Cuando nadie hablaba de trata de personas, cuando ni siquiera era un delito para las leyes argentinas, Susana Trimarco, la mamá de María de los Ángeles Verón –secuestrada en abril de 2002 en Tucumán– comenzó su lucha. Aún no encontró a su hija, pero puso la problemática en la agenda pública, impulsó el proyecto y la aprobación de la ley contra la trata de personas, fundó una organización y ayudó a cientos de víctimas. La mujer fue reconocida en el mundo entero por su lucha y no se cansó de denunciar a todos los proxenetas que raptaron a su hija.

En octubre de 2007, Trimarco abrió las puertas de la Fundación María de los Ángeles para brindar asistencia a las víctimas de trata, recibir denuncias y ofrecer contención y asesoramiento a sus familiares. Un año después, abrieron el primer refugio especializado del país en Tucumán. 

Trimarco impulsó el proyecto de la ley 26364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, promulgada en abril de 2008. La norma impuso penas de tres a seis años de prisión a quien capte, traslade y reciba a personas con el fin de explotarlas sexual o laboralmente. Se determinaron penas más graves si las víctimas son menores de 18 años.

La mujer también impulsó las modificaciones a la ley, que fueron aprobadas en 2012 y que ampliaron las condenas para los delitos de explotación sexual simple y cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad. Otra modificación sustancial fue que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.

La ley estableció que el delito de trata de personas abarca diversas formas de explotación: mantener a una persona en condición de esclavitud o servidumbre; obligar a otro a realizar trabajos o servicios forzados; promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; forzar a otro al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho, y facilitar o comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

La lucha de Trimarco no paró. En diciembre de 2012, la Justicia tucumana absolvió a los acusados de secuestrar y obligar a prostituirse a Marita Verón en los locales Candy, Candilejas y El Desafío en La Rioja. Un año después, la Corte tucumana revirtió la absolución de 10 de los acusados y los condenó por la desaparición y el secuestro de la joven.