que quiero señalar. Por una parte, existe urgencia en el Gobierno de la provincia de enviar a la Legislatura el proyecto y, por otra, existe un criterio diferente por parte de este grupo, que cree que es prematuro porque le faltan algunas correcciones, retoques, que no se hacen en una semana, ni en quince días, ni en un mes, sino que llevarían dos o tres meses. Es decir, las urgencias del Gobierno no son las urgencias de este grupo, porque creemos que esta es una ley muy importante para la provincia de Mendoza.

¿Por qué?

En primer lugar, porque va a sustituir a una ley que ya tiene 130 años y este grupo aspira a sancionar una nueva que sea como la vigente, un modelo de legislación de agua para todo el país o toda América del Sur que pueda durar muchos años, digamos 20, 30, 40, pero que tiene que ser necesariamente expresión de la totalidad de los sectores que integran la vida económica y social de la provincia. Esto quiero decir que usted lo puntualice adecuadamente. Este Código no puede ser el resultado de una parcialidad numérica en la Legislatura, tiene que ser una ley aprobada por consenso unánime, porque es para el bienestar colectivo de la provincia, sea del partido que sea, sea de la actividad económica o social que realice; esto, para nuestro sistema de ideas y de creencias, es fundamental. Otro aspecto importante es que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras circunstancias nacionales y extranjeras, aquí no ha actuado redactando el Código una persona o dos, sino muchas, no le puedo precisar cuántas porque lo ignoro. ¿Por qué? Porque tanto el Plan Hídrico que se está elaborando por parte de Mekorot (empresa israelí que contrató el Gobierno) como este proyecto del Código estarían financiados por el Consejo Federal de Inversiones, quizás por algún otro organismo, cosa que ignoramos, pero esto ha determinado, para decirlo en lenguaje común, que se metan muchas manos en la misma cacerola. Consecuentemente, se advierte en la estructura del Código que ha habido diferentes criterios en el enfoque, en la redacción, de gente que, pensamos, no conoce en profundidad cuál es la realidad histórica, geográfica y económica en donde debe regir el Código, que es en Mendoza, que integra lo que llamamos la cultura del desierto, porque es una provincia escasa de recursos hídricos en donde, si no hay agua, no hay vida; en consecuencia, el uso debe estar perfectamente regulado, atendiendo a las circunstancias del lugar, del tiempo y de la sociedad donde debe regir. Por lo tanto, no existe un acuerdo unánime sobre muchas instituciones, sobre la estructura del Código y sobre cómo se han regulado otros aspectos vinculados al uso del agua, lo que es natural, eso no nos asusta ni mucho menos. Lo que sí creemos es que tiene que seguir puliéndose, y en esa tarea estamos.

¿Por qué cree que el Ejecutivo tiene apuro por presentar el proyecto?

Supongo que hay urgencia, en primer término, por la cercanía de las próximas elecciones; en segundo término, porque hay urgencia y me parece muy razonable apurar el paso para que vengan pronto a Mendoza importantes inversiones en minería, porque hace falta que vengan a Mendoza y, en tercer lugar,  porque hay necesidades económicas financieras del Gobierno de la provincia, como es de público conocimiento, que necesita con urgencia fondos, porque, como se retiró Yacimientos Petrolíferos Fiscales, gran parte de los recursos provinciales hoy son inexistentes. ¿Todas estas razones son atendibles? Naturalmente, pero chocan con los criterios que tenemos nosotros para analizar esta ley, que es tan fundamental para la provincia de Mendoza.

El profesional dijo que el Código no va a prohibir el acceso a la minería, al tiempo que resaltó que esta actividad se puede desarrollar sin inconvenientes, con los debidos controles para proteger el medio ambiente. Foto: Unidiversidad

¿Cómo puede colaborar este Código para concretar estas necesidades del Gobierno, que usted considera válidas?

Es que el Código no va a prohibir el acceso a la minería de ninguna manera, porque hay un acuerdo ya desde el comienzo de nuestra tarea en que es necesario que la minería llegue a Mendoza, como ha llegado a tantos otros países del mundo. Hablamos de la minería no contaminante, lo que significa, por una parte, que el Gobierno lleve a cabo un adecuado contralor de la actividad, que las empresas mineras cuiden el ambiente y que no se dediquen exclusivamente a explotar y a ensuciar el ambiente, y, en tercer lugar, exige de la comunidad una colaboración en esa tarea que va a cumplir la minería para tratar de preservar absolutamente el ambiente provincial.

