La cantidad de niñas, niños y adolescentes que están bajo el cuidado del Ejecutivo para proteger su integridad física o psíquica se incrementó el 30 % entre 2016 y 2017 y la tendencia se mantiene. Hoy son 511 los pequeños que están en alguno de los 33 hogares estatales, a los que se suman 34 que viven con familias en forma temporaria, hasta que puedan volver con la propia o se inicie un proceso de adopción.

Los datos fueron confirmados a Unidiversidad por la directora de Cuidados Alternativos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Belén Canafoglia. Pese al incremento, aseguró que luego de un trabajo interdisciplinario que se puede extender hasta seis meses, el 82 % de los pequeños regresa a su casa, con un seguimiento exhaustivo para evitar que se vulneren nuevamente sus derechos o vivan situaciones de peligro.

La funcionaria explicó que en los últimos dos años hicieron modificaciones en el sistema; entre ellas, la mejora de los hogares estatales (incluso inauguraron nuevos), el refuerzo del seguimiento y acompañamiento del pequeño cuando regresa con su familia, así como un esfuerzo por realizar un trabajo en red con distintos organismos, como las dependencias de salud y educación.

Una medida excepcional

Estas medidas que buscan resguardar a los pequeños siguen los postulados de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26061), que en Mendoza aplica la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) a través del Órgano Administrativo Local (OAL) y de la Dirección de Cuidados Alternativos. La norma significó un cambio de paradigma en las políticas de infancia, ya que los niños no pueden ser judicializados por problemas sociales o económicos, sino que es el Ejecutivo el que debe velar por sus derechos y la Justicia sólo controla la legalidad de algunas medidas, como las llamadas medidas excepcionales, entre las que se encuadra la decisión de sacarlo de su casa.

El ingreso de una chica o un chico a un hogar estatal es la última opción que toman los profesionales del OAL luego de agotar las instancias con la familia para que modifique la conducta que vulnera algún derecho del pequeño y que lo pone en peligro tanto físico como psíquico, además de que no exista algún familiar que asuma la responsabilidad.

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En los hogares comienza un trabajo que puede durar hasta 180 días para intentar que la familia modifique sus conductas nocivas. Las mismas van desde maltratos a negligencias graves, falta de cuidados básicos –como que el pequeño no asista a la escuela o a los controles de salud– y, en el peor de los casos, que sufra abusos (en estos últimos se inicia una causa penal contra el abusador).

Canafoglia explicó que el ingreso a un hogar produce un impacto en la familia y que al ver alejado al pequeño muestran predisposición para intentar modificar su conducta. En este sentido, dijo que los cambios son lentos, porque en general son personas a las que educaron de ese modo y no tienen otros parámetros de cuidado y de puesta de límites. Por eso, comienzan a trabajar con la madre, el padre o quien sea el responsable, con el objetivo de que los chicos vuelvan a su casa.

Cuando el regreso con su familia es imposible, se inicia un proceso para que la Justicia determine el estado de adoptabilidad del pequeño, un proceso que según Canafoglia se demora mucho tiempo.

Más chicos y chicas en hogares

El Ejecutivo cuenta con dos mecanismos para cuidar a los pequeños: 33 hogares en toda la provincia, en cinco de los cuales están los más chiquitos, y 28 familias temporarias, con quienes se quedan los más vulnerables, como el caso de los recién nacidos. Estas son personas seleccionadas por profesionales de la Asociación Voluntarios Mendoza (Avome), cuyo objetivo central es brindar un ambiente familiar, cuidados y cariño al pequeño, hasta que pueda regresar a su casa o se inicie el proceso de adopción.

Canafoglia explicó que la cantidad de chicos y chicas que permanece un tiempo en algunos de los hogares va en aumento. En 2016 fueron 340; en 2017, 498, y actualmente hay 511 en los hogares y 34 con las 28 familias temporarias, especialmente los recién nacidos, de los cuales al 80 % se les detectó cocaína en sangre, por lo que necesitan cuidados especiales.

Cocaína congénita

La realidad de la niñez en riesgo se visibilizó con los datos que ha proporcionado la ex subsecretaria de Desarrollo Social y ahora diputada provincial Marcela Fernández.

La psicóloga explicó que por más voluntad que exista, un hogar nunca será igual que vivir en familia. “El hogar puede ser el mejor del mundo, pero no es lo mismo, nunca será igual que el uno a uno, que el cara a cara que hay cuando uno forma parte de una familia”, explicó la profesional.

La ley contempla tiempos máximos de estadía en un hogar y esto no es caprichoso: la institucionalización produce secuelas en los niños y niñas. Algunas veces lo expresan con enojo, con explosiones de ira, y otras con tristeza, con retraimiento, por lo que es necesario acompañarlos.

Reforzar el sistema

Desde que el sistema de protección se puso en marcha en 2008, fueron muchos los profesionales que reclamaron mejoras, ya que denunciaron que su ineficiencia ponía en peligro a los niños y niñas y que inclusive podía llevarlos a la muerte. Uno de los casos paradigmáticos fue el de Luciana Rodríguez, ya que pese a existir diez denuncias por los maltratos que sufría, fue restituida a su hogar. Luego, la nena de tres años murió a causa de los golpes que recibía, lo que quedó demostrado en el juicio en el que fueron condenados su madre y su padrastro. No fue el único caso: Valeria Henríquez, Micaela Reina, Andrea Ábalos, Belén Amitrano y Georgi Godoy fueron todos pequeños muy presentes en la memoria colectiva mendocina que murieron pese a que los mecanismos para protegerlos se pusieron en marcha.

Frente a esto, Canafoglia explicó que reforzaron los controles y el acompañamiento del pequeño cuando están dadas las condiciones para que regrese a su casa. Dos veces a la semana, un profesional visita a la familia para asegurarse de que el niño o niña está bien y que continúan con el esfuerzo por modificar las conductas que lo pusieron en peligro, objetivos que evalúa cada quince días un equipo interdisciplinario.

Comienza el juicio por la muerte de Luciana

El caso mostró las falencias del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.

La funcionaria destacó que también reforzaron el financiamiento, para que los operadores puedan cumplir sin problema con los controles, ya que en muchas oportunidades no tenían cómo llegar a las casas. Además, comentó que pusieron el acento en el trabajo en red con otros estamentos del Ejecutivo, como los ministerios de Salud y Educación, y que esto sólo se logra llamando a los funcionarios, acordando medidas, firmando acuerdos, porque si se respetan los tiempos administrativos, siempre se llega tarde.

La psicóloga subrayó la importancia de que todos los integrantes de la familia y de la comunidad asuman su responsabilidad, en el sentido de advertir posibles inconvenientes. Destacó además la utilidad de la línea 102, en la que se puede realizar una denuncia o advertencia en forma anónima.

“Mientras más socializados están los niños, más seguros están. Si van a la escuela, al centro de salud, al club, son muchos ojos, hay un montón de gente que los mira y puede encender la alarma, además de todos los miembros de la familia. Es necesario que todos asumamos la responsabilidad”, fueron las palabras de la funcionaria.