La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Ley de Ministerio Público. No hubo más trabas en su tratamiento luego de que el bloque oficialista anunció que el discutido artículo 7 quedaría prácticamente sin modificaciones esenciales de la redacción de la ley original, la número 8008. 

Esta ley llegó a la Legislatura prácticamente al mismo tiempo que Alejandro Gullé llegó a ser Procurador General de la Corte. Cuando el gobernador Alfredo Cornejo lo nombró como "su" candidato, el letrado había advertido sus intenciones de reestructurar el organismo que presidiría, el Ministerio Público. 

En este sentido, lo primero que se planteó fue la creación del Ministerio Público de la Defensa, independiente del Ministerio Público que, en cuanto se sancione la ley, será exclusivamente Fiscal. Esta modificación fue bien vista por la mayoría de los bloques de diputados.

Otro cambio percibido con entusiasmo por los legisladores fue el de la  creación de fiscalías especializadas en los distintos tipos de delitos. Quienes estuvieron en desacuerdo con esta reforma fueron los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que argumentaron que esto permitirá que el Procurador "haga y deshaga" fiscalías a su parecer.

En ese mismo sentido, la diputada de ese bloque, Macarena Escudero, manifestó que la reforma del Ministerio Público Fiscal le da "superpoderes" al Procurador de la Corte, en este caso, a Alejandro Gullé.

Por otro lado, algunos legisladores como Marcos Niven (PD) expresaron su deseo de que la autonomía financiera que se le otorga al Ministerio en cuestión con esta reforma sirva para poner en funcionamiento la Policía Fiscal. Carina Segovia (FpV), en tanto, manifestó su expectativa de una reforma constitucional en la que se le pueda dar al Ministerio Público de la Defensa la misma jerarquía y entidad que al Ministerio Público Fiscal.

Hubo cruces entre los diputados Héctor Fresina (FIT) y Pablo Priore (PRO), ya que este último dijo que si un Estado que protege a las víctimas del delito es un Estado represivo, que "bienvenido sea el Estado represivo".  Ante semejante frase, el legislador de izquierda reaccionó y respondió.

No obstante, el debate "vedette" de esta sesión fue sobre el artículo 7 del proyecto, que implicaba un cepo judicial a la información al limitar el contacto directo entre fiscales de instrucción y periodistas, durante la primera etapa de las investigaciones de delitos.

El oficialismo decidió, y Néstor Parés -el Presidente de la Cámara- confirmó que el Procurador Gullé estuvo de acuerdo, que se mantendría la ley vigente en cuanto a la información pública. Entonces, los periodistas seguirán comunicándose con los fiscales y no se creará la oficina de prensa de Procuración General que centraría la información. 

El bloque del FpV celebró esta decisión, así como también lo manifestó Escudero del FIT, y también representantes del Sindicato de Prensa de la provincia que estaban presentes en el recinto y aplaudieron cuando se leyó la redacción definitiva del artículo. 

El artículo 7 definitivo

La redacción definitiva del conflictivo artículo 7 quedó de la siguiente manera:

"Los integrantes del Ministerio Público Fiscal" deberán dar información del ámbito de su competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso.

En los casos que corresponda secreto de sumarioo reserva de las actuaciones, su violación habilitará la imposición de sanciones disciplinarias. En caso de reiteración podrá constituir causal de imputación de mal desempeño conforme lo dispone el artículo 164 de la Constitución Provincial".