¿Por qué se necesita el Código? ¿Cuál es la relación entre la necesidad de aprobar el proyecto y el impulso a la actividad minera?

Yo no creo que haya un correlato como señala usted, creo que el Gobierno puede perfectamente celebrar los acuerdos que crea conveniente con las empresa mineras, que el Código no se lo va a impedir de ninguna manera como está proyectándose. Lo único vigente hoy, que las provincias mineras objetan, es la existencia de la Ley 7722, pero esa ley puede ser derogada, puede ser reformada, pero no creo que sea tampoco un impedimento. Me parece bien la creación que ha hecho el Gobierno en la zona de Malargüe, me parece bien que haga lo propio en Las Heras. Porque Las Heras y Malargüe necesitan la minería como fuente de trabajo y de actividad económica, porque son departamentos que están empobrecidos por la falta de trabajo. De modo que estas son mis razones, que el grupo que integro comparte plenamente.

Una legislación clara

¿Por qué es importante que Mendoza elabore un Código de Aguas y que se haga con tiempo, como usted plantea? 

Lo que la gente ignora es que la ley originaria de agua, que está aún vigente, ha recibido más de 100 reformas en el transcurso de su vigencia, es decir, ha sido "reformada" de hecho a través de distintas resoluciones del Tribunal Administrativo del Departamento de Irrigación, a través de resoluciones que ha dictado en su momento el superintendente de turno, y todo esto hay que clarificarlo de una vez. Desde el punto de vista de la política legislativa, me parece bien que se piense en derogar la ley vigente y todas las resoluciones, y que haya un solo cuerpo legal que debe respetar principios fundamentales de nuestra Constitución provincial, además de otros principios internacionales a los cuales nuestro país ha adherido a través de tratados y convenios y que, en virtud de las cláusulas constitucionales, son ley vigente de nuestro país. En eso no hay ningún problema y eso debe hacerse, son otras las cuestiones que merecen observaciones, que merecen correcciones, que merecen pulirse.

¿Cuáles son esos aspectos que se deben pulir?

Son muchos, pero le voy a dar un ejemplo. Las inspecciones del cauce, que son varios cientos, no sé si casi 200. Yo, personalmente, les llamo a muchos de esos inspectores que son un símil de los gordos de la CGT.

¿Por qué?

En Mendoza hay inspectores de cauce que llevan más de 30 años como inspectores de cauce. No es por lo que ganan, porque ganan muy poco en función de la importancia que tienen las tareas que cumplen, pero esta duración de tantos años atenta contra el principio consagrado por la Constitución, reafirmado por fallos de la Corte nacional y por el convencimiento que tenemos los que hemos actuado y actuamos en política, de la periodicidad en las funciones de gobierno, porque permite el acceso de gente nueva, de gente joven a estas funciones que tienen tanta importancia en la provincia. Entonces, creo que una de las cosas que tiene que señalar el nuevo Código es que los inspectores de cauce pueden ser reelectos una sola vez y tienen que tener un máximo de edad, porque hay tareas que requieren cierta edad para cumplirse bien, después de lo cual es una edad muy buena para quedarse en la casa, tomar mate, ver los partidos de fútbol y hablar con los vecinos. Esto no significa de ninguna manera hablar mal de ellos, significa simplemente que hay cosas que requieren su tiempo y su oportunidad. Entonces, este es un detalle. Hay otros detalles económicos o técnicos que son más complejos, que no me incumben porque soy abogado, no soy economista ni ingeniero, pero que sé por la tarea del conjunto que también hay que analizarlos y acomodarlos mejor a la actualidad.

¿La protección del ambiente es otro de los aspectos que se deben incluir?

Sí, naturalmente que sí, y eso justifica más que se esté trabajando en una nueva ley, porque toda la cuestión ambiental es ajena a la ley vigente, por más que, a través de algunas reformas, se ha tratado de ir adecuando a la preservación del ambiente, pero sí, este aspecto es una de las cosas fundamentales que están contempladas en el proyecto y que es una de las cosas en las que tenemos que avanzar.

Usted habló de la necesidad de pulir el texto. ¿Cuándo cree que podría estar listo?

Supongo que en dos o tres meses, pero esto es incompatible con las urgencias del Gobierno, entonces, como las carreras de caballos, esto tiene final abierto. Vamos a esperar a ver quién gana. Nosotros no ganamos nada, lo que pasa es que no nos gustaría de algún modo tener que apartarnos de esta tarea, que en definitiva es lo que hemos hecho toda la vida y lo que nos apasiona.

