Se desconocen los argumentos de Walter García acerca de por qué disparó su arma reglamentaria apuntando directamente hacia el rostro del adolescente de 19 años y provocando minutos más tarde su inevitable deceso. Frente a la gravedad  del hecho de nada hubieran servido al uniformado para evitar la rápida actuación de la fiscalía que en cuestión de horas ordenó las pericias que desembocaron en su inmediata detención. El efectivo policial, ya separado de su cargo, deberá enfrentar judicialmente una posible condena de cadena perpetua.

El homicidio tuvo lugar la madrugada del último sábado en las inmediaciones del barrio Palumbo de Godoy Cruz. Fue en el momento justo en que Franco, junto a sus amigos, intentaba frenar el ingreso de hecho de las fuerzas policiales a la vivienda particular en la que se divertían a través de una fiesta propia de chicos de su edad - hasta la llegada del comando que fue enviado, y más tarde reforzado, tras recibir una denuncia telefónica por “ruidos molestos” –.

Así lo relataron los mismos adolescentes una y otra vez ante las autoridades que solicitaron sus testimonios y  para los medios que se dedicaron a cubrir el hecho.

La mayoría de los periodistas que consultó a los chicos los detalles de la represión sufrida, lo hizo con la intención de denunciar un nuevo caso de gatillo fácil que, tal como se viene reiterando desde que se conoció la noticia, se agrega a la vasta lista de violencia institucional que por la impunidad reinante  parece “arrogarse” la policía de la provincia. No obstante, una porción importante de comunicadores dejó traslucir el interés de encontrar algún justificativo posible a la brutalidad del accionar policial.

 “¿Por qué ustedes agredían a piedrazos a los policías cuando ellos llegaron a la casa?”, “¿Qué tipo de fiesta era?”, “¿Cuánto alcohol había?”, “¿Ustedes bajaron el volumen de la música cuando se los pidió la policía?”, “¿De qué barrios eran los chicos que fueron a la fiesta?”, “¿Cómo era Franco? ¿tranquilo?”, eran los interrogantes lanzados por algunos de estos periodistas con un sospechado anhelo de encontrar en sus respuestas algún dato que permita poner en tela de juicio la inocencia de los jóvenes, si no de avalar las situaciones de violencia pública cada vez que  recaen sobre las personas de sectores populares.

“Nos da miedo la policía, por eso no queríamos que entraran a la casa ni nos queríamos ir de ahí hasta que ellos se retiraran de la zona”; “Una fiesta, una fiesta con música, como cualquiera. Cada vez que podemos hacemos fiestas porque no tenemos otros lugares para salir pero nunca nos había pasado algo así”; “Franco era nuestro amigo, un chico como nosotros”, respondían los chicos que se reunieron el mediodía del lunes 7 de mayo en la Casa de Gobierno para reclamar que el caso no quede impune.

El tono de esas respuestas conjugaba el dolor por la pérdida de su compañero, y el de la obviedad y la impotencia de sentirse cuestionados “por dónde vivimos, por cómo hablamos, por cómo nos vestimos”, tal como se quejaba una de las amigas de Franco Díaz. “Hasta que nos pasan estas cosas. Hasta que nos matan un chico”, la apoyaba la mamá de otra de las compañeras.

“Se va a acabar esa costumbre de matar”. La interpretación del hecho realizada por el gobernador Francisco Pérez y el ministro de Seguridad Carlos Aranda dista mucho de la realidad descripta por los jóvenes y de la historia de violencia policial con que carga Mendoza.

Dicha “tradición” de las fuerzas de seguridad mendocinas  fue detallada de manera clara por el periodista de El Sol online Jorge Hirschbrand, en su nota titulada  “Abusos y gatillo fácil: la triste historia que le dio fama a la Policía de Mendoza”. Allí reseña los 14 casos de gatillo fácil ocurridos en la provincia desde 1989 hasta la fecha. Once de ellos permanecen impunes.

Es que pese al contexto denunciado tanto por el cronista como por los adolescentes, para Pérez y Aranda la muerte de Franco fue “un caso aislado” y de” negligencia” particular del efectivo auxiliar  que sin dudarlo empuñó su pistola 9 milímetros a una distancia suficiente para que la bala ingresara por el mentón del chico y saliera por su nuca.

“Negligencia  e imprudencia, no gatillo fácil”, así lo expresaron ambos en la conferencia de prensa en la que eludieron reales responsabilidades luego de garantizar que “todo el peso de la ley recaerá sobre el responsable” y que se tomarán medidas para que la policía deje de intervenir en casos de “ruidos molestos”. Además de ofrecer la muletilla oficial típica en estos casos de “la necesidad de capacitar más a la fuerza policial”.

