La violencia física, sexual, emocional y psicológica ejercida contra niños y niñas, en cualquier ámbito donde ellos se desarrollen, sigue siendo la gran deuda pendiente que el mundo, argentina y Mendoza en particular sigue guardando con la infancia. Se estima, de hecho, que en el país más de cinco millones de pequeños/as sufren situaciones de maltrato y agresiones propinadas por parte de las personas que, justamente, deberían velar por su integridad, seguridad y desarrollo pleno. Es que lejos de cualquier entendimiento posible, el hogar es el escenario más frecuente donde, amparados en la impunidad del silencio, el entorno familiar es el primer responsable de la vulneración de todos sus derechos.

Hoy, en el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, la problemática llama a la reflexión. En nuestra provincia, el Programa Provincial de Prevención del Maltrato Infantil ha recibido un mínimo de 16 mil llamadas en los últimos años. Según alertó la organización Aldeas Infantiles S.O.S, las formas de crianza negativas y basadas en la violencia siguen estando naturalizadas en el seno de las familias argentinas.

En la Argentina, el castigo corporal está prohibido luego de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 647, y por la Ley de Protección Integral de la Niñez (N° 26.061). Además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece al respecto que "el Estado tiene la responsabilidad de asegurar políticas, recursos y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente sus funciones en la crianza".

Justamente, el maltrato físico hacia niños y niñas no es un método aceptable de crianza y requiere de intervenciones específicas para poder ser revertidas. Uno de los conceptos a desterrar tiene que ver con que el amor puede expresarse con el maltrato. Justamente, ambos conceptos son imposibles de coexistir, alertan los especialistas en infancia.

“Mucho se ha dicho acerca de las diferentes formas de maltrato y la importancia de sensibilizar y problematizar los modos de relacionarse de los adultos con los niños e identificar actitudes que puedan ser compatibles con una situación de maltrato infantil”, enfatizó Alejandra Perinetti, directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina.

Abuso a menores: se atienden entre 13 y 15 casos por día en Mendoza

El 70 % de los abusadores sexuales pertenecen al entorno familiar masculino del niño o niña, según Francisco Izura, coordinador del equipo de abordaje del Ministerio Público Fiscal que trata este delito.

Tal como alertó la profesional, la violencia contra niños y niñas no sólo debe ser visible cuando se detecta una marca en el rostro o en el cuerpo. De hecho, cuando la violencia ejercida no deja rastro desde el punto de vista físico, el daño para toda la vida puede ser irreversible desde el punto de vista psicológico y emocional. “Es un problema urgente, complejo y naturalizado que atraviesa todos los hogares y clases sociales”, alertó Perinetti y detalló que los gritos, insultos, descalificaciones y exposición a situaciones estresantes o riesgosas son formas de maltrato, al igual que la desprotección, el descuido y la negligencia.  

“Interrumpir el círculo de violencia contra los niños es impostergable. No solo al interior de las familias, donde es sin dudas prioritario, sino también en todos los ámbitos donde niños y adolescentes transcurren su cotidianeidad”, llamó la atención la directora de la entidad al comprometer a la sociedad pero también al Estado para frenar la problemática y lograr mayores niveles de concientización.

“Son necesarias políticas públicas de abordaje integral, que acompañen a las familias en la función de crianza, simbólica y económicamente y que de manera central, trasciendan el ámbito familiar y garanticen seguridad y protección en todos los ámbitos en que niños y adolescentes se desenvuelven”, dijo Perinetti y aclaró que esta es una función indelegable del Estado. “Sin dudas socialmente nos queda un largo camino por recorrer para desenredar la trama de violencia que se teje sobre la niñez, hoy es la oportunidad de exigir al Estado las respuestas y acciones que aún están pendientes”, opinó.