Problemas estructurales

Aprovecho su conocimiento en la materia para preguntarle cuáles son los problemas de la administración del agua en Mendoza, tanto los estructurales como los nuevos.

Son varios y se los voy a nombrar sin obedecer a un orden estricto, sino a medida que los recuerde. En primer término, aparentemente se han otorgado más derechos de los que se pueden dar. No hay agua para abastecer a todos los derechos que se han otorgado con el transcurso del tiempo, no existe agua.

¿Esto se produjo solo en la cuenca del río Mendoza?

No, en general se dio en toda la provincia. Le sigo nombrando, en segundo término, con el crecimiento del área irrigada y con el crecimiento de las actividades vinculadas a la distribución del agua, que la distribución no se ha hecho en la forma técnicamente correcta, entre otras cosas, porque no se han construido las obras hidráulicas necesarias para hacer un manejo correcto de los caudales. Si usted analiza la cantidad de obras hidráulicas que se han hecho en San Juan y las compara con Mendoza, se dará cuenta de que el último dique importante que se hizo aquí es Potrerillos; en el mismo período, en San Juan se construyeron cinco más pequeños. Por supuesto, en eso Mendoza está demorada, necesita con urgencia hacer obras hidráulicas fundamentales. Yo lo he dicho públicamente, una de las obras que necesita hacer Mendoza es el dique de Uspallata para que la vida útil del dique Potrerillos aumente, no que disminuya.

Sucesivos gobiernos impulsaron siempre Portezuelo…

Portezuelo del Viento en una obra en la que ni pienso, porque personalmente creo que no se va a hacer nunca. Hay otras obras menores que son muy importantes para Mendoza, que creo que el Departamento General de Irrigación las está encarando con acierto, pero hay que construirlas, como es la canalización de muchos acueductos, la impermeabilización, la construcción de reservorios, pero una de las obras más importantes, que viene no sé de cuántos años retrasada, es el tema del registro y catastro de las aguas, es decir, quién es el que tiene derecho al uso del agua, dónde está ubicado y cuál es la categoría del derecho. Otra deformación del sistema es que se han otorgado muchos permisos que son esencialmente temporarios, pero hay permisos que deben tener a lo mejor 20 o 30 años de duración, y eso no es legal. Todo eso habría que revisarlo y, por supuesto, lleva tiempo.

Mathus Escorihuela explicó que en Mendoza se otorgaron más derechos de los que se pueden dar. Foto: Unidiversidad

¿Por qué Irrigación no realizó el catastro?

Porque no ha habido gente que se ponga de cabeza a hacerlo, porque a algunos superintendentes les ha parecido que es secundario, porque no se le ha dado la importancia que tiene, que además requiere gente especializada, no se puede poner a cualquier empleado a hacer el registro de agua y el catastro de agua, tienen que ser escribanos como mínimo y tienen que estar supervisados. Otra de las cosas que es necesaria, que yo entiendo que no se ha hecho, es someter periódicamente a un contralor muy prolijo el funcionamiento de todas las inspecciones de cauce para que no se produzca un caso como el que está saliendo en estos días de la inspección de Corralitos (acusaron de corrupción a un inspector). Esto significa que se requiere tener personal especializado, en cantidad suficiente, para que no ocurran estos desfalcos a los intereses públicos. Son distintos problemas que afectan a la gobernanza, como se dice ahora. Estoy citando dos casos y debe haber algunos más, pero no los tengo presentes en este momento.

Usted dijo que se dieron más permisos que el recurso que tenemos. ¿Por qué? ¿Esto tiene relación con la falta de un balance hídrico de cada cuenca?

No se ha hecho un balance hídrico perfecto, quizás hasta ahora, porque, por lo que nos han explicado, la tarea que ha hecho Mekorot en ese aspecto, es decir, analizar cuál es la oferta y la demanda de agua, parecería que se ha hecho correctamente. Pero en el pasado, no, no se ha hecho, así como se han dictado leyes de cultivo clandestino legalizando usos del agua que eran absolutamente ilegales.

¿Cuáles?

Cientos de veces, hay por lo menos una docena de leyes de cultivo clandestino en Mendoza, llamadas con acierto así, porque se usaba el agua clandestinamente, sin derecho al uso. Los que tienen derecho al uso del agua en Mendoza son los concesionarios y los permisionarios de agua, la demás gente que usa el agua no tiene permiso. Es decir, a los que se roban el agua no se los puede considerar usuarios, son usuarios clandestinos del agua.