Sucede que más allá de que Walter García reciba su condena, la falta de reconocimiento de responsabilidad compartida por parte de las mismas autoridades y de la importancia de comprender el carácter estructural de esta problemática enquistada en la orgánica policial de Mendoza, los abusos policiales sobre los jóvenes - especialmente de sectores populares - persistirá. Así lo ha demostrado y lo demuestra la historia institucional de la provincia.

Para despejar las dudas impuestas por algunos medios sobre si se trató o no de un caso de “gatillo fácil” y señalar  la gravedad de la postura oficial acerca de hechos de este tipo, el abogado de Derechos Humanos Pablo Salinas, explicó a NU Digital en qué consiste esta forma extrema de violencia policial.

 “Hay que entender que ‘gatillo fácil’ o ‘gatillo alegre’ es cuando los policías actúan disparando y sin ceñirse a la normativa que indica que el arma debe ser usada con precaución y como último recurso.  Y sin disparar a lugares vitales”, detalló. En todos esos puntos incurrió Walter García.

“Se sabía, se sabía que a Franco Díaz lo mató la policía”, fue otro de los cánticos que entonaron los amigos del asesinado durante la marcha que organizaron para reivindicar su memoria, exigir Justicia para que no suceda nunca más un hecho de este tipo y expresar su deseo de dejar de ser parte de los objetivos policiales por sus condicionamientos sociales.

Para el abogado Salinas “no hay dudas” de que fue un caso más de gatillo fácil: “Lo es porque un pibe murió y otra piba está internada con una herida en el rostro. Es gatillo fácil porque era una denuncia por ruidos molestos y no había necesidad de usar armas de fuego”.

Según el letrado, el policía responsable de la muerte de Franco no se ciñó a la normativa vigente en la Ley 6722 que rige en torno a “los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Cabe señalar que los mismos fueron adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, y tiempo después retomados en la legislación nacional y provincial.

En la misma sintonía que los chicos manifestados por el dolor y la bronca, Salinas sostuvo que “tampoco hay que permitir que el caso de Franco sea considerado ‘un hecho aislado’” ya que por sus características y por las razones antes expuestas "pasó a formar parte de la trágica historia de la policía de Mendoza”.

“Franco está. Sí está”, gritaban cada tanto los chicos mientras marchaban desde la Casa de Gobierno hacia la Legislatura provincial en el mediodía del último lunes.  Se trató de una marcha más bien improvisada, de la que participaron un centenar de adolescentes y un puñado de madres que intentó contener todo el tiempo  la pena de los jóvenes, y en especial de los padres de la víctima.

Sólo un par de referentes de la lucha en defensa de los derechos humanos se acercó a escuchar a los chicos. Ningún funcionario acompañó la caminata. Y los medios presentes,  de acuerdo a su perfil, hicieron lo suyo.

Con algunos bocinazos se reflejó el apoyo al reclamo de parte de los automovilistas que durante algunos minutos tuvieron que interrumpir su tránsito a medida que la estrecha columna avanzaba por entre las calles céntricas. Pero nada más.

La indiferencia de los transeúntes ante un verdadero hecho de violación a los derechos humanos - en contraposición a los reclamos de justicia encarnados por familiares y amigos de víctimas de hechos de inseguridad particulares - confirmó que gran parte de la sociedad mendocina mide con distintas varas el valor de las vida de los chicos más pobres con la de aquellos que sí gozan de mayores oportunidades.

Si pocos fueron los que acompañaron en la marcha a este grupo de adolescentes movilizados por un reclamo justo, es porque muchos son los responsables de que hechos de este tipo sigan marcando a fuego la vida de cientos de jóvenes de bajos recursos en Mendoza.

En este sentido,  Pablo Salinas responsabilizó a “ciertos medios de comunicación” que “reproducen los discursos de mano dura agitados por determinados sectore,s y los repiten hasta el cansancio provocando que luego se haga muy difícil controlar a las fuerzas de seguridad”.

Por su parte, Marcelino Altamirano, titular de la Casita Puente Afectivo – dedicada a albergar a chicos de la calle – y quien sí se sumó a la marcha, se lamentó de la soledad con que expresaron su dolor los amigos y familiares de Franco.

A través de NU Digital Altamirano se dirigió a “aquellos que dicen que los derechos humanos están sólo para los delincuentes y que se quejan de que a la policía se les 'ata las manos'”  al preguntarles: “¿Para esto quieren que los policías tengan las manos desatadas? ¿Para que vuelva la picana? ¿Para que sigan muriendo los chicos de los barrios más pobres gracias a las balas libres que tiran estos represores?”.

La permanente invocación de la presencia de Franco realizada por sus amigos dejó en claro que no hay indiferencia social ni tratamiento mediático desigual que amilane el repudio por un caso de injusticia social que hacia dentro de la cotidianeidad de los sectores más populares se convierte en cientos de casos.