Este 8 de marzo adquiere una urgencia particular en Argentina, porque estamos asistiendo a discursos de odio y medidas que buscan desmantelar derechos conquistados. Esta urgencia se ve intensificada por el contexto político y social adverso, los retrocesos en materia de políticas sociales y derechos humanos, los ajustes económicos que afectan especialmente a las mujeres y otros sujetos feminizados y los discursos que buscan deslegitimar las luchas feministas y de la diversidad sexual. El actual presidente asumió con un discurso de derecha antifeminista, que niega cuestiones ampliamente probadas como la brecha salarial entre mujeres y varones o la existencia de la violencia de género. Pero lo dicho no se queda en el plano discursivo  

El primer 8M de la gestión, se eliminó el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, reemplazándolo por el Salón de los Próceres sin ninguna figura femenina de nuestra historia. Pero antes se habían tomado otras medidas: se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en la administración pública nacional y se desarmaron los mecanismos institucionales de género. Primero se redujo y después se eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, discontinuando 36 años de existencia de un mecanismo institucional en el Poder Ejecutivo Nacional.

Este mecanismo fue demandado por las feministas desde la reinstauración democrática. Inició como Subsecretaría de la Mujer (1987), en 1992 se convirtió en Consejo Nacional de la Mujer. En 2010 se puso en plural el nombre Consejo Nacional de las Mujeres para adecuarlo a las leyes sancionadas. Especialmente la ley 26.485/2009 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En 2017 se convirtió en Instituto Nacional de las Mujeres y en diciembre de 2019, en Ministerio.  

Se congeló el presupuesto de los programas de apoyo a las víctimas de violencias de género y en los despidos masivos hubo un especial ensañamiento con las personas contratadas por la ley de cupo laboral trans. Aunque correspondía a una mujer ocupar el cargo en la Corte Suprema de Justicia que dejó vacante Elena Highton, se propuso a un varón.    

Si bien el Ejecutivo se despegó de las legisladoras que presentaron proyectos para derogar la ley interrupción voluntaria del embarazo, se decretó el 2024 como "año de defensa de la vida, la libertad y la propiedad” y se desmanteló el Plan ENIA, un programa nacional de prevención de los embarazos no intencionales en la adolescencia, que tenía resultados alentadores. Además, se cortó la compra y distribución de insumos para abastecer la red de los programas nacionales de salud sexual y de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis. Por solo mencionar algunas medidas de una lista amplísima.  

En diferentes foros internacionales el presidente argentino se expresó en contra de los derechos humanos, de las políticas de género y de diversidad sexual. Se manifestó en desacuerdo con la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género -incluidos los derechos de las infancias trans- y la figura del femicidio. En el Foro Económico Mundial Davos 2025, equiparó la homosexualidad con la pedofilia, lo que dio lugar a una fuerte reacción de la ciudadanía. Se convocaron “asambleas antifascistas” en diferentes ciudades del país que organizaron para el 1 de febrero marchas que fueron multitudinarias en repudio a sus dichos, incluso en Mendoza y Córdoba, dos de sus bastiones en las elecciones de 2023.  

Foto: NiUnaMenos Argentina IG@ColectivoNUM

Estamos ante un contexto de ofensiva que linda lo distópico. Pero esto no detiene la fuerza de luchar por lo que consideramos justo. Todos los derechos que hemos conseguido han estado insertos en contextos que a veces han sido permeables y otras veces hostiles. Hoy más que nunca es necesario sostenernos en una perspectiva histórica para comprender que, aunque las políticas sean resbaladizas, hay transformaciones globales que no tienen vuelta atrás.

Quizá parecen lejanas las huelgas de principio del siglo XX, cuando las obreras lideradas por socialistas, anarquistas y feministas exigían mejores condiciones laborales, el sufragio y la igualdad de derechos. O cuando en 1977, en el marco del Decenio de la Mujer (1975-1985), la Asamblea General de las Naciones Unidas oficializaba el 8M como una jornada global de visibilización, protesta y reivindicación y, por tanto, reconocía la legitimidad de estas demandas (Anzorena, 2021). 

Quizá parece lejano cuando el 8 de marzo de 1984 la Plaza de los dos Congresos se inundó de mujeres con pancartas con reclamos y consignas para conmemorar ese día por primera vez en democracia, inaugurando un espacio privilegiado para manifestarse y avanzar hacia nuevos horizontes donde resurgían los movimientos sociales expectantes y con ansias de justicia. Tomar las calles para los colectivos de mujeres, feministas, lesbianas, gays, travestis y trans fue parte de dejar de esconderse, tomar conciencia sobre la propia opresión y denunciar todas las formas de violencias machistas, la desigualdad económica y la falta de acceso a la salud y a la educación. 

Desde entonces quienes formamos parte de estos colectivos ponemos en valor el habitar en cuerpos y subjetividades no hegemónicas ni impuestas autoritariamente en cuanto al género, la racialización o la clase porque sentimos orgullo de hacer de este un mundo lleno de diversidades, divergencias y disidencias. La democracia nos dio herramientas para impulsar la transformación de las relaciones de dominación en todos los ámbitos. Con momentos de mayor incidencia y con otros en los que nos limitamos a denunciar las injusticias, los gobiernos democráticos tuvieron que dar respuestas y rendir cuentas ante las condiciones de vida de las mujeres y colectivos LGTBIQ+ (Anzorena, 2019). Y la situación actual no será la excepción.  

Las calles volverán a llenarse de nuestros reclamos. Y nos enfrentaremos una vez más al desafío de organizarnos y fortalecernos ante un panorama hostil que nos compele a afilar las resistencias para plantear alternativas.  

*Comité de Divulgación Científica del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del Conicet.

Bibliografía citada

Anzorena, C. (2021). Cuatro décadas de políticas de género en Argentina. Un recorrido por los cambios normativos de 1985 a 2020 desde una perspectiva feminista. En Anzorena C. et al. (coord.) Reproducir y sostener la vida. Abordajes feministas y de género interdisciplinarios del trabajo de cuidados. Buenos Aires: Teseo, 2021 

Anzorena, C. (2019). Quehaceres feministas, anudando y desanudando al Estado. Revista Punto Género, (11), pp. 5-17, 2019.