Cuatro colectivos procedentes de Salta y Jujuy con trabajadores y trabajadoras rurales temporarios fueron detenidos en la Ruta 40, en el límite entre San Juan y Mendoza, y no pudieron ingresar a la provincia. Se trata de más de 90 personas, algunas con sus niños y niñas. La prohibición de entrada fue porque los colectivos no cumplían con las normas de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), vinculadas con las horas de sueño, la capacidad de los micros y otras cuestiones legales relacionadas a la documentación de las unidades.

Por un lado, dos de los micros no tenían los permisos requeridos por la CNRT y, por otro, a algunos de los trabajadores les faltaba el contrato de trabajo requerido por el Ministerio de Economía de Mendoza para trabajar en la cosecha. Lo cierto es que varones y mujeres que vienen a cosechar en las fincas de Mendoza quedaron en el medio de la nada, sin agua, sin comida y sin baños.

Alejandro Mutis, delegado de la CNRT Mendoza, dijo en Radio U: “Siguen estando en el control fitosanitario de Jocolí. La CNRT controla las condiciones del transporte, realizamos controles rutinarios, algo que nos permite encontrar irregularidades, y tenemos que hacer que se regularicen por la seguridad del pasajero”.

“La documentación pedida por nosotros es el documento universal del transporte, que es la lista de pasajeros, que tiene que coincidir con los que vienen arriba. En contexto de pandemia, no puede venir más gente de la que se declara. Pedimos, además, las libretas de trabajo de los choferes para ver si han descansado y las declaraciones juradas como trabajadores esenciales”, agregó.

Mutis explicó que “las provincias tienen exigencias propias". "A los trabajadores esenciales, Mendoza les pide una declaración jurada y el contrato de trabajo con firma médica. En este caso, detectamos falencias en dos colectivos y procedimos a infraccionar para retenerlos. Los otros dos no tienen esos problemas, pero no tienen autorización de la provincia para ingresar. En una situación normal, se traslada a las personas a la Terminal y se libera a los pasajeros; la diferencia en este caso es que no pudo entrar nadie”, dijo.

“El problema es que no hay baños ni comercios. Nosotros compramos comida para llevarles a los trabajadores varados, ya hicimos lo que teníamos que hacer, cobramos la multa. Es la provincia la que decide si entran o no. Hablé con diversos funcionarios para plantear esta situación humanitaria, no podemos dejar a esas personas así”, señaló Mutis.

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