Apenas designado, el director general de Escuelas Jaime Correas efectuó un relevamiento de todos los docentes que se encontraban realizando misiones especiales. Esta tarea había sido iniciada por su antecesora, María Inés Abrile de Vollmer, quien no tuvo mucho apoyo por parte de Francisco Pérez. Vollmer consiguió que el 50 % de los docentes destinados a las misiones especiales que existían en la provincia (alrededor de 1000 maestros, maestras y profesores) volvieran a estar frente a las aulas. Sin embargo, Jaime Correas decidió hacer su propia medición. Así nació la resolución N.º 0036 de la DGE, que daba de baja todas las misiones especiales.

Adrián Mateluna, secretario general de SUTE,  explicó que generalmente, cada vez que un nuevo gobierno asume, manifiesta la intención de dar de baja a estas asignaciones especiales, pero luego son ellos mismos quienes designan nuevas misiones especiales de acuerdo con sus intereses. “Las misiones especiales son el botín de los gobiernos, y generalmente están ligadas al partido político que gobierne”.

Paritarias sin techo

Mateluna manifestó que si el gobierno no llama a paritarias de forma urgente, peligra el inicio de clases. También, que es necesario tratar temas fundamentales, como paritarias sin condicionamiento económico, las condiciones de trabajo e infraestructura de los establecimientos educativos y el problemático Salud Laboral.

“Ante la situación económica que atraviesa el país, es lógico que se pida que en las paritarias no haya un techo, y si el gobierno no llama a paritarias inmediatamente, peligra el inicio de clases”, explicó Mateluna. Ante este planteamiento, la subsecretaria de Gestión Educativa, Mónica Coronado, dijo que “hay que ser coherentes ante la situación de emergencia económica que atraviesa la provincia”. También expresó la intención del director general de Escuelas de convocar a paritarias antes de que comience el mes de febrero.

Con respecto a Salud Laboral, el secretario general de SUTE explicó que muchos docentes han sido maltratados y que los turnos, que son diferidos, no se corresponden con las necesidades de los maestros, pues de esos turnos muchas veces dependen licencias y altas que no se respetan por los dilatados tiempos que manejan desde el organismo.

En cuanto a infraestructura, Adrián Mateluna explicó que desde SUTE se ha hecho un relevamiento de más de 200 escuelas que necesitan ser arregladas con urgencia antes del inicio del ciclo lectivo 2016. Ante esta situación, la Subsecretaría de Infraestructura Social Básica anunció el día miércoles 27 los arreglos en más de 180 escuelas de toda la provincia.
 

El codiciado 82% móvil

En 1996, la caja de jubilaciones provinciales fue transferida a la Nación (Anses) y por esto los docentes jubilados comenzaron a percibir sus jubilaciones según lo dicta la Ley General de Jubilaciones, es decir, sin la movilidad de los haberes. En 2005, alrededor de 4000 docentes iniciaron acciones legales contra Anses, patrocinados por el abogado de SUTE, Héctor Santander, demandando el cobro del 82 % móvil y el correspondiente retroactivo desde 2003 hasta la fecha en que se perciba.

Casi 10 años después, en marzo de 2014 se dio a conocer la primera sentencia, a favor de los docentes, por parte del Juzgado Federal N.º 2, que fue apelada por Anses. Esta apelación hizo que el proceso judicial se extendiera aún más, pero en el mes de diciembre de 2015 su apelación fue rechazada. 

Se espera que el fallo favorable quede firme en febrero de este año. De ser así, sentaría precedente para los otros casos que esperan su resolución en la Justicia.