El viernes 6 de octubre, en la sede Pergamino de la UNNOBA, se realizó el 78° Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional: una reunión de todas las autoridades de universidades públicas que integran este organismo creado en el año 1985, cuya función es coordinar y proponer políticas públicas vinculadas con el sistema de educación superior. En esta jornada, los rectores y rectoras aprobaron convenios con entidades internacionales y Ministerios del Gobierno Nacional, repasaron los informes de cada una de sus Comisiones permanentes, recibieron a representantes de los gremios docentes (CONADU, CONADU histórica y ADUBA), dialogaron con las autoridades de la Federación Universitaria Argentina y hasta emitieron un comunicado sobre Santiago Maldonado. Pero más allá de esta importante agenda, la visita de mayor impacto político fue la de la Magíster Danya Tavela, a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).

En una exposición de gran calidad técnica y mucha solvencia política, la secretaria de Políticas Universitarias hizo un racconto de las principales líneas de acción de la cartera a su cargo, y destacó distintas iniciativas tales como la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico -que busca el reconocimiento mutuo de trayectos formativos, propiciando la inclusión académica y evitando la deserción de los estudiantes-, la recuperación de los CPRES como espacios de intercambio y articulación para el mejoramiento de la oferta académica, el trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología -que potenció los esfuerzos del Estado en esta línea-, el programa Nexos que logró articular la Universidad con la Escuela Secundaria y la formación técnica, la exitosa re formulación de los programas de Becas, Bienestar y Voluntariado y la optimización de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que permitió acelerar los tiempos de tramitación de los títulos universitarios, entre otros avances.

Otro pasaje de su exposición fue para desglosar el proyecto de Presupuesto 2018, presentado por el Ejecutivo ante el Congreso a mediados de septiembre. En la sección vinculada a Educación Superior, el mismo prevé un 30% de aumento respecto al año 2017. Considerando que en el último Presupuesto aprobado por el Kirchnerismo se destinaban 53 mil millones para este rubro, el Gobierno de Cambiemos duplicó los fondos para las universidades llegando a un monto de 103 mil millones. 

La titular de la SPU destacó además que este Presupuesto es el de menor brecha entre la propuesta del Gobierno y lo solicitado por los rectores, ya que el Presupuesto aspiracional presentado por el CIN para el 2018 fue de 110 mil millones. Estos datos reflejan el compromiso del Estado por fortalecer la educación y la universidad pública.

El clima de la reunión tras estos anuncios fue de satisfacción y conformidad, sin embargo, el planteo de la Secretaria de Políticas Universitarias respecto a la necesidad de que las universidades transparenten sus gestiones y pongan énfasis en cumplimentar adecuadamente la rendición de los fondos girados, puso nerviosos a algunos rectores que estaban acostumbrados a moverse con soltura y sin controles durante la gestión anterior.

El planteo de Danya Tavela fue claro pero contundente: para recibir fondos se debe rendir cuentas. Tal vez por eso es que se escucharon discursos enfervorizados en defensa de la Autonomía, que sonaron más bien a excusas anticipadas de rectores acostumbrados al manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos.

También hubo lugar para planteos desopilantes, como el del Ing. Castelucci, rector de Tierra del Fuego, quien reclamó más fondos al Gobierno Nacional, manifestando que sus alumnos deben esperar a que los colegios secundarios liberen aulas en el turno noche para cursar, a pesar de haber recibido fondos exorbitantes de manera sostenida durante los últimos años. Esta Universidad fue creada en 2013, y para el año 2014 se le otorgó un 50% más de fondos que el anterior, promediando 130 mil pesos para cada uno de sus 530 estudiantes. Para el año 2015, el presupuesto para la Universidad más austral creció un 70%. ¿Aún así sus estudiantes no tienen dónde cursar? Algunos rectores presentes manifestaron por lo bajo que esta carencia de fondos tal vez podría suplirse reduciendo en algunos miles el elevado sueldo de Castelucci, que llegaría a un cuarto de millón.

Desde que cambió el Gobierno nacional, cambió la política universitaria: ahora la SPU tiene el rol de "formular las políticas universitarias del país para lograr una Educación Superior articulada, con calidad, equidad y respeto por la autonomía". Esta tarea no siempre fue desarrollada de la misma forma: la gestión de la política universitaria durante el Kirchnerismo fue abandonando gradualmente la consideración y el respeto por la autonomía de las instituciones que componen el sistema, para convertirse en un espacio que disciplinaba a las universidades por medio de prácticas extorsivas y clientelares.

La distribución del Presupuesto Universitario y la adjudicación de programas y acciones del Gobierno en materia de educación superior se realizaban atendiendo a la identificación de las Universidades con el "modelo nacional y popular": para las universidades que eran amigas todo, para las otras, nada.

Tal vez este cambio de perfil en la gestión sea lo que motivó esas voces críticas. Abona esta sospecha el hecho de que hayan quedado en completo aislamiento. Aún así, está garantizada la distribución del Presupuesto Universitario de acuerdo a pautas objetivas que respetan lo pautado por el propio CIN, reflejo de que terminó la era de la arbitrariedad y no hay más lugar para la discrecionalidad. Mal que le pese a algún nostálgico rector, también en política universitaria cambiamos para bien.