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21 DE NOVIEMBRE DE 2024
No hubo comunicaciones oficiales respecto de cerrar o no la sala, pero parece que no hubo arreglo. Piden detalles de las negociaciones.
Los trabajadores del casino y del hotel se manifestaron ayer al mediodía en Casa de Gobierno. Foto: Diario Los Andes.
Durante todo el miércoles 27, el Gobierno mantuvo un total hermetismo con respecto al escrito presentado por la empresa KLP que opera el casino Cóndor de los Andes. El plazo impuesto por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos para solucionar la situación de la firma y poder seguir operando, o bien pasar al cierre definitivo de la sala expira hoy, jueves, a las 10 de la mañana.
En el transcurso de ayer, la preocupación de los trabajadores continuó y fue canalizada por la oposición al Ejecutivo. Así, el senador peronista Luis Böhm realizó dos pedidos de informes. Uno estuvo destinado al Ejecutivo y a la Fiscalía de Estado por los puestos de trabajo –unos 140– que se perdieron por el cierre de los anexos de las salas de juego oficiales. El otro estuvo directamente relacionado con el Cóndor de los Andes, ya que la solicitud de información fue para el Ejecutivo, la Justicia y la Fiscalía de Estado. En este sentido, son más de 400 los empleos que se perderían, ya que la sala cuenta con 180 trabajadores, y el hotel, con 250. La empresa ya ha anunciado que si cierra la sala, también lo hará el hotel.
Si bien no hay confirmaciones por parte del Gobierno, al parecer la empresa no envió ningún pago al Ejecutivo y no habría arreglo posible para que la sala siga abierta.
El casino Cóndor de los Andes está cerrado desde el 12 de julio. La clausura la dispuso el Ejecutivo por una deuda impositiva, generada entre 2012 y 2014, por 37 millones de pesos, más 70 millones extra en carácter de multas. Los requisitos del Gobierno para que se reanudaran las actividades incluían el pago al contado de la deuda con ATM y un plan en 36 cuotas para cancelar las multas.
Por otra parte, de existir el acuerdo, se habría enviado a Legislatura para su homologación. Esto, según dijo el gobernador Alfredo Cornejo, tendría que ver con asegurar la validez del acuerdo, porque al estar la empresa en convocatoria de acreedores, no es posible que la compañía elija a quién pagar las deudas. Las determinaciones sobre el patrimonio de KLP las toma la Justicia mientras continúe esta situación.
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