¿Estas problemáticas que enumeró son estructurales o nuevas?

Son problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, algunos se han solucionado y otros no. Hay un denominador común en esto: los sucesivos superintendentes de Irrigación. No significa hablar mal de ellos, pero sí es una característica de ellos, se han urgido por hacer obras, impermeabilizar cauces, construir pequeños canales, como para justificar el éxito de sus gestiones, pero de los que yo he conocido en el tiempo –que son muchos–, diría que no hay ninguno que se haya propuesto decir: "Vamos a hacer un cambio fundamental en la gobernanza del agua en Mendoza, vamos a poner al día como corresponde el registro y el catastro, vamos a ver cuáles permisos han estado mal otorgados y cuáles hay que declararlos caducos o revocarlos definitivamente". Así como se hicieron pozos de agua subterránea mediante el pago de coimas que todavía se están sustanciando ante la Corte provincial de Justicia, así también se han otorgado permisos para el uso del agua que se han ido prolongando años y años en el tiempo, que hoy son viñedos, que son frutales, en los que se han hecho inversiones, pero en el caso mío, no me interesa que se hayan hecho, se han hecho con permisos que tendrían que haber sido temporarios, por un ciclo, por meses o por dos años y punto, pero son permisos que tienen la misma duración que una concesión de uso de agua o derechos que eran eventuales, que en la práctica se han transformado en derechos definitivos por el uso, porque eso tampoco se ha controlado. Usted puede tener legalmente otorgado un derecho eventual de uso y le correspondería, en consecuencia, regar el 80 % de lo que riega un derecho definitivo y, sin embargo, en la práctica, usted riega igual o más que el que tiene derecho definitivo. ¿Por qué? Porque no hay control, porque está acomodado con el tomero o porque es amigo o pariente del inspector del cauce que le hace la vista gorda. Todos estos son aspectos que superan la gestión del superintendente, pero que son reales, tendría que haber otros niveles de la gobernanza del agua que controlaran estas cosas.

Además, teniendo en cuenta que, en Mendoza, la tierra que no tiene agua no vale…

No vale, la tierra sin agua no vale en Mendoza, esa es la verdad. Es decir, de ahora en más, con el conocimiento que tenemos hoy en Mendoza, no podrían otorgarse más derechos de agua por muchos años, porque los que se han otorgado no van a ser servidos, no hay agua. Se han otorgado al margen de las disposiciones legales. Si usted no tiene agua, usted no puede otorgar derechos al uso del agua.

¿Por qué se otorgan, si hay una legislación vigente?

Irrigación no ha sido ajena al descalabro administrativo que vemos hoy en la administración nacional, administración que –en algunos momentos, no en este– no ha sido ajena a las corruptelas que vemos en el ámbito nacional, porque el agua vale y, consecuentemente, se le ha hecho valer.

La Constitución determina que Irrigación sea un órgano extrapoder para que no dependa del gobierno de turno, para que tenga independencia de fondos y en la toma de decisiones. ¿Este espíritu se respetó, se hizo efectivo a lo largo de los años?

Es muy importante que Irrigación sea un organismo que tenga autarquía financiera, que vote sus propios presupuestos, como también es importante que sea eficientemente controlado. Yo propuse en alguna oportunidad que Irrigación tenía que tener un tribunal de cuentas propio, elegido por gente de afuera de Irrigación. Alguna vez lo propuse en alguna conferencia o seminario, y creo que eso es válido, lo vamos a analizar.

El investigador opinó que Mendoza perdió mucho tiempo en resolver problemáticas relacionadas con la administración del agua. Foto: Unidiversidad

Sin solución

¿Mendoza perdió tiempo en resolver los problemas relacionados con la administración del agua?

Se ha perdido muchísimo tiempo. Le voy a dar dos ejemplo concretos. En el año 1984, en el gobierno del doctor Llaver (Felipe, exgobernador), estaban en Mendoza tres autoridades mundiales en legislación y administración de los recursos hídricos: Guillermo Cano, Robert Heyton y Joaquín López, tres personas de altísima jerarquía intelectual y de amplio conocimiento de Mendoza, de la legislación y de la administración del agua en Mendoza. Entonces le propuse a Llaver que los contratara para que redactaran un proyecto de ley, porque ya en ese momento tenía 100 años la ley vigente. Me dijo que no, que había otras urgencias. Ahí perdimos una oportunidad. Otras oportunidades las hemos tenido con otros gobernadores, que han realizado obras fastuosas, obras como, por ejemplo, la que luce el Parque General San Martín, más específicamente al lado del Parque Aborigen, que no sé qué nombre tiene, que la han construido para estar totalmente cerrada.

