Las voces de cientos de mujeres y varones se unieron el miércoles en un grito en las calles del microcentro de Mendoza. Fue una rebelión para decir basta a la violencia de género y sobre todo a los femicidios, esa forma extrema de violencia que mata mujeres. Fue un reclamo para que los tres poderes del Estado asuman la responsabilidad ineludible que tienen: al Ejecutivo, para que otorgue presupuesto que permita a las leyes ser más que palabras; al Judicial, para que brinde respuestas verdaderas a las víctimas y condene a los victimarios, y al Legislativo, para que los diputados y senadores analicen y aprueben proyectos necesarios, y no soluciones de último momento que no cambian nada.

Las voces que se convirtieron en grito en las calles de Mendoza, se unieron a otras miles en muchas ciudades del país, de Chile y de Uruguay. Ese grito se gestó con un susurro luego del asesinato de la adolescente Chiara Páez, cuyo cuerpo fue encontrado en el patio de la casa de su novio, en Santa Fe. Fue cuando un puñado de periodistas, artistas y activistas se preguntó qué hacer. Y lo hizo.

Cientos de varones y mujeres abandonaron la modorra mendocina y decidieron poner el cuerpo al reclamo. Tal como acordaron en el seno de la comisión organizadora que formaron ONG, movimientos varios y partidos –y aunque algunos quisieron olvidar lo acordado–, al frente de la marcha fueron las verdaderas víctimas: los familiares y las amigas de aquellas que ya son "menos": Mirtha Barchiesi, Giselle Páez, Elina Carmona, Mary Saldaño, Johana Chacón, Soledad Olivera, Clara Reyna, Fernanda Toledo. Y la lista sigue.

Mujeres y varones portaron carteles con las caras de las féminas que ya no están en sus vidas a causa de un violento, y caminaron detrás de una enorme bandera con la consigna #NiUnaMenos, Basta de Femicidios. Les siguieron integrantes de asociaciones, de organizaciones sociales, de escuelas, de partidos políticos. Incluso asistieron los candidatos a gobernador por las tres fuerzas que competirán en las elecciones generales del 21 de junio, pero se mantuvieron en el medio de la movilización.

La marcha fue colorida pese al doloroso tema que la convocó. En carteles impresos en computadora, hechos a mano, en remeras, en cartones, en telas, en los brazos, en las piernas, en las tetas, los y las asistentes estamparon distintos mensajes, que al final fueron uno solo: denunciar todas las formas de violencia contra mujer, que no se reducen a su ámbito privado sino que alcanzan a los medios de comunicación, al trabajo, al sistema de salud y a todos los estamentos del Estado.

Una vez que las columnas llegaron a la puerta de la Legislatura, integrantes de distintas agrupaciones leyeron un documento en el que exigieron la emergencia nacional, presupuesto para la efectivización de las leyes, creación de casas refugio y democratización de la Justicia.

Una de las oradoras repitió que los poderes del Estado deben asumir su responsabilidad. La muestra más flagrante de la deuda es que las víctimas deambulan por comisarías y oficinas fiscales, y que el Ejecutivo no otorga el presupuesto para que la Ley 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sea –a seis años de su aprobación– más que un montón de palabras.

Por no tener presupuesto asignado, esa ley no cambia las vidas de las víctimas. Aún no se aplica en todas las provincias, los recursos con que cuenta el Consejo Nacional de las Mujeres (órgano de aplicación) son ínfimos, no existen estadísticas oficiales, el acceso a la Justicia sigue siendo una deuda y hay un gran déficit de casas-refugio en todo el país, según los resultados del monitoreo de la norma que realizaron las integrantes de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) y del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci).

En esa ley –que ayudaron a elaborar y que militaron muchas organizaciones– están contempladas muchas de las medidas que las autoridades anunciaron como soluciones innovadoras. Están, pero sin presupuesto es como si no estuvieran.

La marcha fue una interpelación a los poderes del Estado, para que brinde respuestas urgentes frente a una problemática que ya terminó con la vida de 168 mujeres desde 2003 hasta el 2014 en Mendoza, según datos del Observatorio de Violencia del Estado. Pero también fue una interpelación social para intentar cambios culturales profundos, a largo plazo.

Fue María Domínguez, la referente de Madres de Plaza de Mayo en Mendoza, quien compartió con los asistentes esta idea. Dijo que lo único que podía parar la violencia era la unidad y la educación, la forma en que se educaba a niños y niñas en la primaria, en la secundaria, en la universidad. “Desde tiempos inmemoriales, los varones creen que somos de su propiedad, pero somos seres humanos igual que ellos”, recordó.

Un grupo de chicas la aplaudió y levantó bien arriba su cartel: “Dejemos de criar machistas y princesas indefensas”, se leía. Ahí está la otra clave del problema, la solución de fondo y a largo plazo: que seamos capaces de hacer nuestra propia marcha interna, de repensar nuestros dichos, nuestros chistes, las ideas estereotipadas que seguimos repitiendo frente a los pequeños que tenemos alrededor, la falta de solidaridad con otras mujeres. Emprender la marcha interna es una tarea ardua, la autocrítica es una tarea ardua. Pero quizás, si enseñamos y mostramos a los más chiquitos formas sanas de relacionarse, ninguno, nunca más, apretará el puño frente a una mujer.