El estadio Aconcagua Arena…

Sí, ese estadio cerrado, que es un elefante blanco: según me dijeron, consumía mensualmente entre 300 y 400 mil pesos para pagar a los que pasan el lampazo y mantenerlo limpio, pero que no tiene ningún uso práctico y no sé la cantidad de millones que costó. Eso se hizo en el gobierno del doctor Pérez (Francisco, exgobernador) y, que yo sepa, no se le ha dado ningún destino. Ese dinero podría haberse utilizado para construir canales, para hacer pequeñas obras de río que no insumen tantos miles de millones de pesos y que son muy útiles. Sobre eso, no ha habido contralor, ni por parte del gobierno ni por parte de los legisladores. No sé si los legisladores son conscientes de la importancia del trabajo que ha encargado Irrigación al abocarse al nuevo Código, o a la tarea que está haciendo Mekorot para el Plan Hídrico provincial. No estoy hablando mal de los legisladores, estoy hablando de la ausencia de los legisladores.

Con relación al trabajo que realiza la empresa israelí Mekorot, ¿cuál es su opinión? ¿Es posible que una firma realice un plan maestro sobre un territorio y una cultura que no conoce, donde, además, hay tantos profesionales especializados en la temática?

Le voy a relatar una anécdota histórica. En el año 1947, mi padre, Alejandro Mathus Hoyos, era senador nacional por Mendoza y fue entrevistado en aquel momento por funcionarios de la embajada de Israel para ver si podía gestionarles la venida a Mendoza a un pequeño grupo de expertos en agua de Israel para que vieran cómo se administraba y se distribuía el agua en Mendoza. Esa gente vino a Mendoza, vio cómo se administraba y distribuía el agua en Mendoza y se volvieron a sus países. Con esto le quiero decir varias cosas: en primer lugar, que Mendoza ha sido considerada durante muchísimo tiempo como la provincia señera en materia de legislación y administración del agua, y con razón; en segundo lugar, manifestarle que no hay tema vincular a los recursos hídricos aquí en Mendoza que no haya sido estudiado por gente de Mendoza, sean ingenieros, economistas, abogados de las distintas universidades; en principio, por la universidad mayor, la UNCUYO, y después por la gente del INTA, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la Facultad de Ciencias Económicas y por los hombres de derecho. Es decir, no hay tema que no haya sido estudiado en Mendoza vinculado a la administración del agua; de modo que si su pregunta se orienta a que yo le diga que el convenio o el contrato con Mekorot ha sido superfluo, yo pienso que sí, que se podría haber hecho en Mendoza, pero esto responde a una decisión política del gobierno de turno, es decir, no me comprende a mí abrir un juicio más de lo que le estoy manifestando.

Me gustaría, finalmente, conocer su visión respecto de la responsabilidad ciudadana. Distintos profesionales repiten que, como sale agua de la canilla, creemos que no existe un problema. ¿Cuál es su opinión?

No, la ciudadanía no entiende, porque si no, no estaría lavando las veredas con agua potable, ni lavando los autos en la vereda de la casa con agua potable. Y la ciudadanía que vive en la ciudad, me refiero a la Ciudad de Mendoza o en Godoy Cruz, tampoco tiene conciencia de que a un kilómetro hacia el oeste, en el piedemonte, hay miles de familias que no tienen agua corriente, a las cuales se le está entregando agua con camiones de las municipalidades de Ciudad, de Godoy Cruz, de Las Heras para sus necesidades más elementales. En este aspecto, se está contraviniendo lo que podríamos llamar el orden de prioridades que establecen nuestra Constitución y la Ley de Agua, que es el abastecimiento de población. Esas miles de familias que viven en el piedemonte tendrían que ser surtidas de agua, aunque sea un surtidor por cuadra. Es decir, ha habido una distribución no humana, no racional, de las inversiones vinculadas al agua. Cualquiera que recorra la provincia, bien recorrida, se dará cuenta de esto. Habrá que instar entonces a que legisladores y concejales recorran sus respectivos departamentos y vean por sí mismos cuáles son las necesidades para proteger los recursos hídricos y para usarlos correctamente.